Una de las falacias más socorridas por el régimen venezolano es la de asegurar que la causa del descalabro de la economía venezolana, la razón del monumental derrumbe que ha redundado en miseria y hambre para la población, es la existencia de sanciones que algunas naciones del mundo desarrollado han aplicado al gobierno de Nicolás Maduro. Salvan su responsabilidad en la caótica situación que afronta el venezolano de a pie apuntando su dedo acusador hacia Estados Unidos y la Unión Europea. Los representantes y voceros de Miraflores repiten esa especie en cuanta declaración pública hacen para resaltar que hasta que las sanciones entraron en vigor, Venezuela era poco menos que un paraíso, boyante en lo económico y donde el progreso era la constante.

Veamos el tema un poco más de cerca. Dos tipos de sanciones han sido impuestas internacionalmente que tocan de cerca a nuestro país. Las que comenzaron en el año 2014 contra personeros del régimen de Nicolás Maduro que estaban encaminadas a penalizar a funcionarios gubernamentales activos y retirados, incluyendo a miembros del Tribunal Supremo de Justicia, de la ANC, de la Fuerza Armada y de cuerpos de seguridad y empresas privadas acusados por estar “involucrados en abusos de derechos humanos, corrupción, degradación del Estado de Derecho y represión de la democracia”. Estados Unidos dio ese primer paso a través de una reglamentación legal -Venezuela Defense of Human Rights and Civil Society Act of 2014- y pusieron en marcha una importante batería de sanciones personales que en algunos casos fueron copiados por algunos países europeos.

Estas sanciones no tienen ningún tipo de incidencia en la dinámica económica ni social nacional. Lo que sí son es molestas al extremo para aquellos a quienes las mismas han estado dirigidas. Las más recientes apuntan al entorno presidencial involucrado en el negocio del narcotráfico.

Otro grupo de medidas de bloqueo del comercio petróleo impuestas desde Washington en 2016 llevaban como propósito quitarle oxígeno al régimen de Nicolás Maduro a través de la vulneración del flujo de caja que este extraía de la actividad petrolera y otros negocios internacionales. El fin último era facilitar, a través del debilitamiento del régimen, el restablecimiento de la democracia. Para el momento en que estas ocurrieron, la actividad petrolera venezolana, fuente casi única de generación de divisas por exportaciones del país, acusaba ya un vertical e indetenible descalabro, atribuible únicamente a un manejo ineficiente de la actividad. Recordemos que ese año Maduro había decretado la emergencia económica, una suerte de estado de excepción prevista en la Constitución para hacerle frente a la crisis que sufría el país. Según cifras oficiales, Venezuela ya había registrado en 2015 la inflación más alta del mundo: 180%.

Estas formas de bloqueo impulsadas por Washington impidieron, más adelante, la emisión de nueva deuda por parte del gobierno y de la industria petrolera y buscaron penalizar a quienes internacionalmente facilitaban, tanto en la banca como en las empresas, la materialización de pagos en los que se encontraba involucrado el régimen dictatorial o las empresas controladas por él.

Ahora bien, si dentro de los esfuerzos de la comunidad internacional por darle una salida democrática al país prevalece la tesis de dialogar con el régimen venezolano, lo que puede ser la inclinación de la Unión Europea y del mismo nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habría que preguntarse cuál sería el contenido o la agenda de negociación de estos diálogos. ¿Qué estaría dispuesta a poner sobre la mesa la comunidad internacional para que Nicolás Maduro acceda a dejar el cargo? No hay duda de que el levantamiento de las sanciones es el único elemento sobre el que el madurismo accedería a conversar.

El gran “pero” es que no existe flexibilidad ninguna en este terreno. Las sanciones a los individuos por crímenes de lesa humanidad no son negociables por encontrarse las acusaciones en medio de procesos judiciales irrenunciables en instancias internacionales como la Corte Penal Internacional. Las sanciones de orden económico y comercial si pudieran levantarse, pero si lo fueran, las consecuencias no podrían ser peores, porque lo que lograrían es darle más aliento al dictador que hoy siente gozar de una gran fortaleza. La grosera parodia de elecciones parlamentarias que Nicolás Maduro y su camarilla hoy exhiben ante el mundo como un gran triunfo, no ha hecho sino afianzarlos en su tesis de continuar en el poder al menos hasta 2024, cuando inercialmente toque un llamado a elecciones generales.

Si las sanciones económicas fueran levantadas, el declive económico del país continuaría su lenta marcha hacia la quiebra total, una vez que se abra el grifo de las transacciones internacionales y las exportaciones de la exigua producción petrolera que viene quedando y que apenas sobrepasa los 300.000 barriles diarios. La oxigenación de las cuentas nacionales no será al hombre de la calle al que beneficie. Y lo que es peor, con los pocos recursos que se generen el festín será de nuevo para los buitres gubernamentales. La grosera ineficiencia ya demostrada en el manejo del negocio petrolero y la total incapacidad de generar nuevas maneras de crecimiento condenarán al país y a sus ciudadanos a un colapso que será lento pero ineluctable.

La batalla del diálogo la habrá ganado el régimen de Nicolás Maduro sin moverse un ápice de su determinación de continuar en el poder.


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