Esta semana no puedo más que condenar la conducta sistemática que mantiene el Estado en contra de los derechos políticos de la ciudadanía.
La intervención de los partidos despojándoles a sus directivas, el secuestro de sus siglas y tarjetas por decisiones del TSJ sin el derecho a la defensa, las inhabilitaciones de dirigentes políticos emanadas de un ente que asume de hecho funciones del Ministerio Público y Poder Judicial, que lo convierte en un usurpador de funciones con abuso de poder ante la mirada complaciente de todos los poderes públicos, son todos hechos inaceptables en el devenir político de la nación.
Rechazo también la renuncia obligada de todos los rectores principales del CNE para conformar uno que seguro estoy no será imparcial, colocando nuevamente en riesgo la soberanía popular que reside en el voto directo y secreto. La inobservancia por parte de la justicia penal ante la violencia de grupos afectos al gobierno desatada en contra de los candidatos a las primarias de la disidencia opositora convierten al Estado en aliado de la impunidad.
Me preocupa de la misma manera la orden de activar el Plan República antes de fijar la fecha de las próximas elecciones presidenciales del año 2024. El comportamiento de este plan siempre ha sido para limitar el ejercicio del derecho al voto de los electores y servir de movilización de ciudadanos afectos al gobierno.
Insto al Estado a facilitar el camino electoral y garantizar el respeto a los derechos políticos como derecho humano establecido en nuestra Constitución y en los pactos internacionales suscritos y ratificados por el Estado venezolano.