Para muchos venezolanos el año 2022 ha sido un conteo regresivo hasta el anuncio del nuevo salario mínimo, una noticia esperada con verdadera urgencia para buena parte de las familias en el país.
Aunque el monto anunciado por el régimen implicó un incremento del 1.705% con relación al salario anterior, confrontado con el tipo de cambio (el más poderoso indicador de la economía en la actualidad) el sueldo mínimo se ubicó en unos 28 dólares mensuales, muy por debajo de los 354 en los que se cotiza la canasta alimentaria de una familia, según el Observatorio Venezolano de Finanzas. Por todo ello, el 16 de marzo, en la Gaceta Oficial se hizo la publicación formalmente de que la mayoría de los ciudadanos seguirán hundidos en la pobreza.
Además, se trata de un aumento engañoso, porque incluye diferentes bonos que el gobierno venía otorgando, de manera que el incremento real de ingresos es prácticamente nulo.
Venezuela sigue siendo un país donde el grueso de la población está abocada a la supervivencia o se ven en la necesidad de migrar, tal y como queda demostrado con los 6.000.000 de compatriotas que han cruzado la frontera; una cifra divulgada por la ACNUR que no agrada el régimen, que se apuró de calificar de “estúpidos” a quienes la repiten, amargando las imposturas propagandísticas con la que nos pretende hacer creer que el país está encaminado por la senda de la prosperidad económica.
La libre circulación de divisas, el fin del desabastecimiento, la dolarización de los precios, la eclosión de bodegones y locales nocturnos no son señales de una mejoría del país, son apenas la consecuencia de unas mínimas medidas económicas que el régimen se vio forzado a aceptar frente a una realidad, el mercado, que no puede ser regido por los planificadores del poder.
El régimen ha actuado por inercia y ha abandonado su responsabilidad en la gestión y recuperación de las fallas estructurales de una economía lastrada por el quiebre revolucionario de la industria petrolera, mucho antes de que las sanciones estadounidenses entraran en vigor. Este abandono es evidente con la ausencia o baja calidad de los servicios públicos más elementales que, en casos como la educación y los servicios, reproducen los ciclos de desigualdad y pobreza para las grandes mayorías.
El Estado en manos de la revolución se ha desentendido de sus obligaciones, ha insultado la inteligencia de los ciudadanos al decir que la economía marcha bien, ha denostado a los millones de migrantes y apenas ha atendido a un pequeño sector de la población, con políticas sociales anémicas, mal coordinadas, con vocación proselitista y cruzadas de prácticas corruptas. En este contexto, el anuncio del incremento salarial es otro renglón en la lista de inacciones económicas que pretende hacernos creer que algo ha cambiado en el país, para que todo siga exactamente igual.
Es por eso que hoy más que nunca, nosotros seguimos trabajando en las comunidades, apoyando el tejido social que permita atender a las principales víctimas de una crisis originada desde el poder, fortaleciendo el emprendimiento y la solidaridad como motores de la vida social, luchando por el regreso de la democracia en nuestro país, único y verdadero motor de cambio que puede garantizar la verdadera recuperación económica en Venezuela.
Este es nuestro compromiso.
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