Una trama de sobornos bien aceitada, detectada por las autoridades comunitarias europeas, ha puesto de relieve la fragilidad de la Unión Europea en asuntos de seguridad. La comprobación de los hechos delictivos en este Qatargate ha dado al traste con la carrera pública de la exvicepresidenta del Parlamento Europeo Eva Kaili, pero ella no será la única. La alta funcionaria griega cesó en sus funciones al habérsele comprobado su participación en el entramado de corruptelas supuestamente orquestado por el gobierno de Qatar para ganar peso político y económico en el viejo continente. Fueron los servicios secretos de Bélgica los que desde hace un año ya estaban sobre la pista de lo que se ha convertido en un colosal escándalo de corrupción dentro de los predios de la Unión.
El caso, en sus inicios, hizo las delicias de los medios sensacionalistas españoles, fácilmente inclinados al cotilleo superficial. Pero con el paso de los días el asunto se ha vuelto aún más jugoso periodísticamente y más grave desde el punto de vista de inteligencia y seguridad, al incluirse dentro de la trama a otros países aparte de Qatar, el primero en ser implicado. El semanario alemán Der Spiegel también ha seguido la pista de investigaciones de inteligencia y ha puesto el dedo en la llaga al asegurar que también Marruecos ha conseguido prebendas políticas de Bruselas a cambio de regalos a algunos funcionarios comunitarios. El ministro belga de Justicia, Vincent Van Quickenborne, a cargo de los servicios de información y seguridad interior del país por el que transitan miles de personalidades con nexos con las autoridades comunitarias, confirmó el involucramiento de varios países extranjeros en este y otros desaguisados de corrupción que están siendo monitoreados desde Bruselas desde hace muchos meses. De alguna manera Rusia ha comenzado a ser mencionada en torno a este modus operandi y altos personeros de las instituciones en Bruselas y Estrasburgo han calificado a los hechos de “ingenuidad” de parte de quienes rigen los destinos de los 27.
Con el paso de los días las muchas madejas que van apareciendo aún no han sido desenredadas ni siquiera en sus factores primarios. Lo que sí es evidente es la manera en que funcionarios europeos se han convertido en un vehículo útil para extender la influencia de terceros países en asuntos de su interés dentro de la dinámica parlamentaria y ejecutiva de la Unión. No en balde las instituciones comunitarias reconocen la existencia de 11.000 lobistas ante sus oficinas, al margen del trabajo profesional que desarrollan las representaciones diplomáticas del mundo entero. Liberalización de visas, acuerdos de aviación, autorizaciones a aerolíneas, son apenas algunos de los primeros casos concretos que están siendo examinados con enorme detalle. Muchos intermediarios de empresas, gobiernos, corporaciones, ONG dentro de la miríada de compromisos que a lo largo de los años han contraído los países de la Unión en su conjunto están poniendo, en este momento, sus barbas en remojo porque son un número infinito las negociaciones poco limpias que pueden haber precedido decisiones europeas.
A todas estas, se está haciendo en cada capital un esfuerzo inmenso porque quede claro ante la colectividad que los culpables son los corruptos y no las instituciones.