Desde hace décadas las comunidades educativas venezolanas se opusieron a la ideologización de las instituciones y de sus diseños curriculares. Vencieron (con mis hijos no te metas) sistemáticamente las pretensiones del régimen. Se pasó a la ofensiva mediante la confluencia de dirigentes universitarios, tecnológicos, asociaciones educativas, sindicatos y gremios. Fue una experiencia unitaria que puso freno por algún tiempo a las pretensiones del régimen de crear una educación socialista.
Ante los hechos, el régimen cambió de táctica; poco a poco, fueron haciendo ajustes y, veinte años después, han llegado a producir tantos cambios que la educación ya no existe de la forma como ella fue concebida y que produjo significativos resultados a la sociedad venezolana. Esos ajustes han llegado a la universidad venezolana, cuyos esquemas de funcionamiento han sido afectados dada la pérdida de su autonomía, de sus objetivos, y la destrucción de su infraestructura, la cual ha sido intensa y que para su recuperación no solo se requiere de una nueva estrategia de desarrollo, ir a un modelo educativo, posmoderno, aplicar ingentes recursos extraordinarios, y un gran esfuerzo de voluntad para su reconstrucción.
Frente a la crisis país, la afectación del sistema educativo y la neutralización del paradigma universitario ha sido considerable, se ha visto claramente la reducción de su talento, favoreciendo el abandono de sus aulas, el éxodo y la paralización ayudado por el confinamiento. Lo poco que quedó del sistema se mantuvo en apariencia, sostenido por una supuesta educación a distancia que se apoya en un mecanismo usado para otros menesteres como son las videoconferencias, sumado a la ausencia de métodos, articulación académica y la deprimente red comunicacional intervenida e ineficiente. Todo se ha eclipsado y ha llegado a una situación que está afectando a toda la comunidad en sus aspectos sociales, económicos y políticos.
El objetivo central del régimen hacia el sector educativo ha sido entre muchas acciones inducir la pobreza absoluta de los profesionales de la docencia y eliminación sin misericordia de su seguridad social, razón por la cual, enorme cantidad de ellos se fueron a buscar espacios en instituciones educativas de otros países.
Nos afectan directamente, ya no somos profesores, sino trabajadores de la educación, nos catalogan como “trabajadores universitarios” y nos aplican normativas sujetas a la Ley del Estatuto de la Función Pública, y a normas reglamentarias, con la clara amenaza de aplicar la distorsionada Ley del Estatuto de Personal Directivo, Académico Docente, de Investigación de las Universidades. Así mismo, se erigen en administradores de sueldos y salarios, nos naricean al incorporarnos al llamado sistema Patria y dejan de lado a las autoridades cuentadantes que sumisamente favorecen esta acción que nos hace absolutamente dependientes del capricho oficial, e incluso, intervienen en las contrataciones, ascensos y toda la política de reclutamiento y selección profesional por otra politizada y controlada.
Avanzan en la estrategia de transformar el sistema educativo en otro, totalmente controlado verticalmente por el régimen. En el caso de la educación universitaria van construyendo una red institucional con la creación de cientos de universidades territoriales bajo su absoluto control y se perfeccionará con la aplicación de la Ley de Educación Universitaria que prevé la creación del Consejo de Transformación Universitaria, sustituyendo al Consejo Nacional de Universidades con el fin de cumplir los propósitos ideológicos del régimen, los cuales se extenderán a todas las universidades del país y, de esa manera lograr el objetivo de la participación “protagónica y originaria” de toda la comunidad universitaria, quienes “en gran asamblea, legislarán e instrumentarán al Órgano Ejecutivo”, destruyendo al Claustro y Asambleas Universitarias. Como respuesta, el sistema gremial educativo, las agrupaciones estudiantiles y núcleos de profesores han mostrado su insatisfacción, la han expresado públicamente y han tendido puentes de cooperación hacia la sociedad civil.
En el caso de la Universidad Central de Venezuela, un número grande de agrupaciones docentes, de investigación, y de personalidades, se han hecho eco de las limitaciones señaladas, han mostrado su oposición férrea a las pretensiones del régimen y, sus llamados abiertos y universitarios están sensibilizando a sus comunidades internas y externas.
Hemos visto con esperanza la convocatoria de integrar tal número de agrupaciones, debatir en diálogo abierto el tema en la búsqueda de factores comunes estimulando su reacción asomando acciones que involucran a todas las instituciones educativas, a todas las universidades nacionales, experimentales y privadas en una acción conjunta de parar los planes gubernamentales y, decir un rotundo no al proyecto de Ley de Educación Universitaria por sus efectos perversos para la universidad y al país, parar el proyecto de ley que norma los mecanismos de administración de docentes y de personal de apoyo y de llevar a cabo el control de las instituciones con designaciones de autoridades controladas, o simplemente, cooperantes del régimen. Elaborar nuestro propio reglamento de elección de autoridades frente a la decisión de sus propias autoridades de no autorizar su realización sujeta al chantaje del régimen. De formular una nueva universidad que ya no es la misma, y que no será la misma.
La comunidad universitaria pasa a la ofensiva para evitar que la universidad como ente ductor y modelador de la formación docente se convierta en entelequia y continúe hablando de sus virtudes históricas tradicionales, de celebrar aniversarios en dudosos ambientes de malestar, de coadyuvar para que la marginal pero importante tarea de limpieza y recaudación de fondos para mitigar estructuras en decadencia que han sido símbolos reclamen la verdadera responsabilidad de su estado y se logre reconstruirla.
Vamos a reclamar la liberación del país de su secuestro, la independencia del pensamiento, libertad y pluralidad, defender la vocación libre de los estudiantes de elegir las profesiones, de percibir remuneraciones que proporcionen niveles de vida adecuados, y de mantener la responsabilidad de la formación profesional, investigación científica, y contribuir con el desarrollo social, los cuales son objetivos fundamentales del quehacer universitario y que nos están siendo cercenados.
La estrategia del régimen debe ser combatida con una positiva y frontal estrategia, que requiere el concurso de los universitarios y de la sociedad civil frente al riesgo de perder definitivamente la universidad, y en general, la educación democrática.
No se puede caer en la provocación de favorecer la abulia o ignorancia para que el régimen no tenga adversarios ni mucho menos pensamiento crítico, es necesario hacerlo conjuntamente favoreciendo la integración y acción entre las instituciones educativas, estudiantes y los gremios, quienes deben ampliar sus objetivos, con la denuncia y oposición a la pérdida de la cultura, la democracia, y más allá de la defensa salarial favorecer el funcionamiento de sus instituciones en un sistema cuya acción creadora debe estar absolutamente vinculada a los requerimientos de la sociedad. Creemos la universidad del futuro en la absoluta y necesaria libertad.