Comúnmente se conoce como “perpetradores” a los autores de los crímenes más graves para la humanidad. Atrocidades que superan las regulaciones sobre los derechos humanos y entran en la esfera del derecho penal internacional. En consecuencia, la responsabilidad trasciende al Estado y se convierte en individual, de las personas que ejercen el poder.
Según el Estatuto de Roma, estos graves crímenes serían:
a) El crimen de genocidio;
b) Los crímenes de lesa humanidad;
c) Los crímenes de guerra;
d) El crimen de agresión.
El reciente informe de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela, publicado en septiembre, concluyó motivos razonables para creer que han cometido crímenes de lesa humanidad en el país. La misión tuvo el mandato de investigar graves violaciones de los derechos civiles y políticos. Además, señaló a 124 funcionarios del Estado como presuntos responsables, directa o indirectamente, en los casos examinados. Es decir, 124 presuntos perpetradores que formaron o forman parte del gobierno.
El pasado 6 de octubre, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas renovó por dos años el período de acción de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela y amplió parcialmente sus facultades, en lo que significó una derrota significativa del gobierno de facto en el Consejo de Derechos Humanos, del cual forman parte. 22 países apoyaron la resolución 45/L43, entre ellos Argentina, Australia, Austria, España, Ucrania y Uruguay. Otros 22 se abstuvieron de votar y apenas 3 estuvieron en contra de continuar investigando las violaciones de derechos humanos que se cometen en Venezuela: Eritrea, Filipinas y el gobierno de Nicolás Maduro.
La resolución del Consejo estableció prorrogar el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos por un período de dos años, a fin de que pueda seguir investigando las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluida la violencia sexual y de género, cometidas desde 2014, con miras a asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas. Solicitó a la misión presentar en ese lapso informes verbales y escritos.
Los presuntos perpetradores seguirán siendo investigados, incluso de nuevos hechos que se cometan entre 2020 y 2022. La vigilancia sobre la cadena de mando del gobierno continuará, independientemente de que a la misión se le niegue la entrada al país. La justicia internacional ya echó a andar sus implacables engranajes. Es solo cuestión de tiempo.
@leeficcion