Ante la “designación de Jorge Rodríguez como presidente de la nueva “asamblea nacional” me permito hacerle las siguientes interrogantes:
¿Cómo podrá levantar que el concepto de esta «asamblea» no es un maquillaje de la «constituyente»?
¿Acaso llamará Jorge Rodríguez al «diálogo interno y externo si sus «diputados» llegan a decir que hay que encarcelar a quienes fueron parlamentarios malogrados en el periodo del lustro anterior, o sea, aumentar la lista de presos políticos en vez de liberarlos?
¿Hará público este parlamento el presupuesto nacional con sus distribuciones para cada estado y municipio, o seguirá siendo secreto del régimen en términos porcentuales, solo con la concebida jerga «revolucionaria» de que 70% de ese presupuesto se «invierte» en lo social mientras vemos una educación, salud y servicios públicos deplorables? Y ese presupuesto ¿cuáles serán sus vías de ingresos? ¿Renta petrolera, impuestos o dinero inorgánico?
¿Qué hará esta «asamblea nacional» con el salario mínimo nacional y los pensionados que apenas devengan un dólar mensual en promedio? Por cierto, ante esta interrogante ¿Dirán públicamente estos «diputados» de cuánto serán sus «dietas» e ingresos con este parlamento? ¿Nos mostrarán sus cuentas bancarias? ¿Cómo podrán justificar muchos de estos diputados sus niveles de vida ante un pueblo que lucha hasta por ver qué puede comer en el día a día?
¿Cuál será la posición de Jorge Rodríguez y los «diputados» ante las denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de organismos nacionales e internacionales, entre ellos, la posición de Michelle Bachelet como representante de Naciones Unidas en esta materia?
¿Esta «asamblea», hablará el mismo idioma de Miraflores en relación con negar los excesos que han sido demostrados por organismos como las mal llamadas Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), o el Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar (Sebin)? ¿Interpelará tal «asamblea» públicamente a los directores de tales organismos en presencia de las familias y organismos nacionales que han sido denunciantes de abusos contra sus familias y derechos humanos?
¿Seguirá Rodríguez y esta versión continuada de una constituyente, callando ante el ecocidio que se genera en el sur del estado Bolívar, o exigirá al Ejecutivo Nacional que el oro explotado en esa zona se haga conforme con las necesidades ambientales, y que además lo que se genere por dicha minería sea llevado en su totalidad a las arcas del Banco Central de Venezuela? ¿Investigarán la presencia de denuncias de grupos irregulares en esos espacios tales como guerrilla colombiana disidente, o simplemente habrá afasia, incluso con denuncias de violaciones a los derechos de los grupos indígenas de la zona?
¿Hará pública este parlamento su posición en relación con el caso de defensa a ultranza que ha hecho la Cancillería en favor del empresario colombiano Alex Saab, detenido aún en Cabo Verde por supuestos hechos de corrupción cometidos en diversas partes del mundo? ¿Cómo es eso de que un colombiano puede ser «representante diplomático de Venezuela», si precisamente la otrora diputada María Corina Machado fue despojada de su curul y casi que extrañada de la nacionalidad venezolana por supuestamente haber «aceptado» ser representante de otro país ante la Organización de Estados Americanos?
¿Pedirá la fracción madurista de esta asamblea la eliminación de las gobernaciones, bajo el remoquete de la inconstitucional ley antibloqueo, para crear las 8 grandes regiones que darían paso al denominado «Estado comunal»?
Si efectivamente el madurismo dice que perseguirá sin cuartel a quienes hablen por redes, palabras más, palabras menos, las «mentiras sobre el gobierno», entonces ¿cuál será la posición de esa «asamblea» ante el anonimato de esas mismas redes que conforman en una gran mayoría los autollamados grupos de «tropa», «guerrilla digital», entre otros, que claramente apoyan al gobierno?
De hecho, supongo que como este parlamento sí es «legal y legítimo», y ante una Venezuela sumida en crisis económica, no debería tener problemas en aprobarle al Ejecutivo una emisión de deuda externa, digamos de unos 20.000 millones de dólares, cuyos socios chinos, rusos, turcos o iraníes, deberían salir corriendo a comprar no solo porque el gobierno sea «buena paga», sino porque ahora sí tendrán una «asamblea» al servicio del país, aunque si esto no fuera posible, solo quedaría al desnudo que ni los «amigos» quieren ayudar al madurismo, aunque ahora tenga el Poder Legislativo a su favor.
Ante el caso de Guyana, ¿habrá una comisión parlamentaria de diferendo limítrofe que viaje a Rusia para pedir a esos «amigos» que nos entreguen los documentos históricos que posee ese país, cuando el entonces presidente del «tribunal» que nos despojó de ese territorio en 1899 era de esa nacionalidad, y fue quien conservó para sí y esa nación las copias de tales documentos? ¿O seguirán ocultando esta verdad al país?
¿Pedirá está «asamblea» que se instale con las fuerzas vivas del pueblo del estado Sucre, una institucionalidad permanente que denuncie diariamente lo que ocurre con la emigración que se lleva a cabo por Güiria, Macuro y sectores cercanos hacia Trinidad y Tobago? ¿Se tomarán en cuenta las investigaciones que existen sobre la criminalidad que está presente en San Juan de Las Galdonas y el resto del este del estado Sucre?
¿Se hará pública la lista de quienes han alterado significativamente el ecosistema de Los Roques con construcciones faraónicas sin rendirle cuentas a la nación, y menos al pueblo de ese territorio? ¿Sabremos los venezolanos quiénes han otorgado los permisos de semejantes infraestructuras violando claramente su condición de Parque Nacional?
¿Cuál será la propuesta económica de Jorge Rodríguez y la «asamblea» para que Venezuela retome por fin, después de 7 años de desastre madurista, el crecimiento económico, el fin de la hiperinflación, la recuperación salarial, el pago digno de pensiones –incluyendo los que viven en el exterior que fueron suspendidas– y su posición ante la legalidad de la dolarización?
¿Qué hará el parlamento para que Petróleos de Venezuela pueda recuperarse en términos de producción no solo de crudo, sino de gas y gasolina, al igual que las empresas de servicios públicos de agua y energía eléctrica?
Sin duda que para que Jorge Rodríguez logre que esta «asamblea» sea reconocida deberá responder estas y muchas otras interrogantes. Eso debería ser lo que tendría que venir y ejecutarse. Lo demás solo sería banalidad del poder y retórica que nos seguirá hundiendo en las complejidades políticas, económicas y sociales.