Perder tiempo en las instituciones y organismos del Estado se ha vuelto una realidad en la vida del venezolano. No hablamos siquiera de los trámites comunes, sino de diligencias y gestiones que deben hacer quienes aún apuestan por el país. Muchas veces es hasta más costoso cumplir con esos canales regulares que no hacerlo. Y como ciudadanos no solo nos hemos acostumbrado a ello, sino que además somos cómplices en su sostenimiento.
El tiempo es un recurso privado, y es valioso precisamente porque es limitado. Nadie quiere invertir muchas horas en el registro de un documento o en el mandato de un proceso legal, pero casi estamos resignados a perder una mañana o una tarde cuando nos toca hacer esos trámites. La desinformación en esas instancias, la excesiva cantidad de requisitos y las distintas oficinas implicadas son solo algunos de los factores que explican ello. Pero como nosotros sostenemos a todo el aparataje estatal con nuestros impuestos, somos nosotros quienes patrocinamos esa burocracia.
Para una empresa la situación no varía en absoluto, si además vemos que debe lidiar con cargas impositivas, con ausentismo laboral y hasta con problemas sindicales. La burocracia en los sectores económicos tampoco es algo de los últimos 20 años. Ya desde la era democrática se arrastra esa tara, propia de los gobiernos socialdemócratas y socialcristianos.
Los resultados del Índice de Burocracia 2021 preparado por Cedice Libertad son demoledores en ese sentido, y dan cuenta de las trabas que hay para el desarrollo económico. Según esa medición, una empresa debe realizar un promedio de 68 trámites por año en 18 instituciones gubernamentales. Esto se traduce en más de 1.000 horas invertidas nada más en cumplir con la burocracia. No se trata de un número menor: hablamos de más de 40 días al año que podría emplearse en algo productivo.
¿Cómo no se va a esperar que una empresa pague un gestor, o un funcionario, para que “acelere” esas operaciones? Usted seguramente conoce a alguien que ha pagado para sacar una licencia de conducir, o un pasaporte. Es exactamente el mismo caso: es más costoso hacer la gestión en términos de tiempo que en términos de dinero. Así surge la corrupción, y si queremos acabarla debemos poner fin a esos incentivos que se generan desde el propio Estado.
Claro está, la situación venezolana tampoco dista mucho de la realidad regional. Una empresa pequeña en Argentina invierte más de 700 horas al año nada más para cumplir con la burocracia. En Colombia se promedian más de 500 horas en total para realizar 47 trámites al año. Uno de los pocos países que varía es Brasil, con un promedio de más de 200 horas invertidas al año para realizar esos trámites impuestos.
El apoyo a los emprendedores, a los microempresarios y hasta a los empresarios no solo tiene que ver con acceso al crédito, con facilidades en la contratación de personal o con bajos impuestos. Aligerar esa carga burocrática también es algo necesario. Si pueden invertir su tiempo en la mejor prestación de servicios, en la innovación y en la investigación, sería más beneficioso para nosotros los consumidores.
¿Es necesario que quienes apuestan por el país deban gastar tanto tiempo en procesos o trámites públicos? ¿Son importantes esas operaciones ante el Estado? Tal vez no todas, pero es un debate que se debe tener. Seguramente muchas de esas gestiones se puedan aligerar con un recurso como el del gobierno electrónico.
Una empresa por supuesto que debe estar al día y con sus registros claros, pero no por ello tenemos que complicar su dinámica de trabajo. Imagínese usted en ese caso, como dueño de un almacén, un comercio o una cadena de tiendas. ¿Le gustaría invertir 40 días al año en oficinas del gobierno? ¿Preferiría que lo haga algún empleado, y que deje de hacer sus labores para tener que ocuparse en eso? ¿O preferiría “contratar” a algún funcionario que lo haga?
Para muchos políticos esto es incluso un negocio, tal vez no directo, pero sí para esos funcionarios que ellos mismos ingresan a los ministerios, direcciones, dependencias e instituciones públicas. Se inventan los problemas y nos venden soluciones. Pero el cómplice es uno, que lo acepta y no lo razona con sentido crítico.
Nuestro deber como ciudadanos es estar involucrados en los asuntos públicos. Estos niveles de burocracia que hay en el país no los levantamos nosotros, pero sí somos corresponsables de que todavía existan. Debemos guiar a los hacedores de políticas públicas para que estos lastres puedan solucionarse y no volver más, pero también debemos exigir funcionarios que cumplan con ello. Solo así podremos dejar de darle terreno a los incentivos para la corrupción.
@anderson2_0