La historia de la humanidad se ha caracterizado por el continuo movimiento de personas. Los gobiernos siempre se han impuesto como tarea la regulación, selección, desviación, o interrupción de los flujos migratorios, de tal manera que el control de las migraciones es uno de los temas clásicos, y de acuerdo con las necesidades o criterios de los gobiernos en su momento, las naciones pueden requerir: regular la intensidad de flujos de entrada y salida; seleccionar la inmigración según procedencia, composición, necesidad laboral, demográfica o cultural; segregar política, religiosa o étnicamente; asentar selectivamente los inmigrantes según procedencia y ubicación geográfica final, etc.

La «gobernanza de la migración», así como las «políticas migratorias» de los países, son términos que han sido objeto de evaluación por parte de individuos y organismos, dada la importancia que representan por la gran cantidad de migrantes y desplazados existentes en la actualidad.

El término  “política migratoria”, tema del presente escrito y que forma parte de la gobernanza de la migración, ha sido definido como “… las actuaciones de un gobierno sobre lo que pretende hacer o no hacer, incluidos leyes, reglamentos, decisiones u órdenes, con respecto a la selección, la admisión, el asentamiento y la deportación de ciudadanos extranjeros que residen en el país” (Bjerre Liv, International Migration Review, “Conceptualizar y medir las políticas de inmigración”, 2015).

La tipología de estas  ‘políticas migratorias” es amplia y compleja. Existen por un lado, las que fomentan la inmigración: Estados que consideran conveniente un incremento poblacional para  futuras necesidades demográficas, o el requerimiento de mano de obra para desarrollar grandes proyectos, entre otras razones. Por otro lado, también existen, menos frecuentes, menos confesables y más vergonzosas, las políticas contrarias que fomentan, abierta o encubiertamente, la emigración o salida de los ciudadanos, para alejarlos por razones generalmente económicas o políticas.

Dentro de la gran cantidad de posibilidades de estudio, se destaca y es muy importante para nosotros la política migratoria de Estados Unidos dirigida a la población latinoamericana, que siempre ha sido hostil y chocante, pero con el gobierno que está terminando ha alcanzado dimensiones antes desconocidas.

Según el informe 2020 del Instituto de Políticas Migratorias (MPI, por sus siglas en inglés), existen cerca de 20 millones de inmigrantes hispanos o latinos viviendo en Estados Unidos, lo cual representa el 33% de los 60 millones de inmigrantes totales, además de los 25 millones de turistas latinos, 31% de los 80 millones que visitan Estados Unidos anualmente. (Brand USA, Oficina de Promoción de Turismo de Estados Unidos, 2018).

En las elecciones presidenciales de Estados Unidos del mes pasado, el rol de los latinos fue considerado de importancia para los candidatos, y así lo expresaron en las campañas electorales que sirvieron de escenarios para presentar sus políticas migratorias. A continuación algunos de los futuros posibles lineamientos de las políticas migratorias dirigidas a inmigrantes latinos, asumiendo como definitivos los resultados oficiales actuales, con el triunfo del candidato demócrata Joe Biden:

  • Con respecto a las proyectadas 1.954 millas del muro en la frontera con México, para evitar la entrada de inmigrantes sin autorización, de las cuales se han levantado en el presente mandato 200 de las 450 millas prometidas por Trump, los demócratas consideran que su construcción es una decisión “extremista”. Lo más probable sería, dado el triunfo de Joe Biden, la suspensión de la construcción del muro. (Voz de América, Julio 2020).
  • El presidente Donald Trump ha logrado pactar con México y Guatemala la firma del acuerdo conocido como “tercer país seguro”, esto es, cualquier ciudadano centroamericano que desee solicitar asilo en Estados Unidos, debe primero lograr el asilo en México o Guatemala. De lo contrario, sería enviado de vuelta al “tercer país seguro”, México o Guatemala, en virtud de los acuerdos firmados, para que primeramente sea decidido allí su aceptación y que, de ser positiva, pueda acceder al asilo en Estados Unidos. (Alejandro Arredondo, Jorge Agobian, VOA, 2019). Joe Biden no ha comentado claramente su posición respecto al acuerdo ”tercer país seguro”, sin embargo su programa establece como una de sus prioridades el acabar las “perjudiciales políticas de asilo de Trump”, sin explicar cómo.
  • Trump ha sido muy crítico y con intenciones de acabar con el programa “Acción Diferida para los Llegados en la Infancia” (DACA, por sus siglas en inglés), que beneficia a 650.000 jóvenes indocumentados, la mayoría de origen latinoamericano que llegaron al país cuando eran niños (conocidos como «dreamers» o «soñadores»). El conflicto llegó a la Corte Suprema en el 2017 que falló a favor de la continuidad del programa y no su eliminación. Trump, luego del fallo en su contra, desafió la decisión y su gobierno anunció que no aceptaría más solicitudes de DACA y limitaría las renovaciones. Joe Biden, que fue el impulsor del programa junto al entonces presidente Barack Obama en el año 2012, cree que “la situación con los soñadores es algo muy importante” y objeto de solución. (DW, Junio 2020)
  • La restricción de emisión de visados para ciudadanos de ciertos países ha sido otra medida que ha formado parte de las políticas migratorias implementadas por el presidente Trump, quien ha insistido en la necesidad de endurecerlas para proteger la mano de obra estadounidense, aunada a la estricta revisión de las visas de trabajo H-1B. Biden, por su parte, defiende un plan para asegurar “los valores de una nación de inmigrantes”. (“Inmigración y Latinoamérica: dos puntos de vista en las elecciones”, Antoni Belchi, Agosto 2020, VOA).
  • Desde que Trump asumió el poder, ha liderado una serie de políticas implementadas hacia Venezuela y las sanciones contra su gobierno. No ha dado un plan migratorio concreto para los venezolanos refugiados en Estados Unidos, reina la expectativa. Algunos republicanos, como Marco Rubio, junto a otros demócratas, han solicitado a mediados de este año a la Casa Blanca, evaluar la posibilidad de otorgar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los refugiados venezolanos. El llamado no ha tenido respuesta. El Comité Nacional Demócrata indicó que el apoyo a la comunidad venezolana debe comenzar en Estados Unidos con la concesión del TPS. Biden también ha asegurado que otorgará una protección por decreto a los venezolanos viviendo en Estados Unidos en situación irregular.
  • Es conveniente aclarar que el objeto del Estatus de Protección Temporal es proteger a los ciudadanos y residentes habituales de países que atraviesan condiciones extraordinarias y temporales, de la posibilidad de ser enviados de regreso a esos países si no pueden hacerlo en condiciones seguras. A diferencia del asilo, para el TPS no se requiere que la persona demuestre un temor debidamente fundado de ser perseguida.

En referencia al caso específico de Venezuela, todas estas disposiciones, junto a otras que reflejan claramente las políticas migratorias características del gobierno norteamericano, y ahora intensificadas bajo el mandato de Donald Trump, son dirigidas y afectan a la población venezolana, dado que la suspensión de visas; las trabas, restricciones y discriminación de los inmigrantes venezolanos residenciados en Estados Unidos; el trato negativo hacia los ‘soñadores’ venezolanos; etc. no son acciones contra el gobierno sino contra los gobernados. Las medidas que si son antigubernamentales, de congelamiento de cuentas en Estados Unidos, suspensión de visas, persecuciones legales internacionales, etc. contra algunos funcionarios del gobierno nacional, son medidas políticas contra el gobierno, no son políticas migratorias. En los tiempos de bonanzas en nuestro país sí fuimos relativamente bien recibidos, pero como turistas, no como inmigrantes, por obvias razones. Hoy ni siquiera existe la posibilidad de renovar, mucho menos lograr, la visa de turista. Ya lo dijo José Saramago en su libro El cuaderno en 2009: “Para Estados Unidos cualquier persona extranjera que quiera ingresar al país, sea emigrante o turista, indiferentemente de su actividad profesional, es un delincuente potencial que está obligado a probar su inocencia sin saber de qué se le acusa”.

Un nuevo capítulo se inicia en Estados Unidos con el posible gobierno demócrata, con toda seguridad las políticas migratorias darán un giro, impredecible el grado, y serán de alto efecto sobre las poblaciones latinoamericanas que a lo largo de las últimas décadas han presentado grandes flujos migratorios hacia esa nación, tendencia que probablemente continuará.


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