Bien vale la pena hacerse la interrogante. Cabe especular, sobre todo en tiempos de históricos despojos y arrebatones. Es el riesgo de no poder cobrar un triunfo, o de la mutilación de lo alcanzado, que luego trasciende el plano de lo teórico y se convierte en una cruel realidad. Las gobernaciones y las alcaldías que pudieran obtener las “oposiciones” correrían ese mismo trance. De allí que deba tenerse prevista la respuesta adecuada que evite tener que pasar por semejantes arbitrariedades. Esto pondría a prueba esos liderazgos regionales y locales que se hayan impuesto por el voto popular el 21N.
De expoliaciones y amputaciones tenemos toda una historia con este régimen. Son estas las formas mediante las cuales se evidencia su permanente asedio a las instituciones democráticas; en este caso, cuando pretenden castrar o disminuir en su acción a esos liderazgos regionales y locales que pudieran representar una incipiente amenaza a su afán hegemónico. En el fondo, se trata de un autocrático ejercicio de centralismo que va a contrapelo del espíritu, propósito y razón de lo que al respecto establece la Constitución, la Ley sobre Elección y Remoción de los Gobernadores de Estado y todas las demás leyes que rigen la materia, en cuya normativa descentralizadora se encuentra contenido el fomento y reconocimiento a esos liderazgos regionales y locales. De manera que cercenar esos cotos y reducir a los protagonistas, constituye para el régimen un imperativo.
La descentralización devino en quimera y con ella también se vino a menos el liderazgo nacional que de alguna forma, socavado en esa base de sustentación, ya no contó con esa materia prima en el país para hacer tangibles y sustentables los logros electorales.
La secuencia de tropelías contra la institucionalidad ha sido constante y de largo aliento. En el viaje interminable de arbitrariedades en el ámbito electoral, son de enumerar: el “kino» constituyente; la mutilación y posterior desaparición de la Alcaldía Metropolitana, el absoluto control de los organismos electorales, los protectorados de las gobernaciones, la amputación de la Asamblea Nacional electa en 2015 y su posterior sustitución por una “anc” chimba que incluso la despojó de su sede; los guisos y la confesión de Smartmatic; el desconocimiento del gobernador Guanipa por no someterse a la arbitrariedad de esa “anc” chimba; el robo en descampado del triunfo de Andrés Velásquez en Bolívar, las inhabilitaciones discrecionales, entre muchas otras de alta cilindrada.
Ganar en estas elecciones podría constituir para la oposición amalgamada un extraordinario hecho que supondría la reivindicación y consolidación de esos liderazgos. Es difícil lograrlo, pero más lo será el tratar de hacerlos valer y luego darle sustentabilidad en medio de la desarticulación de las fuerzas opositoras. El asunto es tan obvio como grave.