Desde hace mucho se ha denunciado la presencia de los grupos irregulares colombianos en la extensa frontera del estado Apure. A pesar de las constantes denuncias de la población, entre ellos numerosos indígenas y campesinos a quienes les ha correspondido sobrevivir bajo el terror de la influencia de las armas de estos grupos, la respuesta del Estado venezolano ha sido débil y flexible, dejando a la población que habita este hermoso estado llanero, inspiración de Rómulo Gallegos, Ali Primera y otros tantos poetas, cantores y escritores, a su suerte bajo la inclemencia del dominio de las FARC y sus diferentes facciones y del ELN.
En los meses de marzo y abril se evidenció un sinnúmero de combates entre el Ejército venezolano y el Décimo Frente de las FARC, teniendo como consecuencia múltiples victimas de la población, en su mayoría campesinos criminalizados como colaboradores de las FARC. En estos enfrentamientos el Estado venezolano ha eludido absolutamente su responsabilidad, al punto de retirarse de las zonas en conflicto después del proceso de negociación y articulación diplomática a través de la Cruz Roja Venezolana que se llevó a cabo por los 8 militares de las FANB que permanecieron durante un mes como rehenes de las FARC.
De manera que los perjudicados son los habitantes del lugar. Muchos perdieron la vida, otros sus pertenencías; varios continúan detenidos y juzgados bajo proceso militar, aun cuando son civiles; y algunos con condiciones especiales oral y motora son expuestos a tratos crueles y degradantes, trasladados a la penitenciaría de Santa Ana, alejados de sus familiares, que incluso están imposibilitados de visitarlos por los costos que representan los viajes desde el estado Apure hasta el estado Táchira, pues en su mayoría son personas de escasos recursos económicos. La poca comunicación que mantienen es a través de abogados y defensores de los derechos humanos que han brindado asistencia de forma solidaria.
Algunos de los detenidos:
Expediente: 1u1903-21. Tribunal de primera instancia en función de juicio, del circuito judicial penal del estado Apure. Delitos imputados bajo el código orgánico de justicia militar: Rebelión. Traición a la patria. Sustracción de efectos militares.
Mónica Andrea Triana González. V-19.050.215 Dueña de finca/agricultor. Mario Pereira. V-9.263.968 Obrero agricultor/maquinista. José Arnulfo Hernández Sierra. V-19.463.017. Obrero agricultor. Ubaldo Hernández Sierra. V-26.168.838. Obrero agricultor. Jhoan Hernández Sierra. V-26.168.835. Obrero agricultor. Edgar José Hernández Caicedo. V-21.551.694. Mecánico. Romer Alberto Cantero Núñez. V-22.114.795. Vendedor de hamburguesas. Jairo Javier Mujica Canelón. V-20.350.478. Obrero agricultor. Carlos Javier Gutiérrez Berrio. V-24.938.512. Obrero agricultor. José Antonio Artiga Castillo. V-30.195.338. Obrero agricultor. Roberto José Rosendo Castañeda.. V-18.897.366. Vendedor de Cacao. Edison Yesid Quintero Castro. V-27.115.416. Obrero agricultor. Franmer Yonaiker Castillo Nieves. V-31.422.624. Obrero agricultor. Franklin José Castillo Nieves. V-25.519.564. Obrero agricultor. Jairo Arnulfo Moreno Matus. V-15.210.168. Obrero agricultor. Carlos Leandro García. V-23.706.982. Pescador, Obrero agricultor. Kendry Lisandro Lara Ereu. V-26.905.744. Obrero agricultor. Jhiovanny Antonio Siabato Buitrago. V-19.050.603. Obrero agricultor.
De igual forma, expediente: 1u1898-21. Tribunal de primera instancia en función de juicio. Circuito judicial penal del estado Apure.
Delitos imputados bajo el código orgánico de justicia militar: 1.Rebelión. 2. Sustracción de efectos militares. Rafael Enrique Gómez Peralta. V-26.588.057. Obrero.
Ninguno de estos privados de libertad posee fecha de apertura de juicio, son asistidos jurídicamente en la población de Guasdualito por el abogado Raúl Ortega Molina, y otro conjunto de juristas que se abocan a esta defensa, con grandes esfuerzos, en vista del nulo apoyo que reciben todos estos detenidos próximos a cumplir un año en la cárcel del Táchira. Ninguna autoridad, nacional o local se ha aproximado a verificar la realidad de estas detenciones, la injusticia y las condiciones en las que se desarrolla el proceso judicial, tampoco reciben respaldos ni solidaridades de ningún dirigente, o autoridad política de oposición.
Walter Márquez es quien ha mantenido sin descanso el empuje para que se haga justicia y también la ONG FundaRedes se ha abocado a esta grave situación.
Se renueva la guerra
Más allá del drama de la población civil, que es la más afectada con decenas de víctimas por estos conflictos que han ocurrido ante la mirada y permisividad de las FANB, ahora la confrontación se presenta entre el Décimo Frente de las FARC y el ELN, quienes no discriminan entre milicianos, combatientes, familiares y colaboradores civiles. Los eventos violentos se han desarrollado en varias poblaciones del territorio apureño, como La Victoria, El Nula, Capanaparo, Cinaruco, Puerto Páez, esta última la capital de la parroquia Codazzi del municipio Pedro Camejo del estado Apure, la más pobre de toda Venezuela, pero frente a la isla de Puerto Carreño, Departamento del Vichada colombiano, exactamente donde confluyen los ríos Meta y Orinoco, y también comunidades de Apure, Amazonas y Bolívar.
Por su proximidad con Colombia, este ha sido un eje utilizado para el contrabando de oro y otros minerales, de allí la necesidad de los grupos de poseer el control sobre el comercio a través del paso del río.
La determinación de las FARC de acusar al ELN, de hacerle contrainteligencia, a favor del Ejército venezolano, desde abril del año pasado, ha provocado varias muertes y reacciones del ELN en contra del Décimo Frente, que termina siendo un elemento a favor de la Segunda Marquetalia, al mando de Iván Márquez. La guerra entre estos grupos dentro del territorio venezolano es un enorme problema que expone severamente la soberanía de nuestro territorio y las debilidades de las FANB, que no intervienen para salvaguardar la integridad de nuestra población. La reciente muerte del comunicador social y dirigente político José Urbina, en Puerto Páez, en su hogar frente a su esposa e hijas, expone de forma cruda las consecuencias de la presencia y libertades de estos grupos armados en nuestro territorio.
José Urbina no era un opositor frontal contra el régimen de Nicolás Maduro, provenía del MVR y del PSUV. Actualmente era el coordinador parroquial del PCV y era un defensor de la soberanía nacional a través de su emisora comunitaria Trinchera. Su muerte es un intento de silenciar las voces que se levantan en contra de la presencia de las FARC y el ELN en nuestra frontera.
El país debe tener una posición cohesionada en rechazo a estos hechos, de lo contrario Venezuela toda será un campo de guerra de estas organizaciones.
@jufraga12