La dictadura chavista-madurista, que ha generado la crisis más grave que ha vivido el país en toda su historia, calificada con razón de emergencia humanitaria compleja, ha obligado a millones de venezolanos a huir al exterior para salvar sus vidas, amenazadas por la persecución y la miseria. Una realidad que nos coloca en una situación muy difícil, derivada de la condición de extranjero, que afecta nuestros derechos como venezolanos, violados por un Estado representado por un régimen forajido que desprecia a la diáspora.
El venezolano desplazado, sea refugiado, asilado o trabajador migratorio, como lo quieran llamar, un extranjero en pocas palabras, es ignorado y maltratado por quienes deberían representarlos en el exterior, por el Estado de la nacionalidad, cuyas oficinas consulares y embajadas, instrumentos de la usurpación, están muy lejos de cumplir con su obligación de proteger. Se violan a los venezolanos sus derechos civiles y políticos, el derecho a la protección consular y entre tantos, el derecho a la identidad, principalmente, cuando se imponen trabas perversas para la obtención de sus documentos que le impiden el ejercicio de los derechos derivados de su condición humana y de su ciudadanía.
La situación de indefensión de los venezolanos en el exterior ha estimulado una inmensa diáspora que afortunadamente se une y se organiza parta enfrentar la desprotección del Estado, a la autoridad usurpadora y más en estos momentos de cambio que se observan, tras la gira iniciada el pasado domingo por el presidente interino, Juan Guaidó; y, para examinar y considerar conjuntamente los enormes problemas que se presentan cuando se instalan en las sociedades de acogida, en las que deben insertarse de la mejor manera, muchas veces difícil, ante odiosas prácticas xenófobas que resurgen ante el impacto de las llegadas masivas de personas.
Los venezolanos debemos unirnos hoy para exigir al régimen usurpador la eliminación definitiva de las trabas que nos impiden el ejercicio del derecho al voto, entre ellas, la exigencia de la residencia legal en el país de acogida, una exigencia arbitraria que contraría los derechos que se derivan de la nacionalidad y de la ciudadanía y que impide la actualización del Registro Electoral Permanente, de manera que todos podamos ejercer nuestro derecho a elegir y superar la cifra alarmante inferior al 4% de los venezolanos en el exterior en las últimas elecciones presidenciales, lo que contradice la realización de una elección libre, transparente y ajustada a los estándares internacionales, en la que todos podamos ejercer nuestro derecho al voto, exigido por los venezolanos y la comunidad internacional.
Pero también debemos, y esto es parte del reto que tenemos ante nosotros, vistas las elecciones legislativas que junto a las presidenciales deberían realizarse este año, organizarnos para exigir y hacer posible que los venezolanos en el exterior tengan sus representantes en la Asamblea Nacional, como en otros países que, como Italia, no solamente tiene un ministerio para atender los asuntos de sus nacionales en el extranjero, cumpliendo con su derecho de protección a sus nacionales, sino 8 diputados y 4 senadores elegidos por los italianos residentes en el exterior, que representan esa inmensa diáspora, un tema sobre el que los constitucionalistas y administrativistas y expertos en la materia tienen mucho que decir en los próximos meses.
Este tema debe ser considerado por la sociedad civil, la dirigencia política, por los partidos organizados dentro y fuera del país y por la misma Asamblea Nacional que debe actuar rápida y eficazmente para recuperar, en primer lugar, el voto del venezolano desde el exterior; y, en segundo lugar, garantizar la representación de los venezolanos que viven fuera en la Asamblea Nacional, que para finales de este año se estiman en más de 7 millones de hombres y mujeres que forman parte del país del que deben recibir todo su apoyo, los que se derivan de la nacionalidad y del derecho internacional y al que deben brindar sus experiencias para el proceso de recuperación y de afianzamiento de la democracia y del progreso económico y social, proceso que deberemos emprender en el corto plazo, una vez superada la tragedia chavista.