Odebrecht volvió a ser noticia la semana pasada tras lograr que el Ministerio Público de Brasil suspendiera sorpresivamente el acuerdo de cooperación jurídica con el Perú sobre el caso Lava Jato. El corrupto gigante de la construcción (hoy llamado Novonor) alegó que hubo una “violación por parte de las autoridades peruanas del acuerdo firmado entre ambas partes”.
Independientemente de las razones que justifiquen esta suspensión o de la extraña coincidencia de que la misma se haya dado poco después de la victoria electoral de Lula, aquí hay un hecho indiscutible: nuevamente Odebrecht se ha burlado de la justicia peruana y, específicamente, del Equipo Especial Lava Jato.
Si bien fue el Ministerio Público de Brasil el que accedió a suspender la cooperación, lo hizo a pedido de Odebrecht. Entonces, aunque el fiscal Vela diga que tiene la tranquilidad de siempre haber “respetado escrupulosamente todos los acuerdos”, debe entender que tiene un acuerdo con una empresa que corrompió a cuanto funcionario pudo en cada país en el que operó. ¿Acaso pensaba que no iban a tener alguna que otra jugada legal bajo la manga? ¿Con quién cree este señor que celebró un acuerdo?
Debemos recordar la campaña mediática que durante 2018 se hizo a favor de este acuerdo, así como la participación activa que tuvieron los fiscales del Equipo Especial Lava Jato en dicha campaña. En ese momento, los peruanos fuimos bombardeados con mensajes que justificaban la necesidad de colaborar con Odebrecht y con la justicia brasileña.
Se nos dijo que con tal de obtener las pruebas definitivas para acusar y condenar a todos los políticos corruptos involucrados en el caso Lava Jato, valía la pena hacer ciertos sacrificios.
Así, aceptamos cobrarle una indemnización irrisoria y a plazos cómodos a Odebrecht, permitirles vender sus activos para que no quiebren, acusarlos únicamente por los casos que ellos mismos nos indicaron y no dejar completamente al margen de cualquier responsabilidad penal a los nefastos funcionarios de la constructora que ejecutaron y gestionaron la gigantesca operación de corrupción de funcionarios en nuestro país.
Hoy, estamos casi a finales de 2022 y, tal como explicamos hace un par de meses en esta tribuna, hasta la fecha no se ha condenado a ninguno de los imputados por los casos de corrupción comprendidos dentro del acuerdo.
Consecuencias inmediatas
Los sucesos de la semana pasada perjudican directamente el desarrollo del proceso seguido contra el expresidente Ollanta Humala y Nadine Heredia por los presuntos aportes ilícitos de campaña. Se había programado que, para el lunes 7 de noviembre, tanto Marcelo Odebrecht como Jorge Barata dieran sus declaraciones en el juicio oral por dicho proceso. Sin embargo, la incertidumbre ocasionada por la suspensión de la cooperación abre las puertas a diferentes escenarios.
En el mejor de los casos podría prorrogarse este juicio oral hasta que se arreglen los temas con el Ministerio Público de Brasil y estos últimos decidan levantar la suspensión y proseguir con la cooperación. De todas maneras, este escenario ya habría ocasionado una mayor demora en este proceso, con los costos que conlleva esto.
En otro escenario, el Poder Judicial proseguiría con el juicio oral prescindiendo de las declaraciones de Barata y Odebrecht. Esto podría perjudicar o debilitar la tesis fiscal que, en un principio, ha sido planteada teniendo en cuenta que contaría con dichas declaraciones.
Finalmente, el peor escenario sería uno en el que nuestras autoridades no puedan defenderse de las acusaciones de incumplimiento del acuerdo y que la cooperación se termine completamente.
¿Significaría esto tirar al tacho todo lo sacrificado para obtener los “beneficios del acuerdo”? ¿Hasta que punto el Equipo Especial Lava Jato cuenta con las pruebas suficientes para sostener sus acusaciones? Mucho ojo con esto.
Artículo publicado en el diario El Reporte de Perú