Antes de intentar predecir lo que ocurriría en el ámbito internacional si Donald Trump regresara a la Presidencia de Estados Unidos, o cómo afectaría la democracia norteamericana un triunfo del expresidente, lo inmediato es la situación legal que tiene por delante el exmandatario, acusado penalmente en cuatro tribunales, dos federales y dos estadales, además de una demanda civil pendiente de una escritora de Nueva York, que lo señala de haberla difamado después de que perdió con ella otra demanda por abuso sexual.
La Sección 3 de la Enmienda N° 14 de la Constitución de los Estados Unidos establece que “Ninguna persona (…) ocupará ningún cargo, civil o militar, bajo los Estados Unidos o bajo cualquier Estado, si habiendo prestado previamente juramento (…) como funcionario de Estados Unidos, (…) para apoyar la Constitución de Estados Unidos, haya participado en una insurrección o rebelión contra la misma, o dado ayuda o consuelo a sus enemigos”. (Las negritas son mías).
Esta es la única norma legal escrita que podría impedirle a Donald Trump volver a ser presidente, si se probara que buscó perturbar la transferencia pacífica de poder a Joe Biden y con ello incurrió en lo establecido en esa normativa. El Congreso pudiera invocarla, pero la correlación de fuerzas políticas actual en ese cuerpo no lo permite. El secretario de Justicia también pudiera buscar su aplicación, pero la circunstancia de que Trump es un competidor potencial del actual presidente en las elecciones de 2024 también hace difícil que el gobierno recurra a este recurso para descalificarlo como candidato. Ya hay un grupo de secretarios de Estado estadales que se está preparando para recurrir a la Enmienda 14 para excluir a Trump de las boletas de votación de sus respectivas jurisdicciones. Uno imagina que están esperando el curso que puedan tomar las primarias del Partido Republicano, donde Trump aventaja a sus contendores con más de la mitad de las preferencias, y también, hasta cierto punto, ver cómo se desarrollan los 4 procesos judiciales penales que el expresidente tiene en su contra.
Sobre estos últimos, el mero hecho de ser Estados Unidos un país apegado al Estado de Derecho hace complejo el desarrollo de los 4 juicios que tiene pendiente Trump y que pudieran llevarlo a la cárcel. Lo primero es la presunción de inocencia de todo acusado ante la Ley. Hay que probar ante un jurado de sus pares que el presidente violó la ley federal al tratar de impedir que se consumara pacíficamente el acto de conteo de votos de los colegios electorales en el Congreso aquel 6 de enero. Es por lo que lo acusa el Departamento de Justicia. No necesariamente que incitó a una rebelión o insurrección. Un jurado es también quien puede encontrarlo culpable por no querer devolver documentos confidenciales clasificados como importantes para la seguridad nacional del país que tenía guardados en su mansión-club en Florida. En ambos casos, los juicios pudieran muy bien prolongarse hasta las elecciones de 2004 y más allá, dependiendo de los recursos legales que se interpongan. El de los documentos de Mar-a-Lago tiene la dificultad adicional de que muchas de las pruebas acusatorias son de estricta confidencialidad y hay que resolver cómo pueden ser mostradas al jurado.
Los otros dos casos penales son el de Nueva York, donde se acusa al expresidente de haber falsificado registros comerciales para pagarle a una actriz porno para que no revelara durante la campaña electoral presidencial de 2016 un affaire que tuvo con él. Y el otro es el de Georgia, donde la fiscal de un condado del estado acusa al expresidente y a otras 18 personas de participar en una componenda mafiosa ilegal para impedir que Joe Biden fuera certificado como presidente con los votos georgianos.
El de Georgia es quizás el más fascinante de todos. Lo grave de la acusación no la exime de contar con todas las condiciones para que se convierta en un “reality show”, que comenzó con la presentación de Trump en la cárcel hace un par de semanas, para cumplir con la orden de arresto en su contra. Allí llegó después de una travesía televisada desde el aeropuerto, escoltado no sólo por el Servicio Secreto, sino también por un adelanto de motorizados de la policía del estado, con cierre de calles y autopistas para la llegada y salida del centro penitenciario.
Trump salió libre con el pago de una fianza. Allí le tomaron las huellas, como ya ocurrió en el caso de Nueva York, y por primera vez lo registraron fotográficamente, como a cualquier delincuente. Trump no desperdició la oportunidad de la foto, en la que apareció desafiante, para colectar fondos para su campaña electoral. Vendió tazas, franelas y otra mercancía con la imagen de la fotografía. Después de su presentación en Georgia obtuvo donaciones de más de 7 millones de dólares.
Los juicios federales por el 6 de enero y los documentos de Mar-a-Lago son muy graves, según las acusaciones, más aun por involucrar a un expresidente. Pero el de Georgia es donde se le acusa más directamente de tener un rol activo en el intento de cambiar los resultados electorales que le dieron a Biden la presidencia, presionando en forma directa a autoridades electorales y de gobierno, y en forma indirecta, a la legislatura regional, y con la creación de electores presidenciales falsos del estado y la irrupción en salas de máquinas del conteo de votos en un condado.
Buena parte de los acusados en Georgia forma parte del mismo grupo que presionó a asambleas legislativas y electores de otros estados, e intentó algunas demandas judiciales sin ningún éxito para revertir el triunfo de Biden. Algunos son identificables como cooperantes en la acusación federal en Washington por la arremetida violenta contra el Congreso, pero no han sido acusados formalmente por el fiscal especial. Georgia no sólo los identifica sino que los acusa como parte de una organización criminal dirigida por Trump.
Otra diferencia de Georgia es el acceso que tendrá la televisión al juicio, lo cual no ocurre en los juicios federales y de lo cual se ha abstenido el juzgado neoyorquino. Ya el tribunal georgiano aprobó que el juicio sea público. Y esto trae implicaciones legales y políticas para el candidato Trump. Legalmente, no es lo mismo lo que el candidato Trump pueda alegar por las redes sociales que en el tribunal. Políticamente, el público tendrá la oportunidad de conocer con claridad las acusaciones y pesar si son suficientemente graves como para negarle o no el respaldo.
La Constitución de Estados Unidos no impide que un condenado a prisión sea candidato presidencial. Si Trump ganara la nominación presidencial y también derrotara a Biden, pudiera, en principio, perdonarse a sí mismo, aplicando la prerrogativa presidencial que le otorga la Constitución (que, de paso, no previó si el presidente podía perdonarse a sí mismo) y perdonar a quienes han sido acusados penalmente junto con él. También podría ordenar al Departamento de Justicia desistir de los juicios federales no concluidos. Pero nada de esto aplica en los juicios penales de Nueva York y Georgia. El perdón presidencial no se extiende hasta las jurisdicciones de los estados. Está por verse qué ocurriría legalmente si gana y está preso por los juicios de los estados, o si gana y los juicios estadales no han concluido.
Una sentencia de prisión, independientemente de dónde lo condenen, crea también el problema de dónde y cómo ponerlo preso. La ley exige que los expresidentes estén protegidos de por vida por el Servicio Secreto. Tendría que haber un arreglo con las direcciones de prisiones respectivas para acomodar al expresidente junto con sus agentes protectores.
¿Puede Trump ganar la elección presidencial contra Joe Biden? Las encuestas nacionales favorecen a Biden, pero no holgadamente. Antes tendría Trump que ganar las primarias en el Partido Republicano, donde hoy tiene la preferencia de más de la mitad de los votantes de ese partido, y el segundo más favorecido, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, tiene la mitad de los puntos de Trump. Los tres precandidatos siguientes no llegan a los dos dígitos.
Cada vez que se produjo una acusación penal contra Trump, crecieron los números a favor de su candidatura así como los cofres de su campaña. La mayoría de sus contendores internos dijo en el primer debate de hace pocos días que votarían por Trump si ganara la nominación, incluso si fuera condenado a prisión. Allí opera un círculo vicioso: los otros candidatos le tienen terror a la base que apoya a Trump y no quieren contradecirla para ver si extraen algunos votos de allí. Y la base se aferra más a quien encabeza la opción política de su partido, porque sus líderes naturales no la orientan en cuanto a los hechos reales por los cuales se acusa a Trump, sino que alimentan sus mitos, como el de que Biden y los demócratas están utilizando como arma política al FBI y al Departamento de Justicia.
Biden hizo una excelente campaña electoral de mitad de período el año pasado, concentrándose en la defensa de la democracia, que agregó un senador a la mayoría demócrata en la cámara alta y evitó que la derrota en la cámara baja fuera como se había pronosticado. El actual presidente no ha opinado sobre la situación legal de quien pudiera ser su contrincante en 2024. Los juicios a Trump crean condiciones para que se refiera con más libertad a su obra de gobierno. La saga continúa.
@LaresFermin