Una característica muy arraigada en el ser humano es la de echarle la culpa a otro de lo que sale mal y también la de atribuirse méritos -propios o ajenos- cuando algo resulta exitoso. Sin embargo, el análisis cuidadoso permite poner las cosas en su lugar, que es lo que nos proponemos conseguir en estas líneas.
En efecto, la aludida característica encuentra buen ejemplo a la hora de atribuir culpas por las malas decisiones que han sido la constante en el cuarto de siglo que el chavismo-madurismo lleva conduciendo los destinos de Venezuela.
Lo anterior viene al caso tomando en cuenta la muy comprometida situación en que se encuentra la empresa Citgo, principal activo de la República en el exterior.
La muy alta posibilidad de que tal empresa se pierda y quede en manos de sus acreedores o sea subastada no tiene ninguna relación -según Miraflores & Co.- con la administración corrupta y de saqueo a la que fue sometida, igual que todas las demás empresas de propiedad estatal durante la “robolución” y por lo tanto, cuando ello ocurra, la culpa será atribuida al gobierno interino que la administró solo después de 2019 y –peor aún- a María Corina Machado si es que llega a ser candidata o presidenta de la República.
Lo cierto –y comprobable– es que la difícil situación que enfrenta Citgo poco o nada tiene que ver con la empresa sino que se trata de que la misma está condenada a cancelar deudas incurridas por la República como consecuencia de arbitrajes cuyo resultado resultó desfavorable generando laudos y sentencias mil millonarias por provenir de expropiaciones sin pago alguno, impago de emisiones mil millonarias de bonos denominados en dólares, etc. En otras palabras, Citgo ha sido condenada a pagar deudas que nunca contrajo sino que son deudas de la República que en opinión de los jueces estadounidenses -según ya antigua y pacífica jurisprudencia- han decidido que Citgo y la República son una misma unidad patrimonial (“alter ego”) aun cuando en la organización societaria-corporativa puedan haberse presentado como entes distintos. Además -por si fuera poco-, la dupla Chávez-Maduro dio en garantía del pago de esas deudas y de una milmillonaria emisión de bonos, que son ajenas a Citgo, la totalidad de las acciones de la empresa, las cuales -como es de suponer- son ahora objeto de ejecución por parte de acreedores y bonistas que no han recibido sus pagos ni de capital ni de intereses.
El punto que queremos resaltar en estas líneas es que todas las deudas impagas, más sus intereses, no se contrajeron durante la gestión del gobierno Interino sino mucho antes. Sin embargo, la piñata explotó durante el interinato y a este se le quiere echar la culpa. Peor aún, ahora que la oposición ha ungido a una candidata unitaria revestida de toda legitimidad, se está urdiendo un esquema mediático para echarle la culpa a ella y así poner un pesado lastre a su candidatura que bajo cualquier criterio es y será la segura triunfadora de la elección presidencial que, tarde o temprano, con o sin trampa, tendrá lugar sí o sí.
Es por ello que cuando el operador del coprofágico programa Con el mazo dando u otros de similar factura con garantizada impunidad enciendan el ventilador, el venezolano deberá estar atento ante la maniobra que se intentará con el objeto de echar la culpa a Guaidó y MCM de hechos y consecuencias con los que nada han tenido que ver ni antes ni ahora.
Como dato importante para ubicar el asunto Citgo en el esquema de lo que pudiera verse obligada a pagar es necesario saber que cuando el gobierno interino (reconocido por Estados Unidos) tomó el control de la empresa, su situación patrimonial era negativa puesto que debía aproximadamente 4.800 millones de dólares, siendo que el valor de la empresa era de apenas 4.500 millones. Hoy día Citgo, gestionada por profesionales de alta eficiencia y trayectoria, ha saneado sus deudas, ha generado sustanciosas utilidades y tiene un valor calculado en algo mas de 12.000 millones de dólares, que es justamente la razón por la cual los acreedores han reactivado sus deseos de cobrar no lo que les debe Citgo, sino lo que les debe la República y que Citgo deberá cargar con ese muerto, negociarlo o ir pensando en la posibilidad de perderla. En Estados Unidos no existen tribunales que actúen bajo órdenes de caudillo alguno. Es por ello que mientras se enderezan estos incordios resulta indispensable que el Departamento del Tesoro, a través de su oficina OFAC y de acuerdo con la ley, extienda por un tiempo más la protección ejecutiva contra la ejecución que hasta ahora ha venido salvando a la empresa. Si dejan perder Citgo nadie cobrará nada o muy poco. Si le dan la oportunidad de renegociar es posible que cada acreedor pueda cobrar “agarrando aunque sea fallo”. La conveniencia de esa negociación fue anotada en el acuerdo de Barbados entre el gobierno y la Plataforma Unitaria, el cual ha sido torpedeado una y otra vez por Miraflores alegando excusas cuya veracidad ni el propio gobierno cree.
@psalgueiro1