La decisión de la asamblea nacional constituyente de pechar con el pago de impuesto al valor agregado (IVA) a las transacciones en divisas ha traído cierta inquietud dentro de la deteriorada economía venezolana. Hasta ahora es poca la información que el régimen de Nicolás Maduro ha dado al respecto y el reglamento de la ley no ha sido publicado.

Lo primero que hay que tomar en cuenta es que el hecho de que la economía se haya dolarizado no significa que los ciudadanos estén percibiendo un mayor ingreso. No, por el contrario, el efecto de la hiperinflación trae como consecuencia que esas divisas de las que hace uso parte de la población alcancen cada día menos para adquirir la misma cantidad de productos.

No es de extrañar que una administración con pocos ingresos petroleros, sancionada y sin oportunidades de realizar un plan de inversión trate de cobrar impuesto a las transacciones que en estos momentos se están haciendo en divisas. Ante la pérdida del valor del bolívar y la escasez de efectivo, Maduro ha dado el visto bueno a esta nueva modalidad de pago, pero igualmente busca obtener un beneficio de ello.

Lo que sí extraña es que la ley ordene pagar una tasa tan alta a los bienes que se transen en divisas (entre 5% y 30%), conociendo el regulador que los precios aumentan más rápido que el ingreso de los ciudadanos.

Este entorno, sin lugar a dudas, podría conducir a la creación de una economía paralela en la que no quede registro de la operación de compra-venta. Ante esto, seguramente no faltará la intención del gobierno de fiscalizar al máximo los comercios. Pero tan pronto estas fiscalizaciones ocurran, algunos productos comenzarán a desaparecer de los anaqueles.

Si la intención de Maduro es incentivar el uso del petro, hay que ser realistas y tomar en cuenta que en un país en el que los problemas de electricidad en el interior están a la orden del día, el sistema de pagos a través de esta suerte de medio fracasará.

La cancelación de bienes y servicios con petros es una condición que sin duda se le puede imponer a algunos sectores -como ya se hizo a las líneas aéreas-, pero ¿puede hacerse en toda la economía? La respuesta es no. Requeriría de una suerte de reconversión monetaria digital total y no están dadas las condiciones.

Una economía que atraviesa una catástrofe como la venezolana no tiene el músculo para aguantar un pago de impuestos tan altos por las pocas transacciones de bienes de consumo que se hacen a diario. Esto nos lleva a pensar que quizá el ente regulador debe analizar mejor la propuesta y en el reglamento decida pechar solamente las transacciones que se hagan para compra-venta de bienes suntuarios. Esa sería la única manera de evitar que se produzca la aparición de una economía negra, paralela.

Imponer un nuevo IVA a transacciones en divisas a ciudadanos que escasamente sobreviven por sus propios medios no solo agravará más las precarias condiciones de vida en Venezuela, sino que no significará beneficio alguno a gran escala para la administración de Maduro.