Escritos amplios de doctrina, colmados en conceptos, disertaciones en respetadas instituciones de prestigio mundial, los más destacados defensores de los derechos humanos concuerdan que todo ser humano detenido en cárceles o cualquier procedimiento judicial con restricción policial es responsabilidad del gobierno, que debe garantizar seguridad y salud, no importa quién sea el Presidente y quienes su respaldo político. Lo que en democracia es un derecho, en regímenes dictatoriales puede ser motivo de ergástula. Gobiernos ruines, opresores envían sistemáticos a sus contrarios a la cárcel.
Es un derecho fundamental que se respeta y practica en naciones democráticas, no arbitrarias, y se incumple en tiranías despóticas, donde existe concentración de mando, no hay un Poder Judicial independiente y el ciudadano está expuesto al arbitrio de la autoridad.
Cuba ha tenido históricamente presos políticos. Típico ejemplo de dictadura militar que sojuzga, disponiendo lo aceptable y prohibido. Para quien ose disentir está la seguridad del Estado y su obediente sistema judicial, sin garantía del debido proceso, derecho a una defensa o el amparo de una autoridad imparcial. En Venezuela el patrón se repite y en ambos países tienes un pie en la cárcel y otro en la calle.
La expiración de un preso político es tema embarazoso, incómodo, perturbador, más emocional que político. Un recordatorio del olvido social en el cual tienen a los presos –y agregaría– exiliados políticos. Olvidarlos significa entregarlos al encono de la violencia e inquina fanática.
No es fácil entender por qué las personas actúan de una u otra forma. Existen las que cuando enfrentan situaciones, sorprenden por lo que dicen y hacen. En momentos dan la impresión de buen actuar; en otros, la decepción.
En el caso reciente de la muerte asaz dolorosa del general retirado Raúl Isaías Baduel, que con atropellada y policialmente restringida inhumación de sus restos produce suspicacia. Pretexto sobrevenido, rechazado del efecto covid-19; probable por el desgaste en la sepultura carcelaria de quien pagó con prisión sin futuro ni compasión el haber creído que estaba en el poder y podía ser guía ético tras rescatar a su amigo del alma y camarada de la rebeldía militar.
Alcanzó el más alto grado militar hasta que su jefe, compadre y compañero de toda la vida comprobó que pensaba diferente; que no era proclive al castro-cubanismo, el cual aceptó sin disimular su desagrado por la indignante intromisión cubana bajo la mirada complaciente oficialista.
Tenía prestigio, en particular entre los militares. Le cambiaron los soles del Perú por la prisión sin juicio, traslados de mazmorras, maltratos carcelarios, separación familiar, persecución e incluso cárcel para alguno de sus hijos. Murió en custodia, sin humanidad bajo la mansedumbre del sistema judicial, cuando le quedaba el recuerdo de confianzas que resultaron falsas. Lo confinaron en el abandono e inadvertencia. Cuando el hambre y la frustración ciudadana los hacía pensar en apetencia y pandemia. Destino cuestionable y cruel del preso político. La execrable sentencia contra un recluso es no juzgarlo, como infame hacerlo injustamente.
Cuando un preso político fallece, las redes se desbordan los comentarios, en contra y a favor. En el caso Baduel, fue su actuación en los días sucesivos al 11 de abril 2002. Asumió una conducta, ascendió a ministro de la Defensa y cayó luego en desgracia, cuando fue detenido y sometido a un deshonroso juicio militar por corrupción.
Más que un preso político, era un recluso aherrojado por el miedo de los sepultureros de la libertad y derechos humanos, víctima del fracaso rotundo de una revolución que lo cambió todo para peor. Miseria, promesas profanadas, impericia e incompetencia como método de gobierno y corrupción como objetivo.
Cualquiera puede ser objeto de persecución política y detenido, acusado por elaboradas infracciones y evidencia sembrada. El arresto suele ser arbitrario y sin claridad de cargos, sujeto a complicaciones procesales, violaciones de normas, imposibilidad de acceso a abogados y juicios cerrados cuando legalmente son públicos. En ocasiones obligan a inculparse, a confesar delitos no cometidos y, bajo amenaza de tortura y otras brutalidades, incriminar a otras personas, todo en contravención de los derechos fundamentales consagrados en los tratados internacionales.
No murió del todo Venezuela, ni morirá jamás aunque ya enferma casi terminal, con algún anhelo de resurrección, pésimo gobierno y una oposición desatinada, codiciosa, fracasada y desunida. Cambiará, será una labor enorme con venezolanos de exigua fe y escasa esperanza en pocos.
Paz a los restos de los presos políticos civiles y militares.
@ArmandoMartini