Esta semana se ha producido una noticia inimaginable desde 1976, como lo es el anuncio de una posible privatización de Pdvsa, según han señalado diversos medios de comunicación especializados en materia económica, especialmente la agencia Bloomberg, que inició de manera formal la divulgación de esta información que tiene consecuencias irreversibles desde el punto de vista económico, político y cultural.

En primer lugar, es un reconocimiento al deterioro irreversible de las capacidades operativas y financieras de la industria petrolera en Venezuela y un reconocimiento de la situación de incapacidad financiera del Estado para su rescate.

La deuda aproximada es de casi 140.000 millones de dólares estadounidenses, casi el doble del producto interno bruto del país, que según algunos estaría cayendo este año 2020 a 70.000 millones de dólares estadounidenses, lo que sumado a la virtual ruina de taladros y refinerías por graves carencias de mantenimiento, no hacen exagerado decir que el tiempo está en contra de esta modalidad de intercambio, en el sentido de que cada vez vale menos la empresa por la depreciación de sus activos y la trágica situación de los pagos a proveedores y contratistas.

En segundo lugar, es una ruptura definitiva con todas las manifestaciones políticas de patriotismo económico producto de la nacionalización del petróleo que vienen acompañando el discurso político en Venezuela desde los años cuarenta del siglo pasado, pues se rompe con todos los esquemas, especialmente con los antecedentes históricos de 1976 y 2007, que serían las fechas de las nacionalizaciones petroleras, según el discurso histórico que tenga el ciudadano, sea afecto a la oposición o el oficialismo.

El hecho concreto de entregar las refinerías, campos petroleros, estaciones de servicios y ventas de gas doméstico, gasolina y demás productos refinados a empresas multinacionales, es simplemente un giro tan “revolucionario” en la historia política nacional que nadie hubiese podido imaginar que tal información pudiera surgir en un gobierno que se define “antiimperialista y anticapitalista”, creador y defensor de un nuevo orden económico y social, en el que solo el Estado como único defensor de los pueblos oprimidos, puede participar a través de los gobiernos extranjeros que son aliados a la administración de Nicolás Maduro.

En tercer lugar, crea una situación internacional muy especial, dado que genera un conflicto mucho mayor al existente en el mar Báltico con Alemania, Turquía y Bulgaria, en el sur de Europa, con los oleoductos rusos al introducir dentro de este esquema geopolítico a dos empresas europeas con enorme peso nacional dentro de sus países y que llevarían a conflicto grave las relaciones de estas empresas y sus gobiernos con el de Trump, en un sentido mucho más profundo y problemático que los conflictos con empresas chinas o rusas del sector. En este sentido, debemos destacar la siguiente información básica, acompañada de su inseparable observación política:

  • Repsol es una multinacional energética y petroquímica española, con sede social en Madrid y Barcelona, que fue fundada en octubre de 1987.5​ En su origen estuvo conformada por la agrupación de una serie de compañías, previamente pertenecientes al Instituto Nacional de Hidrocarburos, con actividades en la exploración, producción, transporte y refinación de petróleo y gas. Además, produce, distribuye y comercializa derivados del petróleo, productos petroquímicos y gas licuado y vende gas natural. Observación política: No es exagerado decir que estamos hablando de una empresa de gran impacto en la economía y la política española, por lo cual un conflicto con el gobierno estadounidense por intereses energéticos, traería graves consecuencias políticas y económicas a Europa entera incluso en la esfera de la cooperación militar.
  • ENI (Ente Nazionale Idrocarburi, Corporación Nacional de Hidrocarburos): es una empresa energética italiana. Fue creada por el gobierno de Italia en 1953 como empresa pública, propiedad del Estado italiano y fue luego convertida en sociedad anónima en 1992. Posteriormente, el Estado italiano ha ido vendiendo parte importante del capital accionario en cinco fases -entre los años 1995 y 2001-, pero conservando una participación superior a 30% y manteniendo asimismo el control efectivo de la empresa, reservándose el derecho de nombrar al presidente y al administrador delegado. Actualmente, cotiza sus acciones en la Bolsa de Italia y en la Bolsa de Nueva York. Las actividades de ENI se ubican en el sector petrolero y de gas natural, petroquímica, producción de energía eléctrica e ingeniería de construcción. Hoy, ENI está presente alrededor de 90 países con casi 78.000 empleados y es la mayor empresa italiana. Observación política: además de tener un gobierno de izquierda, debemos recordar que la petrolera ENI fue durante muchos años el mayor desafío a las empresas petroleras estadounidenses y británicas por su política de grandes concesiones e intercambio tecnológico y comercial con los países productores de petróleo, bajo la mano de su fundador y para muchos una especie de “héroe nacional económico”, como fue su primer presidente Enrico Mattei, muerto en 1962 de forma dramática, siendo su caso materia de muchas especulaciones políticas que achacaban a la CIA, la OAS y otros grupos de delincuencia organizada su asesinato por encargo. En tal situación, la inserción de esta empresa en Venezuela pudiese ser vista como todo un desafío por el gobierno de Trump por sus antecedentes comerciales y políticos.

Como se puede observar, con estas incorporaciones de empresas italianas y españolas junto con empresas chinas y rusas, es inevitable pensar que se aproxima un choque de orden geopolítico de otro nivel, que siempre en el campo petrolero terminan siendo de enorme impacto social e incluso violencia bélica. Es difícil imaginar cómo puede ser la reacción del gobierno de Trump a este desafío energético y político en un hemisferio occidental que consideran dentro de su área de influencia política y económica, lo cual termina de enredar este conflicto político dentro de la gran mesa de relaciones internacionales muy globalizadas.

Finalmente y no menos importante, dado el peso de esta decisión política, está el hecho concreto de que privatizar la más importante financieramente y estratégicamente desde el punto de vista discursivo de las empresas del Estado, como sería Pdvsa, hace prácticamente inevitable la posterior privatización de las 800 a 1.000 empresas públicas existentes a nivel nacional en manos del gobierno, desatando una ola privatizadora que solo sería comparable al caso argentino de Carlos Menem o el caso ruso de Boris Yeltsin, en los que se desataron todo tipo de situaciones administrativas y financieras.

Estaríamos hablando de la venta de las más de 5 millones de hectáreas agrícolas, aeropuertos y puertos nacionales e internacionales, galpones industriales y empresas operativas aunque estén quebradas, empezando por las empresas de la Corporación Venezolana de Guayana, concesión de autopistas, carreteras y terminales terrestres al sector privado e incluso la privatización del sector bancario, seguro y las telecomunicaciones.

Está demás decir que esta “hecatombe” de empresas estadales implica el paso de millones de empleados del sector público al sector privado. Solamente se salvarían los sectores de educación, salud y seguridad ciudadana, a menos que se presente la voluntad política de reestructuración de estos sectores con la fusión de universidades, cuerpos policiales y entidades de salud.

Lo cierto es que el papel directo del Estado en la creación y asignación de empleos y la conducción de la economía se vería drásticamente disminuido con estas reformas que amenazan con empezar de concretarse la privatización del Pdvsa.