La contundencia del informe de los comisionados de la ONU resulta un relato implacable ante los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde 2014. Traerá sus debidas consecuencias con alguna inmediatez. Tal vez algunas naciones hagan más que dar sus diplomáticas declaraciones, y procedan a hacer suyas las recomendaciones de accionar penal e internacionalmente. Tal vez se produzcan otros efectos diplomáticos: rupturas de algunas otras relaciones con criminales. Mayor presión, indudablemente. Descarte de las elecciones fraudulentas y de su posible reconocimiento en la comunidad internacional. Ya no es el gigante americano que coloca valor a las cabezas de los tiranos. Es un señalamiento contundente de una Misión internacional independiente. Es la ONU vociferando el horror a la humanidad, clamando justicia.

Por centrarse los comisionados en algunos delitos de manera casi exhaustiva, se abocaron a dar cuenta de atrocidades como ajusticiamientos, detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles y degradantes, con sistemática actuación del Estado al respecto y con cargas de responsabilidad personalizada. El comunicado más eficiente de este terror que nos han infligido que internacionalmente se haya producido y difundido.

Pero las atrocidades no se detienen allí. Algunos otros atropellos a los derechos fundamentales se han venido ejecutando estos años con afectación también profunda de la población. Unos de casos aislados, como los destierros. Otros con una amplitud inusitada, como los tocantes a los derechos económicos o sociales que se han extendido hasta casi la totalidad de la ciudadanía, avanzando al punto de producir la más grande migración de venezolanos en su historia y una de las más grandes, si no la mayor en el continente. La violación flagrante y permanente de la propiedad privada se sigue generando casi a diario en nuestro territorio. Las invasiones a la intimidad de las comunicaciones, del hogar, los impedimentos a la información o la libertad de expresión son también poco mensurables. Me gustaría concentrarme en dos en esta oportunidad. Los derechos sociales, vinculados al trabajo, así como a los derechos educativos también conculcados, también mancillados produciendo efectos terroríficos entre los desvalidos habitantes. No les basta a los tiranos la ejecución de sus crímenes de lesa humanidad, sino que, como suele ocurrir, la proyección arropa a toda la sociedad y a la conciencia global.

En Venezuela estos años ha sido conculcado el derecho a la educación. No solo se ha vuelto esta más excluyente sino que ha llegado en estos momentos a su cuasi inexistencia. La lesión será profunda en los próximos años. Desde las diversas estructuras del Estado se ha acabado con la educación venezolana, hasta el punto de que la Asamblea Nacional determinó que en ese aspecto en nuestro país nos encontramos en emergencia humanitaria compleja.

En materia laboral el problema del atropello es más raigal, más evidente e inmediatamente destructivo. Es este un régimen con tendencias genocidas. Que ha buscado deliberadamente someternos por hambre, como ha ocurrido antes en la historia de la humanidad. Así que se ha ignorado profusamente la dignidad de la persona humana y se ha atentado permanente, consciente y deliberadamente contra ella para someter a la población a las necesidades políticas de la tiranía.

Al revisarlos todos con detenimiento nos topamos con que también en Venezuela, sistemáticamente, “el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad”.


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