Después de 4 meses de que el covid-19 llegara a Venezuela, sin que hasta ahora se hubiesen reportado casos de privados de libertad con esta terrible enfermedad, comenzamos a ver la aparición de esta pandemia en centros de reclusión en Venezuela.
Habíamos advertido muchas veces desde este espacio los peligros que representa la llegada del coronavirus tanto a las cárceles como centros de detención preventiva, porque era imposible cumplir con las medidas básicas para evitar la propagación de la enfermedad por el grave hacinamiento que existe en estos sitios, aunado con la falta de higiene y enfermedades preexistentes como la tuberculosis y la desnutrición que ya ocurre desde hace varios años.
Igualmente, a pesar de las innumerables recomendaciones que se han hecho desde la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado venezolano la única medida que ha tomado es suspender las visitas de familiares y el otorgamiento de unas cuantas medidas sustitutivas a la prisión, algunas bajo una medida algo turbia que existe en el Código Orgánico Penitenciario llamada Régimen de Confianza Tutelado, que en mi opinión le están dando una aplicación diferente a la estipulada en la norma.
Dijimos en artículos anteriores que la llegada del covid-19 a nuestras cárceles sería una gran tragedia porque las posibilidades de contagiar en forma masiva a los demás presos era evidente, principalmente por el hacinamiento extremo que vivimos en las cárceles y centros de detención preventiva, que impide que las medidas de prevención como el distanciamiento social, lavarse las manos con frecuencia y el uso del tapabocas sean imposibles de cumplir.
Lamentablemente y con gran dolor, hoy debo de decir que ya el coronavirus llegó a la población penitenciaria de Venezuela, al momento de escribir estas líneas tenemos 42 casos confirmados por autoridades regionales de los estados Miranda, Lara y Nueva Esparta.
El primer caso de un preso contagiado con coronavirus en la entidad se detectó el 22 de junio en un comando vial de la Policía de Lara que se ubica en Tintorero, municipio Jiménez, específicamente en el kilómetro 22 de la carretera Panamericana que comunica a Lara con los estados Zulia y Trujillo. Dicho caso fue anunciado por la gobernadora del estado, Carmen Meléndez. El segundo caso lo dio a conocer Meléndez, en un programa radial que tiene, el pasado 30 de junio; se encuentra en un CDP de la Guardia Nacional Bolivariana que se ubica en el peaje Jacinto Lara del municipio Torres, frontera con Zulia.
El 15 de julio, la alcaldesa del municipio Guaicaipuro, Wisely Álvarez indicó que hay 4 reclusos en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas que está ubicada en Los Teques y uno en la cárcel de Ramo Verde, donde se encuentran privados de libertad un número importante de los presos políticos de Venezuela. Esto nos da una cifra de 5 reclusos con covid-19 en el estado Miranda.
Los últimos casos de covid-19 de reclusos en Venezuela los dio a conocer el representante del régimen de Nicolás Maduro en Nueva Esparta, Dante Rivas, quien informó a través de sus redes sociales el pasado sábado 25 de julio que 35 reclusos dieron positivos a covid-19, en el Centro de Detención Preventiva de la Policía Nacional Bolivariana que está ubicado en el sector Sabanamar de Porlamar, en el municipio Mariño.
Aun cuando en los reportes que dan diariamente diversos representantes del régimen nunca han hablado de esto, estas cifras se basan en declaraciones de voceros autorizados. Como siempre ocurre, la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, guarda silencio o miente en casos como estos, eso es algo que no debe extrañarnos.
Quiero finalizar expresando mi preocupación por esto. En los últimos días, en las cárceles de Lara, Carabobo y Miranda, han ocurrido varias muertes vinculadas al tema de la tuberculosis y la desnutrición, igual en diferentes centros de detención preventiva del país se han reportado cuadros febriles y problemas respiratorios; sin embargo, a muy pocos se les ha practicado la prueba para determinar si hay más reclusos con covid-19. Mientras no se atienda a los hombres y mujeres presos en Venezuela y se les practique la prueba de despistaje será muy difícil determinar cuántos tienen la enfermedad, lo cierto es que ya llegó y lamentablemente creo que para quedarse.
Es responsabilidad del régimen garantizar el respeto a los derechos humanos de los reclusos y la salud es uno de estos. En las manos de ellos está la solución.
@cnietopalma