El Estado sigue actuando sin piedad contra los derechos políticos de un pueblo con hambre y sin esperanzas. La constante amenaza a los electores para garantizar el voto en las parlamentarias ya convocadas para el 6D es una acción reprochable contra el ser humano.
Como coordinador de los derechos civiles rechazo el voto vigilado impuesto con amenazas y amedrentamiento contra un pueblo víctima de la hambruna provocada por la hiperinflación con sueldos miserables, sin gas doméstico que obliga a la gente pobre a cocinar con leña , falta de agua, fallas permanentes en el suministro de energía eléctrica, crisis sanitaria, falta de combustible, acechado por el covid-19… Es inhumano y criminal por parte del Estado, que solo piensa en la permanencia en el poder sin importarle los derechos humanos y garantías constitucionales de los ciudadanos.
Esta es la forma como se han garantizado los derechos políticos durante 20 años al pueblo, como lo afirmara el ministro de la Defensa y coordinador del Plan República, el general Padrino López, hace pocos días y el mismo que anunció hace pocos meses que mientras exista una FANB antiimperialista y revolucionaria, la oposición más nunca será poder político en este país, verbo encendido radical. La amenaza de buscarlos en sus casas y luego traerlos para verificar si hubo fidelidad al Estado opresor y violador de los derechos humanos es el sometimiento sin límites contra electores en crucifixión.
Los derechos civiles y políticos establecidos en nuestra Constitución están de adorno, se está aplicando una carta magna distinta a la que el soberano aprobó en el año 1999. Lo triste, lo grave y lamentable es el silencio cómplice de los poderes públicos. Nuestro país sigue siendo víctima de la violación sistemática de los derechos humanos por parte de un Estado superpoderoso que no tiene clemencia y piedad para obligar al pueblo a ir a unas elecciones parlamentarias y a votar a favor de los candidatos a diputados del PSUV, porque de no hacerlo les traerá consecuencias.