La pandemia que azota a todos los países del mundo constituye un acontecimiento dramático, cuyas consecuencias trascienden en el tiempo a los fallecimientos, enfermedades y confinamientos a los que están sometidos los ciudadanos. Pero esta malhadada situación, combinada con la cuarta revolución industrial, que alimenta el mundo digital, puede ofrecer a los Estados la posibilidad de ser más eficaces, más cercanos a los ciudadanos e iniciar una senda de recuperación de la confianza.

Oscar Oszlak, uno de los intelectuales mejor conocedores de la administraciones públicas iberoamericanas, miembro del consejo científico del CLAD, afirma que las administraciones y entre ellas la argentina, tienen al menos dos problemas: la deformidad y el cortoplacismo. Ambos problemas están entrelazados, pues la deformidad no es más que el resultado de sucesivas camadas de empleados públicos procedentes de los partidos políticos que se turnan en el poder y el cortoplacismo es la consecuencia de la búsqueda de la originalidad para que el electorado les apoye.

En esta situación, generalizada en los países iberoamericanos, esta crisis del coronavirus nos va a traer importantes alteraciones en nuestros modos de vivir y trabajar. Se incrementará la distancia física habitual entre las personas, e incluso será raro darse la mano al comienzo o final de las reuniones de trabajo.

El miedo al contagio aumentará. Por este coronavirus o por cualquier otra enfermedad, con lo que proliferarán las personas que portarán habitualmente mascarillas (o tapabocas) o incluso guantes en su deambular ciudadano y en las oficinas.

Durante algún tiempo, disminuirán los viajes y en consecuencia el turismo. Es probable la imposición de trabas sanitarias y de otra índole para aquellos que ingresan como extranjeros en otro país. Surgirán los pasaportes sanitarios que atestiguarán que el viajero está libre de determinadas enfermedades. El primero que se unirá a los existentes, como el de la fiebre amarilla, será con toda seguridad el relativo al covid-19.

Algunos países podrán sufrir una importante crisis económica motivada por la quiebra de las empresas. Esperemos que no sean los funcionarios los que deban pagar la crisis, mediante reducciones de sueldos o eliminación de efectivos, como ocurrió en algunos países tras la crisis de 2008. Ahora todos alaban a los funcionarios sanitarios, de las fuerzas de seguridad del Estado, de las universidades y centros de investigación, de los transportes públicos… No sería buena idea reducirles sus salarios o expulsarles del sector público.

Estos cambios de comportamiento modificarán las formas de relación de los ciudadanos con las administraciones públicas, que definitivamente pasarán a ser casi únicamente telemáticas, como por otra parte está ocurriendo en los países más desarrollados. Si la tecnología lo permite, no tengamos dudas de que este supuesto se va a producir. La actual crisis no ha hecho otra cosa que acelerarlo y, si cabía alguna duda, ha convencido a muchas organizaciones de las bondades del teletrabajo.

Por otra parte, la comunicación entre los ciudadanos y los gobiernos aumentará. Incluso como se predica desde la presidencia de Obama, el gobierno abierto se convertirá en una realidad inexcusable: la actual crisis también ha demostrado que la información ha de ser continua, exacta y transparente.

Si queremos la pervivencia de las instituciones democráticas y el aumento de la confianza, el prestigio de los representantes políticos deberá incrementarse.

Hay otros aspectos que son objeto de debate y que habían anunciado su aparición incluso antes de la pandemia: los instrumentos de control de la ciudadanía por parte de los poderes públicos van a desarrollarse en todos los países. Tecnológicamente el reconocimiento facial de los ciudadanos está realizándose ya en algunos países como China, pero obtiene resistencias considerables por parte de los Estados más garantistas en función de la legislación protectora de los datos y el derecho a la propia imagen.

Esta es precisamente la lucha a la que vamos a asistir en los próximos meses: ¿debe ceder el derecho a la protección de los datos personales ante el derecho a la salud de los ciudadanos?

En muchos países europeos el asunto está sobre la mesa. El ciudadano probablemente se niegue a que se le confine en unidades especiales, a causa de haber dado positivo por coronavirus. Los demás vecinos pueden exigir a los poderes públicos que les salvaguarden de los infectados.

El otro gran debate es el clásico de la lucha entre neoliberales y socialdemócratas: ¿fortalecemos lo público dotándole de instrumentos de control y funcionamiento eficaz de la sanidad o dejamos que el libre mercado ejerza sus funciones sin apenas limites? No parece que la interpretación clásica de Adam Smith en La riqueza de las naciones sea hoy la más eficaz. Quizás fuera mejor descansar la vista sobre otras  obras donde el mercado no tiene una misión tan salvadora, como las de Keynes, que las compuso precisamente para salir de la crisis de 1929, con la que algunos comparan la actual.


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