El gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional reanudan este lunes en Caracas los diálogos de paz, pero Miraflores, supuesto garante en ese proceso, no ha respondido a la denuncia que el 30 de junio de 2021 presentó Javier Tarazona acerca de negocios en Venezuela entre la narcoguerrilla del ELN y figuras del régimen de Nicolás Maduro.
La denuncia del director de la ONG Fundaredes -respaldada por documentos y evidencia fotográfica- se refería por ejemplo a la relación de Ramón Rodríguez Chacín y su mujer con integrantes del comando central del ELN, y la existencia de “casas seguras” en territorio nacional para la actividad de estos cabecillas de la guerrilla en operaciones financieras presuntamente non sanctas. Pedía, entre otras cosas, que se investigara la función de la empresa Blindaje Seguridad y Protección C.A.
Pero en un país pervertido por la complicidad orgánica entre el crimen y la justicia, a Tarazona lo detuvieron poco después y lo acusaron de terrorismo, incitación al odio y traición a la patria. Su denuncia, sin embargo, ofrece pistas sobre los verdaderos motivos del arresto y sirven para explicar por qué, tras más de 500 días en prisión, el régimen chavista investigado por crímenes de lesa humanidad sigue violando el acceso al debido proceso del activista pro derechos humanos.
No hay que olvidar que a Tarazona y su ONG siguen cobrándoles además haber contribuido a conocer que el régimen de Maduro arrastró a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a la guerra de guerrillas para defender a sus aliados de las FARC en el conflicto de 2021 en Apure, donde el inepto Alto Mando Militar chavista capituló aproximadamente dos meses después frente a los rivales de Iván Márquez en el negocio de la droga.
En esa guerra de guerrillas ansiosamente buscada por los mismos que llevaron a la rendición incondicional, y a la cesión de territorio nacional al Frente Décimo de las FARC para el tráfico de drogas, hay que contextualizar para entender por qué el régimen llama “delincuente y rata” a Javier Tarazona.
La apuesta del presidente Petro al garante chavista parece temeraria si se recuerda que el encausamiento en Estados Unidos contra la conexión criminal dice que en 2015, cuando las FARC negociaban la paz con el Estado colombiano, el Cartel de los Soles desvió parte del inventario de la FANB para esa guerrilla.
La entrega de armas, municiones y lanzacohetes para las FARC de Iván Márquez (todavía protegido por Maduro) ocurrió en una base militar en Venezuela. Y quienes participaron en esa entrega -identificados y con procesos pendientes en cortes de Estados Unidos, entre ellas la del Distrito Sur de Nueva York- dejaron muy claro que se trataba del pago parcial por cocaína que la guerrilla proporcionó a miembros de esa mafia.
Las alarmas se encendieron desde hace tiempo porque se han acumulado evidencias de que el régimen chavista ingresó en una fase superior del crimen organizado, aquella en la que una porción del narcotráfico se efectúa mediante el trueque por armas. Eso contribuyó a la traición de los acuerdos de paz con las FARC y probablemente no garantice la política de paz total de la Casa de Nariño. Por eso Petro se arriesga con Maduro.