En Venezuela no existen las condiciones ambientales, políticas, institucionales ni técnicas para la realización de un proceso electoral que garantice el pleno ejercicio de la voluntad soberana del pueblo mediante el voto.

La presencia del covid-19 en plena etapa de expansión (tal como pronosticaron los expertos y el régimen, en un acto de voluntarismo y ceguera, se negaba a reconocer) sin que se conozca a ciencia cierta su duración, efectos y consecuencias sanitarias establece una limitación insuperable para la realización de un proceso de necesaria participación masiva y presencial del cuerpo electoral, como lo es una elección nacional con campaña electoral (por más limitada que sea) y el acto de votación.

Las últimas acciones del régimen: designación ilegal, unilateral y sesgada del CNE, la concesión al mismo de competencias para legislar sobre el sistema electoral e integración de la Asamblea Nacional (ambas de reserva legal del Parlamento de acuerdo con la Constitución vigente), la expropiación de PJ y AD y la amenaza de hacerlo con otros partidos, las recientes afirmaciones del ministro de la Defensa y comandante del Plan República y otros actos de ventajismo profundizan la desconfianza ciudadana en los procesos electorales convocados por el régimen de 2016 en adelante.

El propio CNE, de acuerdo con testimonios públicos y reservados de conocedores del tema técnico electoral, no está en condiciones de asumir la organización de unos comicios que cumplan los estándares técnicos adecuados. Se afirma que el organismo ha perdido por deserción alrededor de 60% del personal técnico; también se recuerda la desaparición de las máquinas de votación y de otros instrumentos claves para el proceso en un reciente incendio (suceso todavía no aclarado) y otras deficiencias. Hay ex rectores del cuerpo que estiman en casi un año el tiempo necesario para poner a punto al CNE.

Es verdad que existe el mandato constitucional de renovar la integración de la AN; pero también existen unas limitaciones considerables –como las arriba glosadas– que conspiran contra la legalidad, legitimidad, eficiencia y eficacia técnicas necesarias para cumplir efectivamente con el mandato.

Coincido con quienes proponen que el proceso debe ser postergado hasta que existan las condiciones adecuadas.

Desafortunadamente, eso no va a ocurrir. El chavismo está empeñado en cerrar todas las vías pacíficas, civilizadas e institucionales para salir de la crisis política. Su obsesión por, como diría Sergio Ramírez: “…la quimera del poder para siempre” y a como dé lugar, agregaríamos nosotros, sin importarle las consecuencias negativas para el país que ello ha provocado y provocará.

Ese proceso electoral que está preparando el régimen –por sus deficiencias y carencias que prostituyen y deforman el sentido participativo, liberador y plebiscitario del voto como instrumento– es rechazado por la comunidad internacional democrática: la OEA, la UE, el Grupo de Lima, el Grupo de Contacto y los Estados democráticos no miembros de los organismos mencionados. Incluso el gobierno argentino, sí, el argentino por boca de su canciller, expresó, hace unos días, que la solución en Venezuela pasa por comicios presidenciales.

Los rechazos, arriba mencionados, hacen  suponer que los resultados de tal proceso no serán avalados ni reconocidos por los Estados democráticos y por supuesto tampoco el Parlamento derivado de los mismos, como ocurrió con la constituyente y la usurpación maduriana. Con las consecuencias del caso.

Ante un contexto político como el descrito, nada tienen que hacer las fuerzas democráticas (partidos, gremios, sociedad civil y ciudadanos en general) que resistir activamente lo que es más una emboscada que una oportunidad de cambio.


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