El año se inicia en Venezuela con un nuevo salto en la escalada del asedio a la Asamblea Nacional. Este ha sido especialmente intenso desde el momento en que la oposición ganó en 2015 la mayoría calificada de escaños, y es parte del desmontaje de la separación de poderes al que tercamente ha ofrecido resistencia la representación democrática en el Poder Legislativo.

Es este el trecho más reciente de ese desmontaje que ya suma dos décadas en las que las medidas y acciones contra la autonomía de la Asamblea Nacional se fueron haciendo cada vez más indisimuladas, toscas y violentas. La importancia que para la comunidad democrática internacional tiene esta dimensión del ejercicio arbitrario del poder quedó expuesta  desde finales de 2016; entonces, la exigencia de respeto por las competencias plenas de la Asamblea Nacional fue expresamente incorporada a la agenda de los actores internacionales y no gubernamentales dispuestos a contribuir al seguimiento y solución de la crisis venezolana.

En marzo de 2017 dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que restaron facultades legislativas y de control a la Asamblea Nacional, incluso después de su revisión, provocaron reacciones internacionales críticas de inmediato. Poco después, entre mayo y julio, ante la inconstitucional convocatoria y realización de la elección de la asamblea nacional constituyente -como medida extrema en la secuencia de desconocimiento, intimidación, represión, inhabilitaciones y órdenes de arresto contra los diputados opositores, del arbitrario bloqueo a la posibilidad de un referéndum revocatorio del mandato presidencial  y en medio de masivas protestas- se multiplicaron las advertencias internacionales para disuadir al gobierno; luego de esa elección se produjeron rechazos y desconocimientos internacionales del ilegítimo cuerpo a la vez que las reafirmaciones del reconocimiento de la legitimidad y plenas competencias de la Asamblea Nacional.

Tras las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018, convocadas por la asamblea nacional constituyente y realizadas sin cumplir con los procedimientos, condiciones ni garantías necesarias, el amplio desconocimiento internacional de su convocatoria y su resultado confirió mayor importancia a la representatividad y responsabilidad política de la Asamblea Nacional; tanto más luego de la juramentación de su presidente, Juan Guaidó, como presidente encargado, como lo han confirmado desde entonces los reconocimientos y apoyos de más de medio centenar de gobiernos.

Conviene recordar esa trayectoria, que no solo describe a trazos gruesos la escalada de la ofensiva contra el Poder Legislativo y encuadra todo lo que como asamblea plural representa y defiende, sino su valor institucional para los venezolanos y ante el mundo. Sobre esto último son pertinentes dos comentarios.

Por una parte, no es casual que tras las sentencias de 2017 y en torno al intento reciente por imponer una directiva afín al régimen -sea cual sea la explicación y destino de la maniobra- se hayan mencionado los intereses de gobiernos que procuran para sus negocios con Venezuela no solo garantías económicas sino legitimidad legislativa que los proteja. Ese sería visiblemente el caso de Rusia, pero ciertamente beneficiaría también a otros socios contar con el debido procedimiento legislativo para sus contratos y acuerdos.

De la mayor importancia son, por otra parte, las declaraciones que desde el mismo 5 de enero definieron el diverso pero amplio espectro de las reacciones críticas a las medidas de intimidación, represión y violencia con las que se intentó impedir la juramentación de la junta directiva de la Asamblea Nacional. Entre ellas se encuentran las del Grupo de Lima con sus textos y las de Estados Unidos; la del alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad, Josep Borrell; el Grupo Internacional de Contacto de la UE y el Consejo Permanente de la OEA; pero también las de Uruguay, Argentina y México, sin que salvo por los muy expresos apoyos de Rusia y los muy implícitos de China haya habido respaldos a la junta ilegítimamente designada.

Finalmente, es del mayor interés leer el reciente discurso de Josep Borrell ante el Parlamento Europeo por lo que en él se manifiesta con urgencia como oportunidad de reconducción internacional ante la crisis venezolana. Tras describir el golpe parlamentario del 5 de enero y reconocer a la legítima directiva presidida por Juan Guaidó, Borrell afirma: “Una cosa es segura: necesitamos más esfuerzos concertados por toda la comunidad internacional, y los necesitamos urgentemente; el statu quo no puede mantenerse para siempre. Y es eso lo que trataremos de hacer en los próximos días, buscar un apoyo sólido de todos los actores involucrados y pedir al Grupo de Contacto que siga trabajando; el llamado proceso de Oslo también está estancado y el sufrimiento de los venezolanos y la situación política requieren que presionemos con más fuerza para lograr elecciones libres y justas, como ha sido requerido por mucho tiempo sin ningún resultado. Lo que ha ocurrido con la elección del presidente de la Asamblea Nacional es un punto de inflexión en la dinámica de una situación que requiere un compromiso más sólido”.

Este llamado de alerta describe lo peligroso del momento, expresa la voluntad de reconducir y comprende la oportunidad de hacerlo. Y lo que es oportuno internacionalmente es también una oportunidad que hay que cultivar, desde Venezuela y entre los venezolanos.

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