En las últimas dos décadas hemos visto todas las maniobras y artimañas que el régimen chavista es capaz de usar para seguir en el poder. Desde fabricarse una oposición a su medida hasta contratar operadores internacionales para lavarle la cara al chavismo. Se podría decir que con el chavismo en el poder lo hemos visto casi todo, incluyendo una costosa campaña mediática para presentar al conspicuo testaferro del régimen Alex Saab como un diplomático en funciones.
Pero mientras el chavismo siga en el poder siempre habrá espacio para maniobras cada vez más siniestras y creativas que superarán las anteriores. Por eso para muchos venezolanos el ángulo racional para entender la política y sobrellevar la vida diaria es el escepticismo más radical y militante. No se puede creer en las falsas ilusiones por muy seductoras y esperanzadoras que parezcan porque una vez que son trituradas por la realidad solo nos dejan desilusión y desengaño.
A propósito de la reciente visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, a Venezuela pareciera surgir la esperanza de que la justicia que el régimen chavista le niega a los venezolanos de alguna forma será aplicada por la CPI. Las víctimas de la violencia del Estado chavista y sus familiares de verdad esperan que alguna instancia internacional juzgue y sancione a los culpables de estos delitos contra las personas que siguen actuando con la mayor impunidad bajo la protección de los jueces del régimen. Pero, como ya hemos explicado, la justicia internacional es un mito que solo deja de serlo en circunstancias muy específicas cuando abandona el terreno del derecho y entra en el de la geopolítica.
En otras palabras, no se puede esperar que la llamada “justicia internacional” juzgue y condene a Estados y personas sin el concurso de otros Estados dispuestos a ejecutar esas sentencias condenatorias. Y esto depende de la dialéctica de imperios y la geopolítica, no del derecho y menos aún de un “Derecho Internacional”. Pero, si esto es así, entonces ¿cuál es el propósito de estos órganos de justicia internacional? Su papel no es otro que el de suministrar una narrativa jurídico-legal para fundamentar decisiones y acciones dictadas por la geopolítica e intereses de otros Estados. Esto quiere decir que no se podrá juzgar y condenar al Estado chavista y sus operadores por delitos de lesa humanidad hasta que no exista la voluntad política de un imperio, como el de Estados Unidos u otro, de intervenir por la fuerza y ejecutar esas decisiones.
Mientras eso ocurre solo veremos simulacros de juicios demorados en complicados tecnicismos legales. Y los pocos procesos que logren ser sustanciados no implicarán al Estado chavista como el perpetrador de delitos de lesa humanidad en forma sistemática y masiva, a menos que uno o varios Estados estén dispuestos a declararle la guerra al chavismo por ese motivo. Este es el punto de contacto entre la ficción del Derecho Internacional y la realidad brutal de la política y la guerra.
Esperan demasiado quienes creen que las actuaciones del fiscal Khan terminarán con la incriminación del Estado chavista. No porque no haya motivos, los hay y son abundantes. Es que el fiscal Khan no es más que una pieza de la geopolítica mundial cuyo marco de acción no está limitado por el derecho sino por la realidad. Sin duda habrá decisiones y posiblemente alguna que otra sentencia contra algún operador militar chavista de tercera o cuarta categoría. Pero no esperen decisiones contra quienes ordenaron cometer los delitos, tales como Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López y Diosdado Cabello o sus esbirros inmediatos Gustavo Gonzalez López o Néstor Reverol. Todos ellos, al igual que el Estado chavista que representan, no serán acariciados ni siquiera con los marchitos pétalos de la llamada justicia internacional.
Hasta dónde pueden llegar las acciones de la Corte Penal Internacional y el fiscal Karim Khan no lo sabemos, solo el tiempo dirá. ¿Estarán dispuestos a juzgar y condenar al Estado chavista, y no solo a funcionarios de menor rango, por usar la violencia con fines políticos? Y de ser así, ¿serán esas sentencias suficientes para disuadir al Estado delincuente de su conducta criminal? Tenemos todos los motivos para abrazar el escepticismo militante y ninguno para celebrar la esperada visita del fiscal a Venezuela.
Basta leer el memorándum de entendimiento suscrito entre el fiscal Karim Khan y Nicolás Maduro en representación del Estado chavista para entender que no se trata de un auto de apertura de una investigación criminal sino más bien de un acuerdo de cooperación mutua basado en el principio de complementariedad contenido en el Estatuto de Roma. Según este principio la Corte Penal Internacional y el fiscal Khan tendrán que confiar en los órganos de justicia del Estado chavista para llevar adelante sus actuaciones. Pero, ¿y no es el propio Estado chavista el principal indiciado? El principio de complementariedad es el mejor reconocimiento al hecho de que lo esencial es la geopolítica y no el Derecho Internacional, todo lo cual le otorga al régimen chavista la cualidad de ser, literalmente, juez y parte de un proceso que en gran parte será regulado por sus propios funcionarios.
Otras dos claves aparecen escondidas detrás de la retórica diplomática del referido documento. Una es la investigación de algo ambiguo y evanescente que el acuerdo de entendimiento llama “la verdad”. Hay verdades para todos los sabores y colores. ¿Qué tipo de entidad abstracta es esa verdad que se va a investigar? ¿No debería el fiscal Karim Khan indagar y fundamentar su investigación en hechos concretos y suficientemente documentados que configuran delitos contra las personas según el derecho penal de Venezuela y el de otros países en lugar de investigar “la verdad”? ¿”La verdad” de qué?
La otra clave de que estamos frente a una trama y no frente a una investigación criminal es que no solo no se determina lo que se va a investigar (!La verdad!) sino que tampoco hay sospechosos o indiciados. Pareciera que las víctimas, los asesinados y torturados del régimen chavista salieron de la nada o hasta ellos mismos se autoagredieron, según podría argumentar cualquier abogado del régimen. No se trata de una insinuación que hay que deducir de la redacción del documento. Es una declaración expresa que confirma que esa mal llamada “investigación” del fiscal Karim Khan comienza “sin objetivos y sin sospechosos”.
La brutal realidad que alienta nuestro escepticismo militante es que el acuerdo de cooperación está firmado por Nicolás Maduro, precisamente por uno de los autores intelectuales de los crímenes que se van a investigar y que han sido perpetrados por el Estado chavista y sus esbirros. No se puede ser indiferente frente al hecho indudable de que serán los propios verdugos del régimen chavista los encargados de actuar como auxiliares del fiscal Karim Khan en sus actuaciones para determinar “la verdad” y eventuales sospechosos.
El objetivo de una investigación criminal real debería ser establecer las responsabilidades penales y políticas de los autores materiales, claramente identificados, de delitos contra ciudadanos venezolanos tipificados en las leyes nacionales. Pero como quiera que es precisamente el Estado chavista el principal instigador y poco o nada se podrá lograr si se le permite actuar como juez y parte indiciada, entonces habrá que cesarlo primero en sus funciones para iniciar un proceso que conduzca a la reparación de los daños causados y produzca las más severas condenas contra los culpables de esos crímenes según la legislación venezolana.
No importa cuántas veces el fiscal Karim Khan visite Venezuela. Mientras el chavismo siga en el poder sirviendo como su anfitrión jamás habrá justicia.
