Una entrevista de Bloomberg al viceministro de Finanzas ruso Sergey Storchak, publicada el último día del año 2019, revela más de lo que dice. Para comenzar, parece indicar que el funcionario daba por sentada la salida de Juan Guaidó de la presidencia de la Asamblea Nacional. ¿Cómo lo sabía? ¿Quién se lo había asegurado? ¿Cómo se justifica su inmediato respaldo a la directiva promovida por el gobierno? ¿El freno para la aplicación de las recomendaciones de los asesores rusos residía efectivamente en la Asamblea Nacional?

Lo más importante de la entrevista es, en todo caso, la promesa: “Si Guaidó no renueva su mandato, Rusia intensificará los esfuerzos para ayudar a los funcionarios de Maduro a enfrentar la crisis económica que afecta a Venezuela”. El campo de mayor interés es el petrolero. Ese es el foco principal de la asesoría rusa. “Tenemos sugerencias para erradicar las distorsiones administrativas, que permitieron que ocurrieran durante la nacionalización”, dice el viceministro ruso de Finanzas aludiendo a las medidas de Chávez en 2009 cuando decretó la nacionalización de todos los negocios ligados al petróleo, de la producción a la comercialización, incluidos los servicios de terceros. Tampoco oculta su crítica al manejo general de la economía. También a los programas sociales. “Tienen este viejo sistema que redistribuye los bienes por igual”, dice. Y añade: “Un sistema así, visto como un elemento de justicia social, en realidad profundizó la estratificación social en el país”.

¿Cómo entender este interés ruso en Venezuela? Los analistas dirán que para ampliar su poder e influencia fuera del ámbito euroasiático, pero se hace inocultable que, también y sobre todo, para hacer negocios, principalmente en la actividad petrolera, en la exportación de algunos productos agrícolas y en el suministro de armamentos. En la relación con Venezuela, Rusia no está interesada especialmente en la exportación de su modelo ni de su ideología. Se mueve por sus intereses. Su orientación es la de un capitalismo sin libertades y sin respeto por el Estado de Derecho. La obsesión de Putin tiene más que ver con el poder económico y con la capacidad de acumular poder político para influir y para sacar provecho de los conflictos. El discurso de la solidaridad llega solo hasta el cálculo de los intereses.

El gobierno de Venezuela piensa ganar un aliado, una voz que amortigüe el rechazo generalizado, que reduzca la percepción de aislamiento del país. Piensa también en el apoyo técnico de un productor de petróleo con experiencia y de un proveedor de bienes capaz de facilitar su política de reparto de dádivas, de compra de dependencias. Puede esperar que la asesoría rusa le ayude a mantener su condición de monoproductor, dependiente de las importaciones, con bodegones a granel para tranquilizar a un sector muy pequeño de la población, mientras la gran masa de venezolanos se depaupera a ojos vista, con una dolarización ficticia y anárquica que en nada ayuda al desarrollo productivo.

Lo anterior no resuelve, evidentemente, la falta de propuesta del régimen madurista que ha renunciado en los hechos a lo que consideraba posturas antes indeclinables, como los controles de precios, la defensa del bolívar y de la producción nacional, la proscripción del dólar y la limitación a las importaciones. El país espera más. Espera un modelo como el esbozado en el Plan País, fruto de un enorme esfuerzo de reflexión y conciliación de todos los sectores, una propuesta de corto y largo plazo, incluyente, abierta a las observaciones, flexible, pensada en el interés nacional, para ser realizada entre todos y para todos.

La comandita con Rusia, en todo caso, no es con el país, sino con un gobierno, y cuando los intereses se reducen a un gobierno se convierten en intereses de corto plazo. El riesgo de una relación así es naturalmente frágil y desigual, una relación en la que quien presta o invierte espera retorno a corto plazo y se asegura el cobro de la deuda, la ya adquirida y la que venga con la asesoría anunciada, una asesoría que, por cierto, no se reduce a lo económico y que compromete la independencia nacional y los derechos democráticos.

Venezuela está a tiempo todavía de liberarse de otra sumisión.

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