Todo el acumulado histórico del derecho y la justicia no ha sido suficiente para que el fiscal general de la República abra una investigación objetiva con relación a las múltiples denuncias efectuadas por los habitantes de la comunidad El Garcero y Tres Bocas de la parroquia Cunaviche del estado Apure, con relación a la vulneración sistemática de sus derechos humanos, por parte del dueño del hato Merecure y sus empleados, en grave perjuicio de las personas.
El dueño del hato Merecure, Luis Alberto Bracho Valbuena, de origen zuliano, poco ha sido visto en tierras del hato. Sobre él existen denuncias de estar vinculado presuntamente a mecanismos internacionales de lavado de dinero, apareciendo señalado en varios documentos de la investigación del bufete de abogados Mossack-Fonseca de la Ciudad de Panamá, conocida popularmente como los Panama-Papers.
En abril del año 2022, en tierras del Hato Merecure, hubo el hallazgo de un submarino artesanal utilizado para el trasiego de cocaína desde Colombia hasta Venezuela, hecho que tampoco tuvo una respuesta por parte de las autoridades venezolanas.
El poder del dinero y las relaciones con sectores políticos y militares parecen ser superiores a todos los escándalos y denuncias. De Luis Bracho y el Hato Merecure, abundan los relatos en la población de San Juan de Payara sobre su relación íntima con el exalcalde del PSUV Pedro Danilo Leal y su apoyo fundamental en las elecciones internas del partido oficialista, para sumergir en el fango de la derrota al otrora poderoso e intocable Ramón Carrizález Rengifo, que aun en su abismo pudo impedir que coronaran a Pedro Leal con la candidatura del PSUV, emergiendo así el outsider de Eduardo Piñate.
El municipio Pedro Camejo posee por su geografía una relación importante con el narcotráfico internacional, que ha sido denunciada históricamente. La presencia de grupos irregulares de las FARC y el ELN, llamados por el gobierno de Nicolás Maduro “Tancoles”, no ha pasado inadvertida, ni las innumerables pistas clandestinas utilizadas por miembros de los carteles mexicanos y colombianos que han sido detenidos en la zona, dejando de manifiesta la alta exposición de los habitantes a los riesgos que implican las actividades ilegales.
Ahora bien, con todo esto de corolario, ¿cuál es el poder real del dueño del Hato Merecure para que no se realice una investigación formal por parte de las autoridades venezolanas? La población ha denunciado públicamente que, a petición del Hato Merecure, tanto empleados de ese lugar y jefes de seguridad, como funcionarios del Cicpc, la GNB, la PNB, el Sebin y la DGCIM, los han perseguido, torturados, desplazados de forma forzada de sus hogares. Son más de 150 familias afectadas, acusados de una gran red de abigeato, delito que sería irresponsable desconocer, pero que evidentemente es utilizado de perverso argumento para agredir a la población campesina despojada de todos sus derechos por poderosos vínculos con el gobierno. Ha sido público en medios de comunicación el pronunciamiento del hato debido a un robo de casi 5.000 animales, aspecto imposible de creer a manos de los campesinos de la zona.
Una acción ilegal de esta magnitud requiere que se conjuguen muchas variables, como lo son: guías de movilización por parte del INSAI, control en alcabalas de la GNB, puntos de control del ejército existentes en la zona, costos de transporte, entre otros. En consecuencia, los delitos que se expresan en contra de los habitantes y los que ellos denuncian por parte de los administradores, equipo de seguridad y el dueño del hato deben ser investigados con imparcialidad. Nunca se debe hacer justicia por propias manos, aunque el papel de algunos funcionarios de los organismos de seguridad parece de cómplices en los excesos cometidos contra la comunidad, quienes denuncian delitos de lesa humanidad. Violan la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
La narrativa expresada por Hugo Chávez de protección al campesinado por la acción violenta de los dueños de tierras también queda en el pasado. La respuesta por parte de los entes del Estado ante la acción despiadada y la violación de los derechos humanos de la población campesina ha sido el silencio.
En su mayoría, la comunidad es miembro de los consejos comunales y electores inscritos en el PSUV, partido político que se vanagloriaba de atender la lucha de los agricultores y pequeños productores, quienes desde hoy están a merced de su propia suerte bajo el azote del poder económico de quienes representan el horror y la barbarie en la zona.