En una semana que parece trascendente para la historia política del país han ocurrido dos hechos políticos que se contraponen entre sí debido a la naturaleza de las estrategias que ambas implican.

Hace una semana un grupo de partidos, liderados por Timoteo Zambrano y Claudio Fermín, participó en la constitución de una mesa de diálogo nacional con la creencia de que es la única forma de alcanzar una solución a la crisis política en Venezuela con resultados a favor de ambos bandos, haciendo énfasis en la supervivencia de las partes en conflicto.

Por otro lado, el sector opositor, liderado por Juan Guaidó, el G-4 y el Grupo de Lima y Estados Unidos, ha metido el acelerador a la estrategia de “presión total” con la aprobación de una resolución del TIAR que lleva las sanciones a un nuevo nivel, en la búsqueda de la quiebra total del gobierno de Nicolás Maduro y lograr el cese de la usurpación como primer e innegociable objetivo de la estrategia establecida desde el 23 de enero de 2019.

Con las debidas limitaciones de espacio, veamos en cuestión ambas estrategias:

Primera resolución del TIAR

1. Establece como un hecho consumado y probado la naturaleza criminal del gobierno de Nicolás Maduro y lo califica sin ninguna duda de régimen vinculado con el tráfico de drogas, el lavado de activos financieros, el apoyo orgánico y la financiación de actividades terroristas, violación sistemática de derechos humanos y práctica abierta de la corrupción administrativa como política de Estado. Ante esta caracterización del gobierno de Nicolás Maduro, se hace evidente la imposibilidad de cualquier solución política negociada, excepto la rendición incondicional y posterior aniquilación política de este sector politico por los países que denuncian este estado de cosas en Venezuela.

2. Establece como una realidad geopolítica que todos los países del TIAR consideran al gobierno una gravísima e insoportable amenaza política, económica y social, debido a las actividades que realiza en el exterior y a las consecuencias internas de su gestión, que arroja millones de emigrados desesperados, que amenazan con aumentar de forma exponencial en los próximos meses.

3. Acuerdan tomar las medidas que sean necesarias para enfrentar esta situación, destacándose en la actual declaración los siguientes 3 puntos:

  • En dicha lista estarán todas las personas vinculadas a los crímenes señalados anteriormente, como narcotráfico, terrorismo, violación de derechos humanos o corrupción administrativa, para ser perseguidas y sometidas al escarnio público de las redes sociales, en otras palabras, una Lista Tascón para revolucionarios de alcance mundial.
  • Congelamiento total de bienes: es evidente que esta medida que puede llegar a abarcar presidente, ministros, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, jueces, fiscales, empresarios, presidentes de institutos autónomos y fundaciones, además de sus familiares, socios empresariales y conocidos, entre otras personas que puedan ser acusadas de colaboradoras de Nicolás Maduro, puede desatar una lista de congelamiento de cuentas y confiscaciones de bienes muebles e inmuebles sin precedente a escala global.
  • Crear una red operacional de inteligencia financiera y seguridad pública: esto se traduce en crear lo que en Colombia se conoce como Bloque de Búsqueda o en Estados Unidos una Fuerza de Tarea o “Task Force Maduro”, que sería el conjunto de operadores de fuerzas especiales de las fuerzas armadas y policiales de los países que enfrentan a Nicolás Maduro, que deberán –en teoría y de acuerdo con lo que se entiende en la resolución– ubicar, perseguir y extraditar a los funcionarios del gobierno como se perseguía a los nazis después de la Segunda Guerra Mundial para llevarlos a tribunales nacionales e internacionales.

4. En concreto, le declaran la “guerra sin cuartel” al actual gobierno de Nicolás Maduro y a  todo aquel que le apoye, sea un ente público o privado, por lo que se espera una rectificación de aquellos países que aún lo respaldan porque pueden entrar en la lista de sancionados en forma selectiva, con graves daños a sus relaciones económicas y diplomáticas.

Mesa de diálogo nacional

Es un esfuerzo político que se basa en seis pilares, que vemos a continuación:

1. Reincorporación del PSUV a la Asamblea Nacional: implica la incorporación de los diputados electos en 2015, independientemente del cargo que ocupen o hayan ocupado después de su salida en el año 2017, lo que está ligado a la aceptación por parte de la mayoría opositora  de los plenos derechos que les asisten constitucional y reglamentariamente. El éxito de esta medida estará sujeto a la aceptación política de este grupo por la mayoría, que por otra parte tendrá que revisar si el no levantamiento del desacato por el TSJ implica un incentivo u obstáculo insuperable para la reconstitución de este foro de debate político.

2. Nuevo Consejo Nacional Electoral: implica la puesta en marcha de un acuerdo aceptable para el oficialismo y los dos sectores políticos opositores o un posible 2-2-1 en referencia a la repartición de cargos en los rectores del CNE, con presidencia para el sector minoritario. Según los defensores de esta tesis política, solo así se podría discutir qué elecciones se deben realizar de nuevo y cuáles no.

3. Liberación de presos políticos: sin duda alguna, es el campo en el que pueden obtener mayores resultados prácticos por la necesidad del gobierno de Nicolás Maduro de demostrar flexibilidad y del grupo opositor de obtener éxitos concretos, aun cuando el costo político ha sido inmenso, pues han sido sostenidos los ataques en redes sociales y a través de los medios de comunicación por parte de quienes adversan dicha iniciativa.

4. Defensa de la Guyana Esequiba: un campo en el que existe poco margen de maniobra debido a las situaciones complicadas de carácter diplomático que rodean este tema y que hacen poco prudente llevar estas discusiones a los medios de comunicación, pues los ataques de quien ha sido más blando o entreguista pueden terminar favoreciendo grandemente a la República de Guyana.

5. Levantamiento de sanciones económicas: sin duda el campo menos prometedor de las iniciativas de la mesa de diálogo nacional, debido a la total negación de las autoridades estadounidenses a levantar las sanciones y la promesa pública y comunicacional de incrementarlas y llevarlas hasta el final de la caída del gobierno de Nicolás Maduro, por lo cual es evidente que solo este factor político condena al fracaso casi totalmente esta iniciativa.

6. Programa de intercambio humanitario de petróleo por medicinas y alimentos: es sin duda el elemento más beneficioso a corto plazo de esta iniciativa, dada la desesperante situación de casi todo el país debido a la crisis económica y social, que como el dólar o la hiperinflación no se detiene. Pero tiene el inconveniente de que los enemigos de Maduro no aceptarían ningún plan o mecanismo que beneficie al gobierno y es difícil imaginar que pudiesen entregar esta responsabilidad a organismos internacionales.

En conclusión, cada camino estratégico implica una serie de inmensos riesgos que conllevan una serie de situaciones terminales cuyas definiciones veremos sin duda en los próximos tiempos.