Tomo el título de este artículo de un influyente libro de Lenin, en el que el autor plantea con meridiana claridad la relevancia del sentido de oportunidad y la necesaria inteligencia estratégica para responder  con tino a los momentos decisivos de la política. Lo traigo a colación en un momento  particularmente decisivo de Venezuela,  pues una vez más en estos cuatro lustros el sentido de asumir correctamente las decisiones tortura a la oposición democrática, dado el desatino y la torpeza que han caracterizado muchas de sus acciones durante la ya larga vida de la quinta república. El momento no es fácil, dado  un país que se cae a pedazos consecuencia de la incapacidad del régimen, una dictadura insensible a las necesidades más elementales de la gente, además de cruel y despiadada en el trato a sus adversarios, sino también atenazada por una grave crisis de legitimidad cuya resolución no se avizora nada fácil.

Por una parte tenemos a un régimen duro y testarudo, guiado con saña por la violencia y el ánimo represor de sus aparatos de violencia, que enceguecido por el poder insiste en la realización de unas elecciones parlamentarias sin las mínimas garantías que reclama una sociedad democrática. Digo enceguecido, pues es incapaz de ver que con esa conducta no adquirirá ni una gota de legitimidad, y caerá más hondo en el barranco de la usurpación, cuando una acción contraria, como lo hubiese sido la apertura al juego limpio y la asunción de las elementales garantías de respeto a la voluntad de los electores, tendría, no tengo dudas, beneficios tangibles para su anhelada como perdida estabilidad.

La oposición democrática, por la otra, muestra un rostro tan lamentable como doloroso de fragmentación. Dividida en al menos cuatro toletes (Guaidó y el G4, María Corina Machado y Vente, Henri Falcón junto con su partido y aliados, a los que ahora se suma con luz propia Henrique Capriles Radonski), ha sido incapaz de mostrar un frente común de lucha frente a la dictadura. Por si fueran pocas las penurias de la oposición, la actual legislatura, que en su momento suscitó tantas esperanzas, adelanta un lento pero inexorable camino hacia su fin. Los más exquisitos argumentos elaborados por reconocidos juristas no serán suficientes para impedir su extinción el próximo 4 de enero, cuando finaliza su período constitucional. Se podrá afirmar que estamos en un combate entre el derecho y el poder, pero el tema está en que en nuestra latitud el derecho no ha acumulado el poder necesario para aplastar el poder del desafuero y la arbitrariedad.

La Asamblea Nacional, en un gesto tan desesperado como fútil, ha puesto todos los huevos en la cesta de una consulta popular, que no he dudado en calificar de innecesaria, pues existe un mandato popular incumplido, que nos remite a la consulta popular del 16 de julio de 2017, amén de inoportuna y riesgosa, dada la incertidumbre que conlleva la pandemia que nos agobia, la falta de entusiasmo del ciudadano común, y la posibilidad de que termine siendo una consulta virtual, con todos los problemas de credibilidad que ello inevitablemente generará, para descrédito de sus proponentes.

La situación del país es muy difícil, tormentosa diría yo, que tornan complejo el diseño de una hoja de ruta certera que nos conduzca a la democracia y la libertad. Nos estamos quedando huérfanos de legitimidad, y ello es sumamente peligroso, pues abre posibilidades a los atajos insensatos  y dificulta los caminos racionales y razonables que requiere la actual hora nacional. He sugerido una vía, que aquí reitero con mi mejor voluntad: la Asamblea Nacional debe abandonar la peregrina idea de la consulta popular (tiene un fuerte argumento a su favor en los efectos deletéreos de la pandemia en la población), y a través de un decreto legislativo, antes del 5 de enero designar un Gobierno de Emergencia Nacional representativo del país nacional, que a partir de entonces inicie la fatigosa pero estimulante tarea de, amparado en el artículo 333 de la Constitución, llevarnos a unas elecciones libres que nos restituyan el Estado de Derecho y el gobierno constitucional.

 


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