En el tratamiento y análisis de los partidos, su surgimiento y consolidación en la Venezuela del siglo XX, no podemos obviar al Pacto de Puntofijo por ser una referencia e hito obligatorio en nuestra historia democrática, básicamente como un acuerdo fundacional de la democracia en venezolana, y en ese mismo orden de ideas en la historia moderna de los partidos políticos nacionales.
El Pacto de Puntofijo no solo constituye un episodio relevante, sino un referente histórico y político de estudio y valoración obligatoria en la fundación de la democracia en Venezuela. Permitió, sin duda alguna, fraguar las bases de funcionamiento del naciente sistema político, naturalmente edificado sobre el rol de los partidos políticos como interlocutores e intermediadores entre el Estado y la sociedad con el concurso y participación de otras instituciones.
La clave del éxito del llamado Pacto de Puntofijo estuvo en el diálogo, en minuciosas y largas conversaciones y debates que concluyeron en un sólido compromiso de las organizaciones en una política nacional de largo alcance, guiadas en un primer momento por la seguridad de que el proceso electoral y los poderes públicos que de él van a surgir respuestas a las pautas democráticas de la libertad efectiva del sufragio. Igualmente, la garantía de que el proceso electoral evite cualquier ruptura de la unidad democrática (con la debida exclusión del partido comunista por sus propias tesis programáticas) y que además sea un medio para fortalecer a los partidos, asumiendo estos sus respectivos roles en funciones de gobierno como en la oposición, estableciendo la vía electoral y democrática como único camino hacia la conquista del poder, aunado a la despersonalización del debate, la erradicación de la violencia interpartidista y la definición de normas que faciliten la formación del gobierno y de los cuerpos deliberantes, de tal manera que la sociedad venezolana se exprese y se sienta representada.
La historiografía nacional reconoce que el Pacto de Puntofijo fue un fenómeno y proyecto como la expresión más acabada de un acuerdo entre partes, entre organizaciones, grupos diversos y élites por fraguar lo que serían las bases y cimientos de la democracia naciente en Venezuela. En este destacan un fiel compromiso a la unidad, el respeto mutuo, la tolerancia, la amplitud y la cooperación en defensa del régimen democrático que se iniciaba, que tuvo su manifestación de forma categórica en la Declaración de Principios y Programa Mínimo de Gobierno de 1958.
La trascendencia de dicho acuerdo estuvo en establecer las líneas generales no solo del nuevo gobierno, sino de lo que sería posteriormente el funcionamiento de la democracia en Venezuela durante décadas, al extremo de hablarse de la llamada Cuarta República como expresión y etiqueta del período de funcionamiento del Pacto de Puntofijo desde 1958 hasta 1998, y naturalmente, vincular a este último no solo con el protagonismo de AD, COPEI y URD, sino además con el proyecto de país y sociedad, expresado en la Constitución de la República de Venezuela de 1961, que ha sido el de mayor vigencia en el país. Por lo tanto, el compromiso gestado y manifiesto de la dirigencia de los partidos AD, COPEI y URD principalmente, fue decisivo para la consolidación del régimen democrático y la estructuración del naciente sistema de partidos y del propio entramado democrático.
Tres principales elementos recogen la esencia del Pacto de Puntofijo:
- Defensa de la constitucionalidad y del derecho a gobernar conforme al resultado electoral. Las elecciones determinarán la responsabilidad en el ejercicio de los Poderes Públicos, durante el periodo constitucional 1959-1964; intervención de la fuerza contra las autoridades surgidas de las votaciones es delito contra la Patria. Todas las organizaciones políticas están obligadas a actuar en defensa de las autoridades constitucionales en caso de intentarse o producirse un golpe de Estado, aun cuando durante el transcurso de los cinco años las circunstancias de la autonomía que se reservan dichas organizaciones hayan podido colocar a cualquiera de ellas en la oposición legal y democrática al Gobierno. Se declara el cumplimiento de un deber patriótico la resistencia permanente contra cualquier situación de fuerza que pudiese surgir de un hecho subversivo y su colaboración con ella también como delito de lesa patria.
- Establecimiento de un Gobierno de Unidad Nacional. Si bien el ejercicio del poder por un partido es consecuencia legítima de una mayoría electoral, la suerte de la democracia venezolana y la estabilidad del Estado de derecho entre nosotros imponen convertir la unidad popular defensiva en gobierno unitario cuando menos por tanto tiempo como perduren los factores que amenazan el ensayo republicano iniciado el 23 de enero; el gobierno de Unidad Nacional es el camino para canalizar las energías partidistas y evitar una oposición sistemática que debilitaría el movimiento democrático. Se deja claramente sentado que ninguna de las organizaciones signatarias aspira ni acepta hegemonía en el Gabinete Ejecutivo, en el cual deben estar representadas las corrientes políticas nacionales y los sectores independientes del país, mediante una leal selección de capacidades.
- Programa Mínimo Común. Para facilitar la cooperación entre las organizaciones políticas durante el proceso electoral y su colaboración en el gobierno constitucional los partidos signatarios acuerdan concurrir a dicho proceso sosteniendo un programa mínimo común, cuya ejecución sea el punto de partida de una administración nacional patriótica y del afianzamiento de la democracia como sistema. Dicho programa se redactará por separado, sobre las bases generales, ya convenidas, y se considerará un anexo del presente acuerdo. Como este programa no excluye el derecho de las organizaciones políticas a defender otros puntos no comprendidos en él, se acuerda para estos casos la norma siguiente: ningún partido unitario incluirá en su programa particular puntos contrarios a los comunes del programa mínimo y, en todo caso, la discusión pública en los puntos no comunes se mantendrá dentro de los límites de la tolerancia y del mutuo respeto a que obligan los intereses superiores de la unidad popular y de la tregua política.
A partir del Pacto de Puntofijo, se establecieron, posteriormente, una serie de directrices y lineamientos entre las élites; estos tuvieron como rasgo distintivo conceder protagonismo a los partidos, a tal extremo y preponderancia que en el caso venezolano comenzó a hablarse de una auténtica democracia de partidos para definir un régimen basado en la presencia y acción de los partidos políticos. Miriam Kornblith, ha observado que «tanto en la práctica política como en el plano de los principios jurídicos y constitucionales, los partidos adquirieron una posición privilegiada en el sistema político venezolano. Se configuraron como organizaciones permanentes policlasistas, de alcance nacional, con estructuras internas jerárquicas, centralizadas y disciplinadas».
Sin embargo, conviene no dejar pasar por alto que anterior a la celebración del Pacto de Puntofijo, en aquel histórico 31 de octubre de 1958, se celebró en la ciudad de Nueva York, en el mes de diciembre de 1957, el llamado Pacto de Nueva York, como el acuerdo previo gestado entre los líderes de los diversos partidos políticos, desde la democracia cristiana hasta la socialdemocracia y con excepción de los comunistas. De manera que el liderato de figuras como Rafael Caldera por parte de Copei, Rómulo Betancourt por AD y Jóvito Villalba en representación de URD y la centro izquierda, fue definitorio para fraguar una declaración de unidad entre los partidos y que de forma impecable se dio finalmente en el Pacto de Puntofijo.
Una variable explicativa del éxito del acuerdo de Nueva York, y subsiguientemente del Pacto de Puntofijo, sería inequívocamente la visión y compromiso de unidad, y en ese mismo orden de ideas, la voluntad de promover una política nacional de largo alcance, que permitiera no solo la convocatoria a elecciones, sino más todavía, el respeto de los resultados y por consiguiente el nacimiento de la democracia en Venezuela.
Más aún, los firmantes del Pacto de Puntofijo tenían como antecedentes, de división y diáspora política, las confrontaciones presentes en el llamado «trienio adeco» surgidas entre los partidos que terminaron fraguando el golpe militar de noviembre de 1948. De manera que las discrepancias debían quedar atrás, y sobre todo a través del Pacto de Puntofijo se procede a institucionalizar las reglas del juego político, que servirían naturalmente de basamento del régimen democrático naciente y que daría soporte y estabilidad a la democracia en Venezuela por varias décadas.
La historia política posterior a los años cincuenta está marcada por la fundación de la democracia como régimen político y de libertades, dado que se registraron algunos intentos de democratización pero que no se consolidaron hasta bien entrados los años 60. En este sentido, es frecuente observar procesos de fundación democrática (cuando el régimen anterior incluía elementos democráticos), de consolidación democrática (cuando se da un proceso y etapa de instalación del núcleo básico de instituciones y autoridades democráticas), y de transición (cuando se da el paso de regímenes militares formales a regímenes democráticos propiamente dichos). Es decir, entenderíamos la transición como un doble proceso de retorno y de fundación que persiga en un primer lugar una consolidación, y posteriormente una profundización de la democracia.
Asimismo, la realidad nos demuestra que si bien es cierto que la forma partido fue artífice en generar los procesos antes señalados, lo cual desemboca en el retorno o fundación de la democracia en toda la región para finales de los ochenta (con excepción de Cuba), no es menos cierto que en los inicios de los años 90, los partidos políticos, por lo menos en lo que a Venezuela refiere, entrarían en una etapa y situación de anomia, descomposición, pérdida de visión y proyecto, (pierden su capacidad de agencia) y naturalmente acusan un declive pronunciado, situación esta última que se expresa en un primer momento, entre otras cosas en un desgaste notorio de su poder de convocatoria, la reducción del número de afiliados, en un segundo y consecuente momento, en un cuestionamiento cada vez mayor por parte de la ciudadanía, paralelamente al avance de nuevas figuras, lideres, y agrupaciones al margen de las formas tradicionales.
A los partidos políticos en América Latina les correspondió, a partir de los años noventa, competir con otros actores, lógicas y estilos que cautivaron en algunos países la atención de los ciudadanos y electores, que mostraban cierta saturación o fatiga con la política tradicional tutelada por el partido político. El declive de los partidos daría paso a una suerte de informalización de la política donde aparentemente había espacio para todo, para agendas diversas, y naturalmente el auge de populistas que se abrían paso en países como Bolivia, Perú, Ecuador y Venezuela. En ese mismo orden de ideas, el que los partidos acusen déficit en algunos países andinos y latinoamericanos, no implica per se hablar de una crisis terminal y generalizada de los partidos, y menos aún de los sistemas de partidos.
En nuestro hilo expositivo para explicar tanto la estabilidad como la crisis e inestabilidad del sistema político venezolano, nos ocupamos del papel ejercido y definitorio para la gobernabilidad democrática cumplido por los partidos políticos con capacidad agregativa, un liderazgo y dirigencia hábil con capacidad representativa y para establecer acuerdos entre sí y, además, un ingrediente que ha sido un factor de estabilidad como es la renta petrolera.
La tragedia venezolana (salvo excepciones) es producto de la nefasta clase política y ausencia de sólidos y modernas estructuras políticas, tanto en el gobierno como en la oposición. Tal vez la crisis y agonía de nuestra actual democracia requiera no sólo “verdaderos” políticos, serios, probos, con visión y responsables juntos a nuevas y vanguardistas partidos que no repitan los errores del pasado, e incluso volver a pensar en un gran acuerdo nacional como ocurrió después del 23 de enero de 1958.