En décadas  anteriores, en nuestro país, la sociedad civil tenía un papel preponderante. La sociedad de padres y representantes tanto en escuelas públicas como privadas representaban un conector esencial entre la comunidad y el sistema educativo. Lentamente, este rol ha sido reemplazado por unas supuestas organizaciones comunales, conformadas por activistas políticos pertenecientes al régimen, llevando a un desarrollo anormal la relación educación y sociedad. Esta relación anormal ha destruido una de las principales aristas de este proceso, impidiendo que la comunidad reciba información veraz sobre el diseño de toda la estructura educativa.

En estos momentos, el paso del aula presencial al aula virtual, precisamente, ha revelado la ineficacia de la conexión entre gobierno y sociedad civil, entendiendo este último como la olvidada sociedad de padres y representantes. Quizá en décadas anteriores, los involucrados se hubiesen sentado con los empresarios del mundo tecnológico y los funcionarios del Ministerio de Educación para intentar hacer viable la educación telemática. En nuestro país, por consabidas razones, ni siquiera las tarifas relacionadas pueden discutirse con un Estado que promueve la inflación salvaje, por ejemplo.

Inevitablemente, los gremios educativos independientes tiene por vocación fundamental la de defenderse contra ese Estado depredador. El Ministerio del Poder Popular para la Educación ha metido en el llamado sistema Patria a todo el personal docente, administrativo y obrero de los centros educativos afiliados a la Asociación Venezolana de Educación Católica (incluyendo al personal docente de las universidades aunque no es punto de este artículo), no solo faltando a la debida autonomía de las instituciones educativas, sino al propio convenio suscrito por las partes en enero próximo pasado sobre la remisión de los recursos que no son de Maduro ni de Aristóbulo, sino de todos los venezolanos y para el cumplimiento de los altos fines pautados en la  mismísima Constitución de la República. Se lleva el régimen por el medio más de 31 años consecutivos de acuerdos en la materia.

El Estado se convierte en el patrono directo desde el punto de vista económico, porque es el pagador; sin embargo, aparentemente,  no ejercerá ningún control inmediato de las estrictas relaciones educativas y laborales. Paradójicamente el pagador no es responsable directamente de su relación laboral, en cada escuela y colegio a lo largo y ancho del país, y sus empleados se convertirían, realmente, en un intermediario del ministerio, cuales funcionarios.

Con el sistema Patria, ¿dónde quedan las contrataciones colectivas y otros derechos laborales? Acá hay un inadvertido cambio en el propio marco del Derecho del Trabajo en Venezuela: jamás el instrumento ha sido discutido y  mucho menos aprobado por parlamento alguno. Por cierto, sin que sepamos todavía, cuál decreto ejecutivo o resolución ministerial le sirve de soporte, puesto que viola la propia Constitución. El tal sistema “patriótico” le concede a los ministros de Educación y de Educación Superior competencias realmente constituyentes. Pero, en última instancia, el problema no es jurídico, sino político. Y nuestros hijos y el futuro de las generaciones de relevo en el país va día a día hacia un foso sin salida. Nuestro lema: insistir, resistir y persistir, resalta su importancia en estos momentos cuando el régimen intenta arrollar la Constitución venezolana demostrando una vez más su talante antidemocrático.

@freddyamarcano

 


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