La reciente decisión del régimen de Nicolás Maduro, donde mediante la Providencia Administrativa 001-2021, creo el “Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo” del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, que se publicó en la Gaceta Oficial Número 42.098, de 30 de marzo de 2021. Dispone que todas las personas naturales o jurídicas de carácter no financiero deben inscribirse en un registro antes del 1 de mayo de 2021, y subraya la participación de las organizaciones no gubernamentales (ONG), cuyo trabajo debe ser vigilado y supervisado.
Esta persecución a las ONG no es algo nuevo del régimen, desde hace varios años se mantiene la amenaza de creación de una “Ley de Cooperación Internacional”, con el fin de controlar los fondos que recibimos las organizaciones, para hacer nuestro trabajo.
Las organizaciones no gubernamentales, somos del desagrado absoluto de la dictadura, porque en nuestros diversos pronunciamientos, informes o declaraciones, mostramos al mundo la realidad que se vive en Venezuela, sin filtros, mi maquillaje alguno. Es claro que esto al régimen le desagrada y ahora con esta Providencia Administrativa pretende controlar y vigilar de cerca, lo que hacemos, pudiendo en determinados casos el ser calificado de terroristas.
Entre los detalles que establece esta nueva normativa persecutoria es que entreguemos en detalle los beneficiarios de nuestro trabajo, convirtiéndonos en una especie de los ya existentes “patriotas cooperantes”, que son sapos o informantes aliados a la dictadura, que se encargan de vigilar y contar lo que determinadas personas no deseadas, hacen en su vida cotidiana.
Con este control que se nos pretende aplicar se busca vigilar nuestro trabajo, que generalmente se basa en ser solidarios con la gente que nos necesita, ayudar a los demás y más en estos momentos de emergencia humanitaria compleja que vivimos los venezolanos.
En días pasados, más de 700 organizaciones de la sociedad civil venezolana suscribimos un documento en donde entre varias cosas establecemos que “la providencia coloca en grave amenaza a todas las personas que se encuentran bajo el deber de amparo provisto por las organizaciones de la sociedad civil y el cual sería vulnerado con la aplicación de esta medida. Se obliga a revelar información personal que puede poner en peligro sus vidas, integridad, seguridad, libertad y subsistencia en el actual contexto venezolano, violando sus derechos a la protección, la asistencia, la confidencialidad y la privacidad. Las organizaciones estamos comprometidas a resguardar tales derechos en cualquier circunstancia, incluyendo evitar riesgos de delación, estigmatización y abusos de discriminación o privación de acceso a bienes y servicios esenciales como ha venido ocurriendo durante los últimos años”.
En el caso de Una Ventana a la Libertad, organización de la cual soy su fundador y actual coordinador general, desde hace ya 23 años, trabajamos en la defensa y promoción de los hombres y mujeres privadas de libertad, les damos asesoría jurídica, denunciamos las constantes violaciones de los derechos humanos que son sometidas este grupo vulnerable y marginado de la sociedad, apoyamos a sus familiares y últimamente junto con la organización Proyecto Once Trece, damos atención médica a algún grupo de reclusos de Caracas, Miranda, Vargas, Nueva Esparta y Zulia.
¿Puede este trabajo de ayuda al prójimo y solidaridad con los más necesitados, considerarse actos de terrorismo? Tal parece que el régimen dictatorial de Venezuela, además de las muchas cosas que nos ha prohibido, ahora también nos prohíben la solidaridad.
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