Solo a una mente ausente de la realidad se le podía ocurrir inventar una solución más aberrante que la de “Pagar por no Matar”. La gracia se le atribuye a Gustavo Petro, máxima autoridad de los colombianos. El presidente se despachó en la ciudad de Buenaventura hace unas dos semanas con una propuesta por la que pasará seguramente a la historia neogranadina. Al referirse a un novedoso plan del gobierno para terminar con la delincuencia juvenil consistente en entregar a los jóvenes que delinquen un pago mensual a cambio de su compromiso de estudiar, realizar labores sociales y no infringir la ley, el mandatario dijo: “Serán miles de jóvenes a los cuales les vamos a pagar por no matar, por no participar en la violencia, por estudiar; les vamos a dar una ayuda para que entren al Sena y para entrar a la universidad».
La eficacia de un plan de desarme como el propuesto ya había sido constatada por Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá. En esa ocasión también se le ocurrió idear el plan “Jóvenes en Paz” y lo puso en marcha con 10.000 pandilleros. Solo que, resuelto como está a reproducir la experiencia a escala nacional, el mandatario ha decidido ignorar los resultados que tal abyección produjo en la capital.
Un estudio de comportamiento del delito o conducido por la Polícía Nacional entre 2012 y 2015 había comprobado que no se produjo tal reducción del índice delictivo. Por el contrario, el robo a personas se incrementó 94%, el asalto al comercio 154%, el hurto de bicicletas 104%, celulares 127%, motocicletas 62% y las lesiones a las personas crecieron 32%.
Llama la atención el simplismo de un gobierno que considera que un subsidio a la educación, que en el fondo es lo que este programa pretende, pero enunciado con palabras bien poco cuerdas, puede anunciarse de manera ramplona y pueden obviarse asuntos esenciales como el seguimiento de las ayudas, la escolarización de la población objetivo, los planes de estudio y trabajo que serán privilegiados, la rendición de cuentas de su eficacia. Dejar esta iniciativa en manos de las pandillas, que serán quienes seleccionarán a los beneficiarios, es asegurarse su fracaso.
Porque es el caso que la sociedad colombiana, demasiado consustanciada con la violencia, a aprendido a convivir con ella y termina por estar curada de espanto. La senadora María Fernanda Cabal lo señalaba en una reciente alocución en el Congreso colombiano. En el país vecino actúan, al lado de ciudadanos pacíficos, 1.300 grupos de violencia y narcotráfico. En lo que va del mandato de Petro ha habido 88 masacres, 303 muertos violentos y se ha acabado con la vida de 154 líderes regionales. En lo que va de este año 2023 han sido perpetrados 131 secuestros. La realidad es que es la violencia la que manda en un país donde el Estado ha sido sometido por la barbarie.
La Encuesta de Percepción Ciudadana de Bogotá correspondiente a 2022 señala que 37% de las personas consultadas se sienten inseguras en la ciudad capital y 73% han sido víctimas de algún delito. Aun así, 54% de la ciudadanía está de acuerdo con defenderse por cuenta propia, lo que pone de relieve la desconfianza, el desconocimiento o el desinterés por acudir a las autoridades correspondientes. Con respecto a la Policía, la mitad de los encuestados expresan su apego a la misma y el otro 50%, desfavorabilidad.
Así que pretender que con el programa “Pagar por no matar” se resuelve algo de este inenarrable caos es, además de una falacia, una irresponsabilidad mayúscula. Campañas como esta o eslóganes así son útiles para hacerse elegir, suenan originales como instrumentos de marketing político, pero no pueden convertirse en pivotes de una estrategia de batalla eficiente contra el crimen. Si a esto se le suma el empeño petrista en otorgarle estatus político a criminales guerrilleros o paramilitares al convertirlos en gestores de paz de su famosa Paz Total no se puede concluir otra cosa que el gobierno ex profeso le está dando alas a la violencia para atender al objetivo de desmantelar el Estado o para, sabrá Dios, cuales otros inconfesables propósitos.