El régimen chavista tiene un posdoctorado en eso de designar “protectores” o mandatarios regionales paralelos en entidades donde ha sido electoralmente derrotado. El pretexto es conocido. No abandonar al pueblo y garantizar la gobernanza en esas regiones. Se trata en realidad de otra muestra del abuso de poder que siempre lo ha caracterizado. Ahora pretende poner en práctica la figura del protectorado en la Universidad de Oriente. Una decisión acordada en una reunión del actual gobernador del estado Sucre con el ministro César Trompiz, para ejecutar un “plan de recuperación” en ese centro de estudios.
Es el colmo de la desfachatez. Sostener que se quiere salvar o recuperar a una institución después de haber propiciado o avalado un plan de destrucción de la misma. Con un total de 74 actos criminales contra ella en el año 2020, incluido el incendio de su biblioteca provocado intencionalmente, según consta en el registro del Observatorio de Derechos Humanos de la ULA. Dichos ataques fueron posteriores a la larga toma de la sede del rectorado de esa universidad en el año 2019, cuando durante tres meses, aproximadamente, se intentó destituir por la fuerza a la rectora Milena Bravo.
Llama la atención que esos hechos irregulares se hicieron del conocimiento público en su oportunidad, con solicitudes de averiguación y apoyo ante organismos de seguridad y la Fiscalía por parte de las respectivas autoridades universitarias, las cuales no fueron atendidas debidamente. En las denuncias efectuadas salió a relucir el tinte político de tales actos delictivos, tal como lo comentó la rectora Bravo en una ocasión.
Ni el gobernador Edwin Rojas ni el citado ministro tienen la competencia para designarle un protector a la UDO. Esa figura no existe en la legislación nacional. En todo caso, si la rectora Milena Bravo hubiese abandonado su cargo, como malintencionadamente fue planteado en la reunión de dichos funcionarios, ese es un asunto que el Consejo Universitario de la UDO deberá tratar y plantear ante el CNU, a fin de resolver sobre la vacante en función de lo estipulado en la legislación universitaria.
Aceptar el nombramiento de un protector es aceptar la intervención de esa institución universitaria y convalidar la violación del principio de autonomía que la ampara constitucionalmente. Un grave precedente que tendría a la mano el régimen delincuente de Maduro para tratar de hacer lo mismo con las demás universidades públicas que ha destruido.
¿Reaccionaremos los universitarios? En la respuesta no es fácil dejar a un lado la duda, pues por ahora, como ha dicho el profesor Léster Rodríguez, exrector de la ULA: “Lo sorprendente de esta medida es la poca reacción de los universitarios. Pareciera que el régimen con su política universitaria ha sido muy efectivo en matar lo que no se podía asesinar, que es el espíritu universitario”.
Son momentos cruciales en los cuales es indispensable revitalizar nuestro compromiso y espíritu de lucha en defensa de la universidad venezolana.
@eleazarnarvaez