Es de conocimiento general que en Venezuela las instituciones dejaron de responder desde ya hace mucho tiempo a la separación de los poderes, es decir, se tiene apariencia de que ellas existen, pero cada vez más en el tiempo, la centralización socialista avanza inmisericordemente destinada a transformar los instrumentos legales en simples estructuras funcionales orientadas a fortalecer las estrategias del régimen en todos los órdenes de la sociedad y dar apariencia de legitimidad democrática. Ese desconocimiento ha llevado a la construcción de instituciones paralelas ante la diatriba política de que el régimen fue legalmente declarado usurpador, que carece de legitimidad y que, por la otra, legalmente, fue reemplazado por un gobierno interino el cual fue reconocido por la comunidad de países democráticos. En ambos casos se dicen gobierno, pero no lo son.
Para la “gobernanza” de ambos polos, los recursos públicos fluyen hacia el primero señalado de acuerdo al modelo político socialista a través de los flujos de fondos de los mecanismos económicos locales y de fuentes exógenas que se aproximan al favorecimiento de actividades ilegales. Para el gobierno interino los organismos y gobiernos internacionales han financiado su plataforma, especialmente justificada para la ayuda humanitaria como consecuencias de los efectos de la situación de crisis del país en consecuencia, han asignado ingentes recursos para mantener el gobierno provisional el cual administra dichos recursos sin límite ni medida y no se observa con claridad el cumplimiento de objetivos efectivos en la población.
En ambos casos, independientemente de la magnitud los recursos se administran dentro de una visión oscura en el sentido, que casi nadie sabe cómo se aplican, a qué programas obedecen y no se sabe a ciencia cierta cómo se usan, aunque presumimos que buena parte de ellos van a los bolsillos de los funcionarios, que engrosan los mecanismos de la corrupción y mantienen niveles de vida no precisamente acorde con lo que eran, y obviamente, sin declarar patrimonio. El desconocimiento de las hazañas administrativas es total, no se sabe de la aplicación y uso financieros cuyos montos son de origen público y que la población tiene el derecho de conocer sus características y aplicaciones, pero les es negada en ambos lados de la ecuación, presentan estadísticas falseadas, informes chucutos, declaraciones sin sustento y no se presentan cuentas claras.
La exigencia del venezolano de conocer esta situación es negada y despreciada a pesar de los derechos que tienen lo cual genera un factor de desconfianza hacia los dirigentes de las organizaciones gubernamentales incluyendo los de la aparente transición. La estructura de las funciones de gobierno está centrada en la administración de recursos de variadas fuentes y hacen factor común entre el régimen y la hoy llamada plataforma unitaria; ello da una pista para explicar la cohabitación negociada que fundamentalmente conduce a un clima de colaboración aceptando prácticamente la legitimidad del régimen; acuerdan elecciones regionales, participando con aspirantes eternos a los mismos cargos, echando por la borda toda clase de limitaciones y violaciones legales con tal de disponer de impunidad, participar en el festín del poder, y tener protección formal a sus desaguisados financieros; por supuesto en un entorno confidencial como hacen los delincuentes los cuales ocultan deliberadamente sus acciones, fuentes de financiamiento y desprecian los reclamos de los contribuyentes solicitando la presentación de cuentas. Los efectos directos de mal administrar el patrimonio público conducen a la corrupción generalizada tal como se observa en el país que incluso ha conducido a un vínculo con la corrupción global y las mafias internacionales.
Las organizaciones institucionales de cualquier naturaleza de financiamiento público, como, por ejemplo las empresas del Estado, o las universidades nacionales, particularmente estas últimas son una buena referencia para detallar el tema, en efecto, funcionan mediante una Ley de Presupuesto que orienta la aplicación de los fondos hacia sus objetivos de manera delegada, autónoma y están sujetas a la Ley de Universidades, claro está, esta autonomía no los exime de presentar las cuentas respectivas e informar sistemáticamente la ejecución presupuestaria. Es un hecho que, el régimen las ha sometido e intervenido y ha establecido un cerco reglamentario desgarrando sus funciones, despreciando el talento humano cuya nómina y procesos laborales pasaron a ser controlados directamente por el Ejecutivo cuyos montos financieros casi alcanzan la enorme proporción de 90%, dejando un menguado porcentaje para los llamados gastos de funcionamiento.
Poco se sabe que estas instituciones palean sus déficits presupuestarios desarrollando una política de estímulo a los ingresos propios producto de las matrículas cobradas a estudiantes de posgrado, diplomados y educación continua, aparte de las actividades de explotación comercial de su patrimonio como son las infraestructuras rentales, instalaciones deportivas y empresas universitarias. Estos ingresos importantes son manejados a resguardo de la intervención ministerial, pero que últimamente el régimen pretende apoderarse de ellos tal como intentó apoderarse de los Fondos de Jubilaciones y Pensiones, Cajas de Ahorro y recursos excedentarios de ejercicios fiscales anteriores. Pero hábilmente, las autoridades protegieron dichas intenciones tomando la medida de disolver los fondos de pensiones, y poner su patrimonio a disposición de las autoridades universitarias con una administración colegiada conjunta con los representantes gremiales que agrupan a los que contribuyen con esos fondos.
Todo lo expresado se convierte en teoría, debían de ser administrados colegiadamente, pero su gestión ha sido asumida por la máxima autoridad de cada universidad, sin consulta y de manera unilateral, la cual dispone de dichos recursos a su antojo. Las autoridades universitarias no han hecho uso de la autonomía y nada hacen con tal de permanecer en sus provechosos cargos, más aún, declaran públicamente que son autoridades legítimas cuando en realidad debieron durar cuatro años y no tres lustros en sus cargos y, al final del período debieron convocar a elecciones o renunciar como lo hicieron algunos decanos, pero se dan el lujo de no hacerlo e integran los organismos internos con suplentes o personal no electo, muchos de ellos sin condiciones académicas que aplauden las gestiones y desvirtúan o ignoran las controversias entre ellos mismos. Aprueban en un bloque sospechoso de cohabitación y solidaridad ejecutiva decisiones inconsultas que comprometen recursos de manera irregular. Parece casualidad, pero estas actuaciones se parecen mucho a como lo hace el régimen o los integrantes de la plataforma unitaria.
Tampoco es casualidad que la autoridad universitaria se niegue a presentar cuentas, e incluso se desgarran las vestiduras solicitando la presentación de cuentas a terceros como consecuencia del manejo presupuestario que, por cierto, ya ni siguiera les pertenece porque son simplemente cajeros o convidados de piedra como es el caso de las cuadrillas de la supuesta recuperación de la infraestructura, la cual es manejada y contratada por el régimen, pero manifiestan sin rubor que ellos tienen el control y la dirección contradiciendo declaraciones públicas del funcionarios del régimen que ya han intervenido la universidad.
En el caso de las universidades estamos viendo un problema muy grave que no se desea que trascienda a la opinión pública bajo el argumento de proteger la universidad y es calificado de peligroso discutir el tema ya que se puede prestar al desprestigio de la autoridad y de la propia institución y que contribuya a su intervención. En realidad, es un argumento maniqueo, no se trata de la universidad sino de su autoridad, y de la responsabilidad personal de quien se arrogó la dirección unilateral del manejo de los recursos a su propia cuenta y riesgo. Es notable el caso de los fondos de pensiones cuyo patrimonio pertenece a las contribuciones de sus miembros y aportes oficiales obligatoriamente regimentados a tales efectos y que están destinados exclusivamente al pago de las jubilaciones o de la seguridad social, pues no ocurrió de esta manera con una serie de subterfugios legales. Las autoridades máximas como cuentadante han movido las respectivas carteras con gran opacidad, y no cumplen con los objetivos de contribuir con los gramos para financiar la seguridad social.
Un enorme patrimonio en divisas, en bienes muebles e inmuebles entregado formalmente por los liquidadores los han empleado en gasto corriente, inversiones privadas, con sospechas de sobreprecio en las adquisiciones, y ante los reclamos, hacen aspavientos de su autoridad y solvencia y no informan a la comunidad, especialmente en aquellos casos extremos donde los fondos originales se han reducido significativamente y con gran riesgo financiero puesto que son manejadas como carteras comerciales por corredores de bolsa y bancos ubicados en paraísos fiscales.
Ante el reclamo o indagación natural de los afiliados, pretenden despachar el asunto en escuetos informes de corredores financieros muy hábiles que nada dicen y argumentan que para protección de los recursos bloquearon en plazos fijos el capital más los intereses, por cierto, desconocidos y demuestran la imposibilidad del uso de los recursos a corto plazo. La comunidad y sus gremios exigen la rendición de cuentas y nada ocurre; no se informa integralmente sino con evasivas levantando una ola de rumores y de sospechas, agravadas por otras intervenciones y reclamos incluso de ellos mismos como autoridad.
La comunidad nacional e igualmente la comunidad universitaria ante los manejos irregulares de leyes y reglamentos, del abuso de autoridad y de decisiones que comprometen los recursos públicos tienen todo el derecho de solicitar aclaratorias y cuentas claras, Pese a que en Venezuela no existe una ley que regule exclusivamente el derecho de los ciudadanos de acceso a la información pública, en las normativas vigentes contabilizan una docena de marcos legales que abordan el tema, además de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela los ciudadanos tienen derecho a ser informados oportuna y verazmente por la administración pública sobre el estado de sus actuaciones.
Es preocupante ver cómo en medio de la desinformación por ausencia de medios objetivos que manejen información fiable circulan comunicados sobre el uso irregular del fondo millonario de jubilaciones de la UCV donde se denuncia la compra de una empresa de salud adquirida como fondo de comercio a precios que cuadriplican el avalúo y se le vende a precio de dos dígitos a la fundación que lo está operando. Ello causa asombro ante la audacia de tomar decisiones que se dicen fueron aprobados por la máxima autoridad y que han puesto en la frontera de quiebra a un fondo que fue exitoso cuyos fondos en menos de los últimos cinco años se redujeron en 50%. Ante el reclamo de cuentas se presentan informes escuetos, sin valor y pone a la comunidad universitaria en ascuas y llena de rumores cuyos informes se les ve la costura y es inevitable la comparación con los métodos libertinos que usa el régimen y los miembros de la ahora denominada Plataforma Unitaria.
Si se desea probidad y claridad en la acción, presenten cuentas claras, técnicas y auditadas. Si no lo hacen, pues se debe obligarles ante los órganos competentes con la denuncia e interdictos de revisión de cuentas. Presenten cuentas señores.