A principios del siglo pasado comienza la explotación petrolera en términos de importancia, impactando significativamente la economía y la vida misma de los venezolanos. A pesar de los ingentes recursos que para la joven república significó el hallazgo de promisorios pozos, igualmente, se desata el festín de las concesiones y corruptelas que enriquecieron al gobernante de turno y su entorno. El general Juan Vicente Gómez y su familia, ciertamente, disfrutaron de los réditos de la incipiente industria que ha sido, a la vez, bendición y maldición para el país; en 1914, la Caribbean Petroleum Company descubre el primer campo petrolero de importancia, Mene Grande, tras el hallazgo del pozo productor Zumaque I, alentando a otras compañías extranjeras a invertir en Venezuela. Años más tarde (1922) revienta el pozo Barroso II en las tierras de Cabimas, lanzando un chorro de 40 metros de altura y 100.000 barriles diarios, en una campaña exploratoria adelantada por la Venezuelan Oil Concessions Ltd. Ya no había dudas, el potencial de Venezuela era tremendo.
La exploración no se limitó al occidente del país desatándose, por el contrario, una fiebre por la búsqueda del preciado líquido en otras partes de nuestra geografía que alcanza a Puerto Cabello. Así, en el periódico El Estandarte, correspondiente a los meses de agosto y septiembre de 1920, pueden leerse las solicitudes de ley que hace un tal Ernesto Guzmán, domiciliado en Maracaibo, pero de tránsito en la ciudad, a los fines de que el registrador dejara constancia que determinados terrenos ejidos no eran zonas reservadas de conformidad con la Ley de Hidrocarburos y demás minerales combustibles entonces vigente, permitiéndole esto obtener del Ejecutivo los correspondientes permisos de exploración. Los terrenos a los que se contraían las solicitudes comprendían, al menos, Santa Lucía, en la jurisdicción del municipio Fraternidad, de aproximadamente 1.500 hectáreas; Gañango, en la jurisdicción del municipio Borburata, con una extensión de 500 hectáreas y Patanemo, en la jurisdicción del municipio del mismo nombre, con una extensión estimada de 1.000 hectáreas. Ignoramos si las actividades de exploración en estos terrenos se llevaron adelante, pero es muy probable que así fuera y sin éxito, pues de haber sido el caso la historia del puerto sería otra. Entonces lo que se requería era que manara de la tierra el oro negro, lo demás era simple carpintería a cargo del padrino que se tuviera.
La búsqueda iniciada en tierras porteñas durante la década de los veinte no se detiene; por aquellos tiempos el Sr. Henrique Heemsen, empresario dedicado al negocio de la jabonería y velería que giraba bajo la denominación de Frey & Ca., había solicitado a un experto extranjero el análisis de algunas muestras, luciendo prometedores los resultados, según una corta nota manuscrita en inglés que conservan sus descendientes: “Hemos hecho un análisis a dos de las muestras (N° 1 y 2) encontrando indicaciones de Petróleo, pero como estas son muestras superficiales yo no puedo brindar más detalles…”, de allí que el experto solicitaba mayor información respecto de las muestras recibidas.
Algunos hacendados locales, entre ellos el Sr. Jorge Rivas ―propietario de la próspera hacienda Santa Cruz― se reunían con este empresario para discutir posibles fórmulas de asociación, conformando una especie de sindicato para ofrecer a las compañías explotadoras inglesas o americanas la mayor cantidad de terrenos susceptibles de ser explotados. De una minuta levantada al efecto, lamentablemente sin fecha, se hace clara alusión al apoyo que brindaría al proyecto el general Juan Crisóstomo Gómez, “a quien se ha ofrecido una participación en el negocio”. Según lo discutido, el sindicato asumía los gastos de exploración, levantamiento de planos, registro, solicitud de compañías y ofrecimiento de terrenos con probabilidades de contener petróleo, etc., y siendo el caso que el terreno ofrecido tuviera realmente petróleo, el sindicato repartiría el valor que se obtenga por la concesión de explotación, en la proporción de 60% para el dueño del terreno y 40% para el sindicato.“De esos 40% ―señala la minuta― el sindicato tiene que dar una buena parte al Grl. J. C. G. otra al Dr. Guzmán, ingeniero agrimensor, quien se ocupa de dirigir las acusaciones y quien tiene mucho conocimiento y práctica por haber acusado muchas en Maracaibo, otra parte para el Dr. Rivas, otra para cubrir todos los gastos que hay y otra parte que se repartirá entre todos los socios que hayan entrado en el sindicato y que no hayan resultado tener petróleos en sus terrenos”. Claro está que los hacendados locales tenían la opción de hacer la “acusación” (aprobación de exploración/explotación por parte del Congreso Nacional), sin necesidad de entrar en el sindicato, pero como bien se explica en la minuta que hemos tenido a la vista, aquello resultaba ventajoso, primeramente, porque las compañías petroleras extranjeras daban preferencia en la negociación a quien pudiera ofrecer mayor cantidad de terrenos; y, en segundo lugar, porque a las compañías petroleras solo se le podían ofrecer terrenos aprobados por el Congreso Nacional, y “el sindicato cuenta con un buen padrino, el Grl. J. C. G. para apoyar la aprobación en el Congreso”, pues las solicitudes aisladas que se presentaban en el Congreso demoraban mucho tiempo antes de conseguir ser aprobadas.Suponemos que la constitución del sindicato o el eventual éxito del negocio se vería truncado por el asesinato de Juan Crisóstomo Gómez en junio de 1923, aunque el Sr. Henrique Heemsen sigue adelante con sus proyectos al punto de que en febrero de 1933, el Ejecutivo resuelve otorgarle una concesión para la exploración y explotación de hidrocarburos en los terrenos de La Elvira, abarcando una extensión de 3.200 hectáreas en las jurisdicciones de los municipios Unión, Fraternidad y Goaigoaza.
@PepeSabatino