Mucho se ha hablado sobre la necesidad que tiene la economía venezolana de reactivarse. Soy un fiel creyente de que esta es una necesidad obvia para el país. Lo que no parece tan obvio, sin embargo, es el hecho de que no parece haber consenso sobre cuáles son las medidas necesarias para lograr dicha reactivación, incluyendo tanto los factores que hacen vida en el gobierno nacional, como aquellos espacios que integran al empresariado criollo.
Entre las prácticas que más daños causan a la economía nacional se encuentran las alcabalas. No son nuevas, tienen décadas en la historia de nuestro país. De hecho, si nos vamos a sus raíces históricas, encontraremos que la noción de alcabala tiene su génesis en el mismo sistema fiscal de nuestros tiempos coloniales. Lo cierto del caso, sin embargo, es que lejos de desaparecer, estas no han hecho sino florecer en nuestro día a día.
Las alcabalas se han transformado en un problema para Venezuela. De hecho, el propio Nicolás Maduro en distintas alocuciones ha “ordenado” que se eliminen las alcabalas. Sin embargo, en la práctica, no han cesado, y la población está más que acostumbrada a tener que enfrentarse a diario con funcionarios policiales, guardias nacionales y demás miembros de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano mientras realizan sus actividades diarias.
No hay que tener mucha creatividad para entender que las alcabalas se han convertido en una enorme fuente de distorsión de la economía venezolana. Por un lado, desde el punto de vista ético y legal, estos “puestos de control” representan un mecanismo de extorsión y corrupción en el que las autoridades se enriquecen sin generar ningún tipo de valor al país. El esquema es muy sencillo: o se le da algún tipo de contribución al funcionario de turno (usualmente dinero, pero también puede ser mercancía o la provisión de un bien en especie como comida) so pena de enfrentar la amenaza y el poder coactivo del Estado. Es decir, la posibilidad de retención del vehículo, confiscación de mercancía e incluso la privación de libertad. Poco importa que ello sea cónsono o no con el marco jurídico venezolano y con las leyes existentes. Al final, una ciudadanía ignorante de sus derechos, aunado con una autoridad que no pocas veces desestima la seguridad jurídica, terminan por decantar en un escenario en el que todo el peso del Leviatán venezolano se impone.
Sin embargo, no es solo el aspecto ético-legal el que acá nos llama la atención. En la práctica, estas alcabalas representan un costo adicional que se debe asumir llegado el momento de tener que llevar cualquier mercancía dentro del territorio nacional. A mayor cantidad de alcabalas, mayores son los costos de transporte, y mayores las dificultades logísticas que se deben enfrentar para hacerle frente a la dinámica e intercambio de bienes y servicios dentro de Venezuela. ¿Quién termina por pagar los platos rotos de esta circunstancia? Por una parte, el empresario local, el cual tiene un costo adicional que no tiene que asumir un empresario que produzca fuera del país, con el resultado de que la mercancía nacional se hace menos competitiva que la extranjera. Por otro lado, lo sufre también el consumidor venezolano en todas sus dimensiones, desde el ama de casa y los hogares hasta la empresa local que necesita cualquier bien o servicio de una compañía venezolana, y que se encarece por la logística indicada.
Uno pudiera hacer un detallado análisis de los incentivos por los cuales las alcabalas existen. Lo cierto del caso es que hasta ahora, los señalamientos del Poder Ejecutivo para eliminar estos puntos no han pasado de la retórica, perjudicando a la mayoría de los venezolanos que se ven afectados por ello. Parece una obviedad, y de hecho tal vez lo sea, pero hasta que este tipo de prácticas no se eliminen, difícilmente podrá reactivarse la industria nacional. Es un detalle que algunos estimarán menor, pero son estas cosas pequeñas las que en sumatoria elevan la calidad de vida, y al final se traducen en los cambios imperativos que el país reclama. Al menos en materia económica.