Las encuestas de opinión reflejan tanto la desconfianza de los ciudadanos en la clase política como en el funcionamiento de las administraciones públicas. El panorama es francamente descorazonador. No hay encuesta en la que los ciudadanos plasmen satisfacción con el funcionamiento de los servicios públicos. Como se relata en los estudios sobre el tema, la gente en América Latina y el Caribe no solo tiende a pensar que la distribución del ingreso es injusta; también piensa que el acceso a los servicios públicos básicos es injusto. (PNUD. Informe regional de desarrollo humano 2019).
La relación con el nivel de desarrollo es determinante en el funcionamiento de los servicios públicos y aunque resulta evidente que las sociedades más desarrolladas tienden a prestar mejores servicios, sin embargo, se detecta en los últimos años un abandono de la preocupación de los responsables políticos por la efectividad de su gobernanza.
Las promesas electorales dedicadas a generar nuevos derechos, incluyendo los de carácter personal o de identidad de género, innovadoras formas de convivencia o desaparición de obligaciones tributarias parecen sustituir a otros aspectos más básicos de la vida en sociedad.
Los más desconfiados señalan que las promesas electorales, como en un alarde de sinceridad y con grandes dosis de cinismo ponen de manifiesto algunos asesores de campañas políticas, se hacen para no ser cumplidas y en consecuencia hay que contar con que el elector tampoco se lo va a creer.
En el ámbito de las administraciones, cuyo funcionamiento competente es requisito sine qua non de la efectividad de las políticas públicas, las promesas han dejado directamente de hacerse.
Pareciera que el asunto no es directamente de interés de los electores, puesto que el tema está directamente fuera de los programas electorales de los partidos. De las declaraciones de los lideres no podemos extraer siquiera alguna propuesta de interés, excepción hecha de alguna frase hueca sobre la importancia del buen funcionamiento de los servicios públicos. La Carta Europea de Derechos Fundamentales, en su art. 41, regula el Derecho que asiste a cada ciudadano a disfrutar de una buena administración, lo que presenta sus ventajas para la población entre los que se encuentra una atención adecuada y un funcionamiento eficaz de los servicios públicos.
En Buenos Aires (Argentina) ha tenido lugar una jornada conmemorativa de los 50 años de existencia del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y en los conversatorios celebrados han participado representantes del CLAD, OCDE, BID y los Institutos de las administraciones públicas de Brasil, España y Colombia.
De los debates existentes pueden extraerse al menos dos conclusiones. La primera es que el apoyo cronológico a esta institución de capacitación tiene una imagen de dientes de sierra: la mayoría de las veces subsistió a causa más de la voluntad de sus funcionarios que de los apoyos desde la primera línea del Ejecutivo. La segunda es que merced a la alianza con las organizaciones sindicales omnipresentes en la Argentina, el número de funcionarios capacitados puede contarse anualmente por millares, especialmente por la alianza con los centros similares que desarrollan su labor en el ámbito provincial. No obstante, los avances en la profesionalización siguen siendo tímidos, pues la influencia política directa imposibilita la pervivencia de proyectos a largo plazo: terminan con la legislatura, con independencia de su vocación largoplacista.
El INAP argentino, como sus homólogos existentes en la mayoría de los países iberoamericanos, forma a los funcionarios, genera nueva cultura, es un vehículo de innovación, publica estudios e investigaciones y propone programas de acción. Lograr que nuestros funcionarios públicos iberoamericanos dominen las técnicas adecuadas y estén impregnados de principios éticos, entre los que se encuentran la prestación del buen servicio público y la lucha contra la corrupción, es un excelente objetivo que puede beneficiar a todos los ciudadanos. En todos los países desarrollados se prioriza esta capacitación, porque la función pública debe dominar conocimientos técnicos y jurídicos, pero para la resolución de los problemas públicos se requiere de profesionales que sepan adoptar un enfoque centrado en las personas para diseñar las políticas y los servicios públicos. (Noveck, 2022).
El ciudadano asiste asombrado a la expansión de la tecnología que cada día le sorprende con nuevas maravillas. Sin embargo, se tarda demasiado en abrazar innovaciones tecnológicas que logren mejoras en los servicios públicos. Las promesas electorales y los grandes descubrimientos tecnológicos están aún demasiado lejos de las administraciones en lo que se refiere a la prestación de los servicios. Como se ha señalado, todo se puede quedar en el aire si no cuentan con la letra pequeña y nada heroica de los procesos administrativos que las conviertan en actos verdaderos, ágiles y al mismo tiempo sometidos al control de la legalidad y de la eficiencia. (Muñoz Molina, 2023). De momento, los gobiernos no parecen estar muy preocupados por el funcionamiento de los servicios públicos. Los ciudadanos sí lo están.
@sgeneralClad