Los venezolanos están cansados por el mal gobierno. Molestos hasta el hartazgo salen continuamente a protestar en ciudades y pueblos del país. Es la forma que han encontrado para expresar, con apego a la Carta Magna, su rechazo a la dictadura rojita. Hasta los más pequeños caseríos no han dejado de exteriorizar su molestia por la dramática situación que se vive. Las redes sociales están invadidas por escenas en las que hombres y mujeres de todas las edades manifiestan su hondo pesar por el drama que todos experimentamos.

La escasez de gasolina y su impacto en los medios de transporte, el drama hospitalario, los bajos ingresos salariales, la falta de gas doméstico, la tragedia alimentaria y los altos precios de las medicinas, entre otros males, es lo que motiva tan amplio descontento.

Para avivar el desespero, al gobierno revolucionario no se le ha ocurrido nada mejor que lanzar sus perros de caza contra la población indefensa. Se agrede y se encarcela sin piedad a menores, hombres y mujeres de la tercera edad y líderes espontáneos de las protestas, sin el más mínimo respeto a sus derechos humanos.

A un lado queda la disposición constitucional que contempla que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, motivo por el cual ella no puede ser sometida a torturas o tratos degradantes (artículo 46 de la Constitución). Igualmente se obvia aquella otra norma que dice que “toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas y opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión (…) sin que pueda establecerse censura” (artículo 57, ejusdem). Y, por si no fuera suficiente, se sortea el artículo de nuestra Carta Magna que contempla que “los ciudadanos tienen derecho a manifestar pacíficamente y sin armas” (artículo 68).

Pero eso no es todo. Meses atrás el régimen no dudó en exhibir su condición malandrina con una acción “revolucionaria”: dar instrucciones al Tribunal Supremo de Justicia para que se arrogara la potestad de designar a los rectores del Consejo Nacional Electoral, una competencia que la Constitución Nacional asigna a la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó.

Tristemente y por su lado, el sector opositor democrático sigue manteniendo un fuerte y peligroso pugilato entre sí, en momentos en que la unidad es una exigencia mayor. Esa conducta afecta negativamente la fortaleza requerida para enfrentar con mayor eficiencia a la dictadura. El drama es tal que, el pasado jueves 15 de octubre, la Conferencia Episcopal Venezolana se vio obligada a hacer un pronunciamiento demoledor, titulado así: “Sobre la dramática situación social, económica, moral y política que vive nuestro país”. Allí, entre otras consideraciones, dice:

“El Ejecutivo Nacional ha demostrado su incapacidad para dar respuesta a los grandes problemas nacionales y sus actuaciones tienden a agravarlos. A todas luces, aparece que su único objetivo es permanecer a toda costa en el poder, sin importar cuanto sufrimiento traiga eso al pueblo venezolano. Por su parte, los sectores de oposición se muestran divididos y sin presentar una alternativa verdadera de cambio. Tanto el oficialismo como la oposición no presentan un proyecto de país que logre reunir y convencer la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano de vivir en justicia, libertad y paz. Venezuela reclama a gritos un cambio de actitud en toda la dirigencia política”.

Como si todo lo anterior no fuese de por sí grave, el conductor de Miraflores hace un manejo alocado y poco transparente del drama que se vive por la COVID-19, sin importarle el impacto sobre la población. Entonces, en lugar de extender la vigencia de las cédulas de identidad ya vencidas hasta finales del 2021, momento en el cual se estima que se estará produciendo a gran escala la vacuna contra la enfermedad del coronavirus, Nicolás decide abrir las puertas del SAIME para que la población se abalance a las oficinas correspondientes, de forma incontrolada, a tramitar una nueva cédula de identidad que le permita ejercer su derecho al voto en la ilegal elección del próximo diciembre. Es obvio que quienes no sufragarán, pero tengan la cédula vencida, también aprovecharán la ocasión para tramitar su nuevo documento de identidad. Mayor desfachatez es impensable.

Así, entre protestas y elección improcedente se irá la vida de muchos compatriotas. Requiescat in pace.

@EddyReyesT


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