A las pocas horas de que el Partido Socialista a la cabeza del gobierno en España sufriera importantes derrotas en las elecciones regionales y municipales el pasado 28 de mayo, el primer ministro Pedro Sánchez anunció el adelanto de las elecciones generales previstas para fin de año al 23 de julio. ¿Cómo repercute esta circunstancia en la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea que asume España el primero de julio, en un contexto complejo?
Un país que ostenta la presidencia del Consejo de la UE tiene seis meses para presidir reuniones, coordinar la formulación de políticas y asegurar continuidad; eso es, para promover la agenda compartida. Pero la rotación de la presidencia se fija con seis años de antelación. Y entre nominación y toma de responsabilidades, el mundo sigue y las cosas cambian. La presidencia ha sido ocupada por gobiernos “pato cojo”, y algunos (por ejemplo, el presidente francés Emmanuel Macron) han insertado en ella una campaña electoral. Sin embargo, que un país convoque elecciones anticipadas un mes antes de asumir el mando del Consejo tiene un componente de imprevisión e improvisación excepcionales.
Después del turno de España, se vislumbran ya dificultades. A Hungría le corresponde la presidencia en la segunda mitad de 2024, pero el Parlamento Europeo se ha lanzado a denunciar que este Estado miembro no reúne las condiciones para «cumplir esta tarea de manera creíble», en vista de su «incumplimiento del Derecho de la Unión y [sus] valores». Es la última manifestación de una brecha cada vez más profunda entre las democracias liberales e iliberales de la UE, en particular Hungría y Polonia (que tomará el relevo de la presidencia en 2025). De esta última, el Tribunal de Justicia de la UE acaba de pronunciar una sentencia contraria a Varsovia, por haber violado el derecho comunitario con sus reformas judiciales de 2019, manteniendo la decisión de la Comisión Europea de sancionarla.
Pero por ahora, el principal riesgo para la agenda del Consejo deriva de las disputas políticas en España, que además surgen en un momento en que la UE se ve sacudida por diversas crisis (incluida una guerra desatada en el vecindario inmediato). Si bien el invierno pasado se logró mantener el abastecimiento de electricidad y calefacción, la cuestión de la seguridad energética sigue sin resolverse tras el abrupto corte del suministro de hidrocarburos rusos.
Mientras tanto, el mercado único (motor de la UE) muestra signos de tensión conforme se intensifican los desequilibrios internos. La reciente flexibilización de la norma sobre ayudas estatales a empresas (respuesta a los subsidios de la Ley de Reducción de la Inflación aprobada en Estados Unidos) distorsiona todavía más el panorama. En este contexto, una presidencia del Consejo distraída o improvisada es lo último que necesita Europa.
Lo que está en juego se magnifica porque la presidencia española abarca los últimos seis meses antes de que el Parlamento Europeo entre en modo electoral; un período crucial para atar cabos sueltos y lograr avances en asuntos vitales. En un momento de profunda incertidumbre política, será prácticamente imposible aprovechar al máximo esta presidencia de «fin de mandato». Esta valoración se refuerza por el hecho de que, hasta ahora, Sánchez apenas ha hablado sobre las prioridades de su gobierno para la presidencia del Consejo (un notable desvío de la tradición).
Por el momento, se sabe que España pretendía centrarse en temas menos controvertidos como la Inteligencia Artificial, en fortalecer la ciberseguridad europea y en la transformación digital. Sin embargo, además de estos asuntos, debería darle alta prioridad a promover la transición hacia la energía limpia, mejorar la base industrial de la UE y crear un «núcleo de poder» a nivel comunitario que sea capaz de promover los intereses europeos a largo plazo y fomentar su condición de actor estratégico.
La UE funciona, desde hace mucho, como un órgano intergubernamental en lugar de federal, ya que los gobiernos de los Estados miembro (y en particular, los pesos pesados) dominan la toma de decisiones. Por ello no ha logrado establecer una posición unificada en una variedad de áreas clave, como política exterior, seguridad y defensa.
Mucho se ha hablado de fomentar las capacidades conjuntas europeas de defensa y alcanzar la «autonomía estratégica». Y muchos han propugnado abandonar la unanimidad en materia de política exterior para mejorar la flexibilidad y capacidad decisoria de la UE. Pero dejando a un lado el Instrumento Europeo para la Paz y algunas iniciativas de compra conjunta, las acciones concretas han sido escasas.
Si la UE pretende contribuir a determinar el rumbo de la gobernanza global, debe hacerse un hueco en un orden mundial cambiante. Para eso se necesitará mucha más acción concertada, lo cual incluye profundizar la colaboración con el Sur Global -especialmente América Latina, región que la UE ha relegado durante demasiado tiempo a los márgenes de su acción internacional-. Junto con África, América Latina es una «región pivotante» que puede inclinar la balanza global hacia el orden basado en reglas que desea la UE o hacia algo completamente diferente.
Los líderes europeos son conscientes de ello. En un informe confidencial enviado a los ministerios de Asuntos Exteriores el año pasado, el jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell, pidió dar un «salto cualitativo en las relaciones» con América Latina y el Caribe en un plazo de dieciocho meses.
Pero para lograr ese objetivo, se necesita un liderazgo firme, porque la región presenta evidentes desafíos políticos. Una nueva «ola rosa» parece barrer América Latina (cuenta hoy con gobiernos de izquierda en doce países), y cunde la insatisfacción política: una receta para la agitación. A la vez, China ha ampliado su influencia en la región, convirtiéndose en su segundo socio comercial.
Hay políticas concretas que la UE puede aplicar ahora para contrarrestar la influencia de China y mejorar su posición estratégica en América Latina -y el resto del mundo-. Así, la UE debería trabajar para concretar acuerdos de libre comercio que han sido postergados durante mucho tiempo. Cuando los obstáculos para su implementación plena sean insuperables, existe la posibilidad de dividirlos en partes para poder ratificar antes las cláusulas menos discutidas. El Acuerdo Provisional sobre Libre Comercio entre la UE y Chile aprobado el año pasado demuestra que es posible.
Europa también debe aprovechar al máximo su inminente cumbre con la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, una oportunidad para fortalecer relaciones. España, que desempeñó un papel fundamental en los primeros intentos europeos de elaborar una política para América Latina, debe mostrar el camino.
Una postura más cohesiva en los foros internacionales, junto con alianzas estratégicas reforzadas, aumentará la influencia de Europa en esta era de reequilibrio global. España puede contribuir de manera tangible a estos objetivos cuando asuma la presidencia del Consejo de la UE el próximo mes. Pero sólo si evitamos que la política doméstica interfiera.
Ana Palacio fue ministra de Asuntos Exteriores de España y vicepresidenta senior y consejera jurídica general del Grupo Banco Mundial; actualmente es profesora visitante en la Universidad de Georgetown.
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