Observamos cómo voceros públicos insisten en promover las actividades económicas en el país, destacando las altas potencialidades que poseemos, así como las medidas adoptadas para facilitar el crecimiento de los distintos sectores productivos, manifestando su complacencia por los resultados obtenidos en el primer semestre de 2022.
Pero para el empresario que se ha sostenido y mantiene sus empresas operativas, muchas de ellas con pérdidas acumuladas, la realidad es que las decisiones públicas asumidas son netamente de carácter tributario y aumento elevado de los servicios públicos. Poniendo a un importante número de empresas en dificultades financieras que, según voceros de los gremios empresariales, las conduce a su desaparición.
Hemos podido observar cómo, en el transcurso de 2022, los impuestos nacionales y municipales han tenido incrementos considerables. Tanto que, al compararlos con cualquiera de los países de la región, los nuestros son los de mayor aumento en lo que va de año. Esto unido al costo creciente de los servicios públicos (electricidad, agua, aseo urbano) ha creado una situación compleja para buena parte de las empresas privadas nacionales. Normalmente estos incrementos impositivos y de servicios públicos forman parte del costo de los productos que se ofrecen y que el consumidor termina pagando, lo cual es difícil realizar por las empresas ya que el poder adquisitivo existente para la mayoría de las familias limita la capacidad de consumo.
Los anuncios de medidas para apuntalar el crecimiento económico no tienen impacto en la generación de empleos, lo cual pueden hacer las empresas si se reducen los costos impositivos y de servicios públicos a niveles que no limiten su capacidad de crecimiento y no causen mayores precios de los productos de consumo.