“A estas alturas, la conexión especial entre política y degradación del lenguaje se torna clara”, afirma George Orwell en su ensayo La política y el lenguaje inglés. En este texto, el escritor inglés demuestra que la manipulación del lenguaje permite defender lo indefendible “como la continuación del dominio británico en la India, las purgas y deportaciones rusas, el lanzamiento de las bombas atómicas en Japón”. Todo esto se puede hacer por medio de “eufemismos, peticiones de principio y vaguedades oscuras” que delata falencias en el razonamiento, porque “si el pensamiento corrompe el lenguaje, el lenguaje también puede corromper el pensamiento”.

A lo señalado por Orwell se agrega una modalidad que hemos vivido por causa de la revolución bolivariana y que consiste en vaciar de contenido el significado de los vocablos para desconectarlos de sus significantes. “Traidor a la patria” no es quien atenta contra los intereses de Venezuela sino quien marcha a contracorriente del proyecto revolucionario. A aquellos que disienten ideológicamente del modelo castrista se les acusa de ser de la “derecha”, “agentes del imperio”, “escuálidos” y así sucesivamente para buscar dividir a la población en dos sectores según las categorías schmittianas de amigo-enemigo: al primero todo; al segundo nada. El revolucionario es el dueño de la verdad, el ungido para dirigir a perpetuidad “la patria” hacia la “sociedad socialista”.

Esta división de la sociedad entre amigos-enemigos ha servido para expandir la denominada “neolengua” que lleva a identificar al “patriota” con el revolucionario chavista. Carlos Leáñez Aristimuño lo expresa con lucidez en un ensayo relevante: “Solo ellos [los chavistas] tienen la legitimidad -y la obligación- política y moral para dirigir. Es apátrida el otro. No pertenece a la patria. Merece ser pulverizado” (“Lengua para la libertad y libertad para la lengua en Venezuela”. En: La neolengua del poder en Venezuela. Caracas, Editorial Galipán, 2015, pp. 93-94). Entonces, el idioma se usa para auspiciar el odio entre los venezolanos, no para dirigir una política de Estado de largo aliento sin discriminar ni dividir.

A esta orgía de vocablos manipulados no escapa la “interpretación” jurídica. En efecto, la manipulación del lenguaje sube de tono cuando se da en el campo de las decisiones judiciales. En la jurisprudencia constitucional se suelen vaciar de contenido las palabras, como ocurre con el término “desacato”, cuyo significado, según el Diccionario panhispánico del español jurídico es: “Incumplimiento de una orden judicial de cualquier fuero, siempre que sea escrita y esté basada en la norma vigente”. Sin embargo, el concepto es forzado hasta extraer de él que la Asamblea Nacional cometió un pretendido “desacato” de manera indefinida en el tiempo futuro (algo insólito e irracional), para de esa manera despojarla de sus facultades constitucionales.

Lo mismo ocurre con la manipulación de la noción de “pueblo”, la cual puede tener significados distintos según sea el agente que lo constituye. Pueblo es un sustantivo colectivo que se refiere al “Conjunto de habitantes de un país”, como lo define María Moliner en su célebre Diccionario de uso del español. El pueblo chavista es distinto al pueblo opositor, según la definición dada por la Sala Constitucional. A pesar de que en su sentencia N° 24 del 22.01.2003, esta Sala definió pueblo como: “el conjunto de las personas del país y no una parcialidad de la población, una clase social o un pequeño poblado, y menos individualidades”, al momento de definir los integrantes del “pueblo” que recibe las dádivas de la revolución, se excluye a quienes no son seguidores del proyecto chavista. Esto sucede con el “carnet de la patria”, un instrumento que discrimina entre los venezolanos que integran esa noción amplia de pueblo, que ha sido señalado como tal por el informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Y, en tiempos de pandemia, el asunto es aún más grave cuando se pretende que, para obtener ciertos servicios médicos, hay que poseer este carnet discriminatorio. Lo mismo ocurre con la palabra “paz”: quien no está de acuerdo con la revolución bolivariana es un enemigo de la paz.

Pero el asunto se conecta también con la mentira en el discurso político. Al cambiarle el significado a los vocablos, se pasa a armar un discurso basado en la mentira, cuyo propósito es perseguir a los disidentes. El inventario de las mentiras ha construido un mensaje dirigido a despertar una serie de emociones negativas en los seguidores del socialismo del siglo XXI, fundamentadas en el odio y el resentimiento. Sin embargo, los malos hábitos son contagiosos y este estilo se ha extendido a ciertos dirigentes opositores que usan un lenguaje vago y ambiguo para generar falsas expectativas. Buen ejemplo de ello fue aquella oferta de comienzos del año 2019 de que la ayuda humanitaria ingresaría a Venezuela por la frontera colombiana. Posiblemente, había cierta creencia de que este hecho podría ser posible, pero lo ofrecido no se basaba en posibilidades políticas. Por eso se requiere de un lenguaje prudente y preciso que refleje claridad en el pensamiento al momento de exponer los objetivos estratégicos. Lo contrario es alimentar frustraciones y potenciar la demagogia.

La mentira y el lenguaje degradado ha sido muy útil para imponer un modelo que carece de respaldo popular. Este estilo no debe ser imitado por la oposición debido a que, entre otras cosas, afecta la manera de pensar y la credibilidad. Orwell lo dijo sin vacilar: “El lenguaje político -y, con variaciones, esto es verdad para todos los partidos políticos, desde los conservadores hasta los anarquistas- está diseñado para lograr que las mentiras parezcan verdades y el asesinato respetable, y para dar una apariencia de solidez al mero viento”.

 


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