Las políticas públicas aplicadas en los últimos 23 años en el país no consideraron como prioritario el atraer inversiones privadas, las cuales son realizadas por las empresas internacionales o nacionales en aquellas áreas económicas donde su inversión será productiva y de elevado potencial de crecimiento.
Las decisiones implementadas en pro de crear los estímulos necesarios para atraer a los potenciales inversionistas están sustentadas no sólo en los llamados a estimular la participación de los capitales privados, también son altamente dependientes de un ambiente que dé seguridad jurídica y a la vez se promuevan negocios rentables para lograr la participación de estos capitales foráneos y locales.
La estrategia aplicada por los distintos tipos de gobierno en todo el mundo han tenido éxito al sostener un modelo político que ha estimulado la inversión privada, permitiendo atraer elevados montos de capitales para hacer crecer su economía, lo cual ha sido muy similar para todos. Destacan las garantías otorgadas a los inversionistas al crear un marco jurídico que no limite la capacidad productiva de los proyectos a ser desarrollados, donde el Estado se convierte en un aliado para crear crecimiento económico y desarrollo social. Estas empresas crean miles de empleos bien remunerados para sostener sus actividades y a la vez contribuyen con importantes aportes tributarios, provenientes de los beneficios económicos recibidos de sus actividades productivas y comerciales. Dotan al Estado de recursos para inversiones sociales, tales como: salud, educación, seguridad, etc.
Las posibilidades de atraer inversionistas al país como estrategia para recuperar la economía y con ello mejorar la compleja coyuntura social que afecta a la gran mayoría de las familias, requiere de un cambio de política de Estado en la que a la actividad privada se le dé la necesaria seguridad jurídica para desarrollar a plenitud sus actividades y el Estado empresario defina sus objetivos económicos prioritarios, facilitando a los inversionistas privados nacionales e internacionales las áreas donde pueden llevar adelante sus actividades.
La política de Estado implementada en el país permitió al Estado empresario el control de más de 50% de la actividad económica nacional y ser el dueño de alrededor de 80% del total de los activos empresariales del país. Los resultados han sido antagónicos al interés nacional, al observarse una caída en la capacidad productiva de las empresas estatizadas y muchas de ellas que exportaban, ahora tienen que cubrir su déficit productivo con importaciones. Igualmente se observan las crecientes pérdidas de muchas de estas empresas públicas con sus consecuencias en el déficit fiscal.
Para lograr atraer inversiones y lograr un mayor desarrollo socioeconómico se requieren de urgentes cambios en la política de Estado vigente, que sigue dando prioridad a un Estado empresario que cubre casi todas las áreas de la actividad económica nacional.