El viceministro del régimen para América Latina, de nombre Rander Peña, anuncia en su cuenta de la red X (antes la del pajarito) el inicio en Caracas de la I Reunión Binacional sobre Asuntos Consulares y Migratorios entre las autoridades de Venezuela y Colombia. Y manifiesta su disposición -faltaba menos- a abordar todos los asuntos vinculados en favor de los pueblos de ambos países. Como se trata de «vínculos» aquí va uno, que remite a un reportaje que expone las calamidades y arbitrariedades que padecen migrantes venezolanos en la ruta Necoclí-Acandí que lleva al Darién.
Se puede imaginar, dada la preocupación de Peña, que una carpeta cuyo rótulo identifique esas tres localidades estará sobre la mesa de los funcionarios que tratarán los temas consulares y migratorios entre las dos naciones. No estaría nada mal, en una suerte de aproximación a la realidad, que el encuentro binacional contemplara una visita de campo. Habría que tramitar los permisos respectivos con «el Clan del Golfo», con relación al golfo de Urabá, en cuyos bordes se encuentran Necoclí y Acandí, en los departamentos colombianos de Antioquia y Chocó. Allí no mandan, por supuesto, las autoridades venezolanas. Tampoco las colombianas. Pero el «clan» dispone de «guías turísticos» con camisetas rosadas y brazaletes iguales a los de los parques de diversión, que se encargan de todo tras los pagos correspondientes, como cuenta el reportaje aludido.
Resolver o, al menos, aliviar el tema de la migración de venezolanos supera la generosa disposición del viceministro Peña, por qué habría que abordar a profundidad y con sincero compromiso las causas que obligan a tantos compatriotas a salir del país por las rutas y con los medios que disponen. Y tal tarea compromete la esencia, si la hubiera, del régimen que manda en Venezuela. En el caso colombiano es posible, sin embargo, esperar que sus autoridades actúen con prontitud y con miras altas.
El director de Migración Colombia, Carlos Fernando García, dijo al diario El Tiempo de Bogotá que está en manos del presidente Petro un plan de acción para retomar el control en el golfo de Urabá, en lo que respecta al área antioqueña, es decir Necoclí. Según lo publicado se trata de una operación en conjunto de las fuerzas militares «para evitar que se sigan cometiendo abusos contra los migrantes -no solo venezolanos, por cierto- y toda la población».
Pero además el mandatario colombiano, que tiene siempre disposición para explicar todos los asuntos, debe cambiar su mira sobre la presencia de venezolanos en Colombia que, en su mayoría, quieren echar raíces allí y revisar, por tanto, su discurso en el sentido de que el país «se ha convertido en un centro de recepción masivo de migrantes que solo están de paso», no quieren quedarse ahí.
Las cifras con relación a los venezolanos desmienten a Petro de manera contundente. Más de 2,4 millones de compatriotas están inscritos en el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV), de los cuales a 1,9 millones le han aprobado el Permiso de Protección Temporal, según esta nota publicada en El Espectador por el periodista Txomin Las Heras, quien trabajó por muchos años en El Nacional y ahora es investigador adscrito del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y presidente de Diálogo Ciudadano.
Las Heras explica que cientos de miles de niños y adolescentes venezolanos están inscritos en centros educativos colombianos y ellos y sus padres se asociaron, en su mayoría, al sistema de salud del país vecino. Parece contradictorio, y lo es, pensar que ese comportamiento de los venezolanos se corresponde con la intención de pasar una temporada en el país». Una conclusión, que ojalá pueda variar en un tiempo próximo, es que los que están de paso son víctimas de poderes de facto al margen de la ley y quienes tienen la vocación de integrarse en la vida colombiana y echar para adelante -lo que se les niega en su país- carecen del reconocimiento que merecen como seres humanos y como vecinos.
Lo que se demanda, como lo expone el periodista e investigador venezolano, son acciones de gobierno para facilitar y acelerar la protección de los migrantes venezolanos, así como su integración económica y social. Más políticas públicas y menos «reuniones de alto nivel» como la que el régimen de Maduro propuso, por intermedio de su canciller, a Naciones Unidas: «Organizar en el país una conferencia internacional sobre los flujos migratorios internacionales». Un descaro que se burla de los casi 8 millones de venezolanos que han tenido que dejar su patria.