Para los pobres no hay vacunas; para el Estado sí, con atención en clínicas privadas y seguros en dólares.
La FANB, altos funcionarios del Estado y poderes públicos ya están vacunados y están a salvo; mientras que el sector salud y los más vulnerables continúan en lista de espera.
La indolencia del Estado ante un pueblo que debe enfrentar cada día una crisis económica que luce indetenible, con unos servicios básicos colapsados, quedó en evidencia en la aplicación de las pocas vacunas que llegaron al país. Las dosis se utilizaron para favorecer a los privilegiados, desacatando las normas de la OMS que indican la aplicación en primer lugar al sector salud y a los más vulnerables. Una acción que constituye un desprecio a la humanidad.
Solamente un Estado sin alma y violador de los derechos humanos no se conmueve ante el crecimiento exponencial del covid-19 y la pérdida de vidas humanas que a diario ocurren en nuestro país.
¿Cuántos contagiados y fallecidos necesita el Estado para aceptar el fracaso del sistema de salud y su estrategia para combatir el covid-19?
No le basta con que el pueblo reciba unos sueldos miserables en bolívares; ahora también tiene a los venezolanos sin vacunas ni hospitales, sin las herramientas necesarias para hacerle frente a la pandemia con un tratamiento en una clínica privada, estipulado en miles de dólares. Una situación que coloca al ciudadano en un alto nivel de indefensión, que lo lleva a refugiarse en tratamientos de guarapos calientes de matas y elevar plegarias al médico de los pobres, Dr. José Gregorio Hernández.
Es urgente adquirir el mayor número de vacunas posible para hacerle frente a esta pandemia que luce indetenible y aplanar definitivamente la curva de contagios para evitar más muertes.
¡El Estado está obligado a garantizar el derecho a la vida y a la salud!, como lo establece nuestra Constitución.