La duda siempre conduce al cuestionamiento trascendental. En el caso de Hamlet el dilema estuvo centrado en el drama existencial de “ser o no ser” (To be or not to be). Pero acá, en nuestro desgarrado terruño, la disyuntiva es producida por el dislocamiento político existente que coloca al sector opositor en la situación de controvertir sobre la conveniencia de participar o no en la elección parlamentaria convocada por el írrito Consejo Nacional Electoral para el próximo 6 de diciembre.
En la conocida obra de Shakespeare Hamlet se pregunta lo siguiente: ¿Cuál es más digna acción del ánimo, sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta u oponer los brazos a este torrente de calamidades y darlas fin con atrevida resistencia? Ajustado a nuestra época, creemos que Eugenio Montejo (1938-2008), bardo y ensayista venezolano de méritos consolidados, confrontaría el acertijo de manera memorable, corta y diferente, con las primeras líneas de su poema “El hacha”, que parafraseamos así: “Quedándonos vestidos de árbol, de pie, en medio del camino, sin ver el hacha debajo de nuestra sombra”.
Lastimosamente debemos poner de lado la “terrible” finura y graciosidad poética anterior, abordando la antiestética realidad política venezolana como lo que realmente es: lucha desenfrenada y sin cuartel donde la idealidad, espiritualidad y belleza no cuentan. Además, la pelea no es entre el gobierno y un grupo opositor monolítico, sino entre aquel y una oposición que es mayoría pero está dividida.
Lo señalado con anterioridad explica que, al día de hoy, entre los opositores haya un sector minoritario que considera que se debe participar en las elecciones parlamentarias de diciembre y otro mayoritario que se inclina por lo contrario. Lo lamentable de esa situación es que una parte de esa minoría, al igual que Pilatos, tomó su resolución vendiéndole previamente el alma al Diablo. No menos preocupante es que figuras que merecen el mayor respeto, así como una institución tan relevante como lo es la Conferencia Episcopal Venezolana, defiendan –porque así lo impone el juego político y porque donde no hay política hay terror- la tesis de asistir al evento comicial a pesar de las burdas e ilegales actuaciones del gobierno de Nicolás Maduro y los poderes sumisos a él.
Para Juan Guaidó y el importante grupo de partidos que lo apoyan, la pelea por volver a la democracia y el Estado de Derecho no se ha perdido. Los signos alentadores, según ellos, están a la vista. Eso se puso de manifiesto a comienzos de este mes de agosto cuando los 27 partidos que respaldan al joven líder firmaron un comunicado en el que se acuerda no participar en el fraude electoral convocado por Maduro para el próximo 6 de diciembre. En dicho documento se hace referencia a las distintas acciones ilegales llevadas a cabo por el gobierno que justifican plenamente el proceder del grupo.
En tal sentido se destaca que, entre la elección de los diputados en diciembre de 2015 y la instalación de la legítima Asamblea Nacional, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia dictó una sentencia cautelar suspendiendo la elección parlamentaria del estado Amazonas, dejándolo así sin representación alguna. De esa forma, se impidió de manera aviesa que se conformara la mayoría calificada que le dio el pueblo de Venezuela a la oposición democrática.
Posteriormente, el mismo TSJ declaró inconstitucionalmente en desacato a la Asamblea Nacional, impidiéndole así, por vía de los hechos, ejercer plenamente las competencias constitucionales que le son propias. Más recientemente se designó írritamente como presidenta del ilegítimo Consejo Nacional Electoral, a la ciudadana Indira Alfonzo, quien fue la juez que elaboró la torcida sentencia contra la representación parlamentaria del estado Amazonas, antes indicada.
Adicionalmente, el ilegítimo TSJ, usurpando las competencias constitucionales del Parlamento, designó contra legem a los 5 rectores principales y los 10 suplentes del ente rector electoral. De ese modo se procedió a nombrar mayormente como rectores a personas leales al régimen, con lo cual se impide que los venezolanos tengamos un árbitro comicial independiente. Las marramucias han sido pues de grueso calibre y eso no se puede pasar por alto.
En razón de lo antes indicado, los partidos de la oposición exigen, entre otras importantes medidas, lo siguiente: 1) Restablecimiento del derecho al sufragio para todos los venezolanos, incluyendo a los que han tenido que emigrar. 2) Cese de las inhabilitaciones y enjuiciamiento de los dirigentes políticos y restablecimiento pleno de sus derechos a la participación política. 3) Participación plena de todos los partidos políticos; restablecimiento de sus legítimas autoridades cesadas por la írrita intervención, así como el uso de sus símbolos y colores partidistas. 4) CNE independiente, nombrado por el Comité de Postulaciones Electorales de la Asamblea Nacional, conforme a lo señalado por la Constitución Nacional y la ley. 5) Campaña electoral equitativa, con igual acceso a los medios de comunicación públicos y privados. 6) Observación electoral nacional e internacional calificada en todas las etapas del proceso y en las diversas fases del ciclo electoral. 7) Dejar sin efecto las “Normas Especiales para Elecciones a la Asamblea Nacional Período 2021-2026”, en cuenta de que el artículo 298 de la Constitución dispone que la ley que regula los procesos electorales no puede modificarse en los seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de la elección.
Sobre el anterior pronunciamiento, la Embajada de Estados Unidos apoyó la acción de los 27 partidos opositores, resaltando que los mismos “mostraron que no hay condiciones para elecciones libres y justas en Venezuela bajo Maduro”. Por su lado, la Unión Europea expresó su parecer a través de Josep Borrell, quien dijo: “Luego de mis contactos con los representantes y los dirigentes políticos venezolanos, debo concluir que en este momento no se dan las condiciones para un proceso electoral transparente, inclusivo, libre y justo”.
Tan singular escenario coloca a la oposición venezolana ante un tremendo dilema si, con las actuales condiciones, decide participar en el venidero proceso electoral. Así las cosas, la trascendental pregunta que hay que hacerse y responder es esta: ¿En beneficio del necesario juego político, todos ponemos la otra mejilla?
Mi opinión es que la decisión se adopte en sintonía con la Unión Europea, las democracias latinoamericanas que nos apoyan, Canadá y Estados Unidos. Lo contrario sería un salto al vacío.
@EddyReyesT