La coyuntura política actual, con miras a las “megaelecciones” del 21 de noviembre requiere de análisis concienzudo y realista: el régimen va a otorgar unas mínimas concesiones con el objetivo de hacerle creer a la comunidad internacional que esos comicios serán libres y verdaderamente democráticos. Y la cúpula de la oposición democrática desesperada por conquistar cuotas de poder mediante la única manera que saben hacerlo, que son las elecciones, aceptará las pingües concesiones porque piensan que aún siendo mínimas se puede reeditar el resultado de las parlamentarias del año 2015; entre otras razones porque la última encuesta de Datincorp indica que más de 50% de los venezolanos están dispuestos a votar en esas megaelecciones y que con el desprestigio del gobierno tenemos todo el chance de ganar.
Pero como deseos no preñan; el pretendido desenlace es ilusorio, por decir lo menos. A estas alturas ya las estructuras de abuso oficial son imposibles de desmontar. Por ejemplo, ¿cómo eliminar el discurso en lo interno de la Fuerza Armada Nacional sobre su carácter “socialista, antiimperialista y profundamente chavista”? Cuando eso es parte del grito de los soldados venezolanos. Aun cuando se elimine de raíz, interiorizar eso en la psique de los militares va a tomar un cierto tiempo. Y son ellos los que manejan el Plan República. Igual la eliminación del estrambótico estandarte en el seno del cuerpo castrense alusivo a los “ojos de Chávez”. Al mejor estilo del guzmancismo del siglo XIX, el culto a la personalidad del líder forma parte de su ADN. El régimen no se concibe sin ese culto necrolátrico al cual hacía referencia Henry Ramos Allup hace algún tiempo. Y no hagamos mención del gigantesco aparato de los medios de comunicación del Estado, abiertamente al servicio del partido de gobierno y de los medios privados, ya acostumbrados a la autocensura para evitar represalias por parte del régimen. Sumado a las estructuras paramilitares existentes en los sectores populares que servirán de mecanismo de intimidación el día de las elecciones, el control social con las bolsas CLAP, los puntos rojos, el voto asistido y el control de la distribución de la gasolina, podemos concluir que es evidente que no hay condiciones para unas elecciones verdaderamente libres y democráticas; mejor dicho, tal como lo dice Juan Guaidó, no son elecciones, son un evento.
Frente a ello a la dirigencia política no le queda otra alternativa que centrarse y concentrar el foco de su acción en el tema más álgido y que debe despertar la sensibilidad humana de todos. Nos referimos al de los presos, perseguidos y exiliados políticos. El esfuerzo de la clase política no puede permitir que el país se distraiga en un evento cuyos resultados ya están cantados: el gobierno mantendrá la gran mayoría de las gobernaciones, consejos legislativos, alcaldías y concejos municipales, permitiendo que la oposición gane algunas de menor significado, para darle una apariencia democrática a la dictadura, que frente a la nueva e inconstitucional Ley de las Comunas, le tiene sin cuidado ceder esos espacios de poder porque la estructura tradicional del poder ya no será esencial para que el PSUV mantenga su hegemonía.
Esta razón es por sí sola suficiente para que los presos, perseguidos y exiliados políticos tengan que estar como prioridad en la agenda del país opositor. De allí que cualquier rendija que se presente para luchar y exigir su liberación es necesario aprovecharla. Voy más allá; es una exigencia aprovecharla y sería criminal no hacerlo. Y aquí no vale el argumento de que “tienen que esperar”. Un día en la cárcel es un calvario tanto para el detenido como para sus familiares. Es por ello que Derecha Democrática, en la medida de sus posibilidades, participará en los venideros comicios, de ser habilitado para ello por el Consejo Nacional Electoral.
Pero la participación, en el caso nuestro, no sería a la manera tradicional, que supone lanzar candidatos a diestra y siniestra en todo el país en alianza con el G4. Porque aun siendo ese el caso, somos un incipiente y minúsculo movimiento político sin ninguna estructura orgánica en el país, pero con gigantescas ideas y planes para nuestra patria, las que una vez expuestas en la calle, habrá una vasta mayoría de venezolanos que seguramente estén de acuerdo y se sumarán a nuestra plataforma política. Es cuestión de tiempo.
Creemos que nuestro rol en la actual coyuntura es la de convertirnos en promotores de la tesis de que la participación de toda la oposición debe estar centrada en la inclusión exclusiva en las postulaciones al megaevento “electoral” regional y local, solo a los presos, perseguidos y exiliados políticos. No con el propósito ni con la esperanza de que salgan electos (ya dijimos que esos resultados están cantados), sino con el objetivo de que la atención se centre en ellos y no se desvíe de lo que debe ser prioridad en una verdadera democracia y es precisamente que no hayan presos, perseguidos ni exiliados políticos. Todas las aspiraciones individuales por más legítimas que sean, deben hacerse a un lado para darle cabida a los miles de venezolanos que están sufriendo los atropellos y las acciones coercitivas del régimen. Caguaripano en Miranda, Roland Carreño en Lara, Tarazona en Táchira, Freddy Guevara o Carlos Julio Rojas en Caracas, Baduel en Aragua, Guanipa o Inés González en Zulia y así miles de perseguidos pueden llenar los espacios en todos los estados y municipios del país. La campaña electoral debe centrarse en ellos. Es cuestión de organizarnos y con el apoyo de las ONG determinar sus nombres y ubicación para colocarlos en la papeleta de elegibles, para que el país sepa que los postulados son exclusivamente presos, perseguidos o exiliados políticos. Es una forma de sacar a la palestra pública a los centenares y miles de víctimas anónimas del régimen, que de desarrollarse la campaña electoral en la forma tradicional, seguirán estando en un segundo plano del acontecer político diario. Y eso sería injusto con ellos.
En el arranque de nuestro movimiento, siendo consecuentes con la reivindicación de nuestra plataforma contenida en el Manifiesto a la Nación publicado en septiembre de 2019, que consiste en la defensa de la familia, la propiedad privada, el respeto al Estado de Derecho y el libre mercado como pilares fundamentales para sacar a Venezuela de la postración en la que se encuentra, la defensa de estos ciudadanos, es un imperativo existencial.
Décadas de políticas socialistoides han colocado a nuestro pueblo en una situación peor que la que estaba en las postrimerías de la guerra de independencia. Se impone un cambio radical para superar la crisis.
@JotaContrerasYa