La Asamblea Nacional es el órgano legislativo unicameral que el chavismo incorporó, junto con otras cosas, en la Constitución de 1999 para sustituir al antiguo Congreso Nacional de diputados y senadores; todo ello para acentuar los rasgos autoritarios del presidente de la República, cargo que para entonces ya desempeñaba Hugo Chávez. Esa Constitución, como se ha dicho reiteradamente, fue un traje a la medida. Hoy está en curso el proceso electoral para elegir la quinta AN del período chavista que sustituirá a la actual, invalidada ejecutivamente por contar con una absoluta mayoría opositora. Hemos escrito cuatro artículos anteriores para ratificar la inconveniencia del voto opositor en esos comicios. Los artículos, para quien tenga interés en conocer el razonamiento que nos condujo a esa convicción, son: «Votar o no votar» (Jul. 16), «Asesinato del voto» (Ago. 06), «Paradojas del proceso electoral» (Ago. 13) y «Esencia y razón del voto» (Ago. 20), todos ellos publicados en El Nacional, en su edición digital.
No solo es que el voto de la oposición debilitaría el respaldo que ella está recibiendo de las democracias occidentales que no reconocen como legítimo el proceso electoral en curso, sino que cualquier resultado surgido de ese evento sería para ella insustancial, de conformidad con la experiencia habida en las AN anteriores. La oposición, en esas Asambleas, fue siempre irrespetada, minimizada, acosada e incluso agredida brutalmente por las huestes chavistas, dentro y fuera del hemiciclo. Nunca pudieron cumplir su función. Por eso en este artículo nos referimos, no al voto, ni al proceso electoral, como lo hicimos en artículos anteriores, sino a la propia AN, y en especial a su funcionamiento, preguntándonos para qué ha servido, qué rol ha desempeñado, si ha ejercido sus funciones básicas y si vale la pena votar por ella.
Las principales atribuciones de la Asamblea Nacional, establecidas en el artículo 187 de la Constitución Nacional, son las siguientes: elaborar las leyes, ejercer funciones de control sobre el gobierno y la administración pública, discutir y aprobar el presupuesto nacional y los créditos adicionales, aprobar los lineamientos generales del plan de desarrollo económico y social de la nación, autorizar los convenios y contratos de interés nacional celebrados por el Ejecutivo, dar votos de censura al vicepresidente y a los ministros, aprobar por ley los tratados y convenios internacionales y otras funciones de menor importancia.
Un análisis imparcial de las cuatro AN electas hasta la fecha nos dicen que ninguna de ellas cumplió, ni siquiera remotamente, con sus principales atribuciones. Las tres primeras, con mayoría oficialista, dos de ellas con presencia opositora (2000/2005) y (2010/2015) y la otra sin ella (2005/2010), se limitaron a aprobar presupuestos, créditos adicionales y otras materias ordinarias. Nunca ejercieron control sobre la administración pública, nunca citaron e interrogaron al presidente y a sus ministros, nunca pidieron cuenta de nada, como lo requirió reiteradamente la bancada opositora. Peor aún, delegaron su principal función, la legislativa, en manos del presidente, tanto con Chávez como con Maduro, alegando supuestos “estados de emergencia y de guerra económica”. La inmensa mayoría de las leyes puestas en práctica durante el período chavista fueron elaboradas por estos dos presidentes y sus asesores sin intervención alguna de la Asamblea Nacional. Para ello, el oficialismo, con mayoría en las AN, anuló a la oposición con todo tipo de trabas, abusos y agresiones. Cuando por fin la oposición logró la mayoría absoluta y calificada en la AN del 2015-2020, el régimen la inhabilitó ejecutivamente. Así de simple.
Por todo lo dicho, y por mucho más que se pudiera seguir diciendo en un escrito más extenso, no es exagerado afirmar que las AN chavistas han sido solo un adorno, un bonito jarrón chino colocado como parte del decorado en el salón de sesiones del Palacio de Miraflores. Las AN del período chavista han servido para refrendar sin debates, enmiendas ni cambios, los asuntos ordinarios que le han sido enviados por el presidente, a quien siempre han reconocido como el “máximo líder de la revolución”.
Si sumamos esta historia irrefutable a las otras razones expuestas en artículos anteriores la pregunta es: ¿qué sentido tiene votar en las condiciones impuestas por el régimen, desiguales y humillantes, para elegir a un poder al que no se le permite funcionar como es debido y al que se le puede inhabilitar ejecutivamente sin que ningún otro poder público, armado o desarmado, pueda impedirlo?