Por Historia, cultura e idioma, dos países hermanos como Venezuela y España deben tener en común un futuro democrático alejado del caudillismo bolivariano, sin tentaciones de autocracia absolutista ni recorte de libertades básicas. A día de hoy, España no es una República Bolivariana como Venezuela, pero la ciudadanía, la oposición y los medios de comunicación ven asombrosos parecidos con el régimen de Maduro que causan alarma social y perturban la conciencia constitucional de nuestra monarquía parlamentaria. La coalición de Gobierno formada por PSOE y Podemos no oculta sus legítimas aspiraciones republicanas, incluso a costa de simpatizar y pactar con el sedicioso separatismo rupturista que puso en jaque nuestro sistema político antes de que la Covid-19 echara una mano al proyecto político social-comunista. Y eso ha derivado en una escalada de acoso a la libertad de prensa y de expresión impropio de una democracia que se precie de serlo.
El primer decreto firmado por el Gobierno de coalición que salió de la moción de censura contra Mariano Rajoy fue el nombramiento a dedo de una Administradora Provisional Única de RTVE que dos años después sigue en el cargo a pesar de las constantes denuncias de malas prácticas informativas en la radiotelevisión pública estatal. Las críticas de la oposición por ausencia de neutralidad, la caída de audiencia con pérdida de liderazgo de los SS.II., la ausencia de un Consejo de Administración plural y la falta de control parlamentario ha sobrepasado lo aceptable en democracia hasta cambiar la fecha de un debate electoral siguiendo instrucciones del Gobierno y causando con ello un gran escándalo nacional. Tras hacer pinitos en una televisión financiada por Irán, el actual vicepresidente segundo del Gobierno de España, Pablo Iglesias, llegó a afirmar sin sonrojarse que “la existencia de medios de comunicación privados ataca la libertad de prensa”. En esta línea, una de sus más famosas confesiones de hemeroteca antes de llegar al Gobierno fue que si gobernaba la izquierda a él lo que le “gustaría es que le nombraran director de una televisión pública”. Claro que también llegó a decir que “nunca una televisión pública puede trabajar a favor de un Gobierno”, del mismo modo que en las frustradas primeras negociaciones con el PSOE de 2016 exigió el control del CNI y de RTVE.
Resulta paradójico que quienes bautizaron la Ley de Seguridad Ciudadana del Gobierno español del PP como “Ley Mordaza” hagan uso de ella en la España del coronavirus bajo el pretexto de lucha contra la pandemia global, que adoptó el lenguaje y el relato bélico en busca del enemigo que todo régimen necesita, como si Castro, Chávez y Maduro fueran las musas de su inspiración. La diferencia con Venezuela es que en Europa no se ha llegado todavía a la represión venezolana porque por ahora funciona con cierto sofoco y apuro la separación de poderes en cómplice colaboración con la crítica y el control que la prensa hace de la gestión gubernamental. Cuando bajo aviso internacional de la OMS el virus ya era una pandemia global y se exportaba de China al mundo, los socios Sánchez e Iglesias arremetieron allá por comienzos de marzo contra la prensa crítica. En otro parecido asombroso, el Presidente acusaba a los medios conservadores de “crispar a la sociedad cuando pierden las elecciones”, mientras que su vicepresidente sentenciaba que “nuestra democracia será mejor cuando los responsables políticos, policiales y mediáticos de las cloacas que trabajaron para que Podemos no llegara al Gobierno estén en la cárcel”. Un deseo en modo de seria advertencia que mostró con nítida transparencia cierto tic totalitario muy propio del pensamiento único, pareciendo todo ello una suerte de travestismo resentido de aquello que nacido como movimiento indignado mutó en casta del poder.
Desatada la lucha contra la Covid-19, el Gobierno recurrió en buena lógica al estado de alarma para hacer frente desde el mando único a una pandemia global que dejará en España más de 30.000 muertos. Con más errores que aciertos, el Gobierno SanchIglesias empezó a sentirse cómodo en la gobernanza por decreto, sin rendir cuentas al Parlamento y con un grado de poder absoluto que no se corresponde con su precaria mayoría. Como Maduro, Sánchez ha intentado la prórroga del mes perpetuo. Y es así como el pueblo español se vio confinado por el pánico y por el Gobierno hasta ser sometido a un bombardeo propagandístico permanente que derivó en una versión poco afortunada del famoso Aló Presidente que inventó Fidel, perfeccionó Chávez y heredó el grandullón Nicolás. Los fontaneros de la comunicación de Moncloa convirtieron el Palacio presidencial en un plató de televisión por el que desfilaron uniformados, expertos, ministros y ministras como concursantes de un reality con el que ganar la curación y vencer en la guerra al virus de la muerte. Durante un mes, el aparato monclovita logró controlar las preguntas que los medios hacían desde la cuarentena mediante una bochornosa elección selectiva hasta que la protesta conjunta de los profesionales, recogida de firmas incluida, forzó a regañadientes la rueda de prensa telemática que la oposición ya practicaba. Y en una nube de improvisación, contradicciones y mentiras el diccionario eufemístico de la pandemia empezó a hacer aguas en transparencia y a patinar de forma alarmante en la pista de la verdad, hasta el punto de que la CNN se sumó a los medios críticos escapados de las cloacas dejando mal a Pedro Sánchez por inflar las cifras de test y apelar a informes inexistentes como aquel de la universidad Johns Hopkins. Hace unos años, Pedro Sánchez llegó a decir que pactar con el populismo podía llevar a España “hacia la Venezuela de Chávez, la pobreza, las cartillas de racionamiento y la falta de democracia”. Pues bien, con ayuda del coronavirus y bajo su responsabilidad de gobierno tenemos la sensación de que España pierde calidad democrática mientras se forman largas colas de escasez ante los comedores sociales de la pandemia.
En otro asombroso parecido entre España y Venezuela, un general de la Guardia Civil confesó en directo ante toda España que la Benemérita trabajaba para “minimizar la crítica en las redes contra el Gobierno”. Un desliz leído de papel muy revelador que el ministro del Interior, Grande-Marlaska, calificó de “lapsus” después de reconocer que el Gobierno estaba “monitorizando la red para proteger a los ciudadanos”. Muchos se preguntaron si en vez de ciudadanos quiso decir Gobierno, lo cual apunto con la debida reserva por ser susceptible de quedar monitorizado al instante desde Madrid y Caracas. Pero por si todo esto fuera poco, el Centro de Investigaciones Sociológicas dependiente del Gobierno introdujo en uno de sus sondeos una sospechosa pregunta que colmó la paciencia política y mediática y activó todas las luces rojas de la democracia y la libertad. Su director, un viejo socialista llamado José Félix Tezanos, con aires de sabio pero propósitos de cocinero, preguntó a los españoles nada menos que lo siguiente: “¿Cree que habría que restringir y controlar las informaciones, estableciendo sólo una fuente oficial de información?”. He aquí el asombroso y peligroso parecido final de España y Venezuela, dos países hermanos que debieran tener en común un presente y un futuro alejado de la tentación bolivariana. Bien entendido que cuando pase la pandemia y honremos a nuestros muertos volverán las oscuras golondrinas de la financiación y las maletas de Barajas en reposición de aquella película previa al virus titulada en España “Paseando a Miss Delcy”.